Trabajadores de la construcción urbanizan unas calles en la capital vizcaína este viernes, día que el Gobierno ha decidido prohibir los despidos durante la crisis del coronavirus. EFE/LUIS TEJIDO

Las organizaciones patronales CEOE y CEPYME emitieron ayer un comunicado en el que critican la medida recién adoptada por el Gobierno que prohíbe a las empresas despedir trabajadores mientras dure la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

Según el comunicado, las medidas del gobierno "serán perjudiciales para el equilibrio económico, la salud de las cuentas públicas, aumentando considerablemente el déficit, y reducirán de forma importante la confianza de los inversores, que son fundamentales para la estabilidad financiera y la recuperación económica de este país".

Sin embargo, en su comunicado no se da ni una sola razón que justifique este augurio. Ni una sola. Ni una. Se limita a decir que el gobierno "trata de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".

Es lamentable decirlo, pero de esa forma, criticando sin argumentos, la patronal española demuestra su irresponsabilidad e incompetencia para defender los intereses de las empresas españolas en su conjunto.

Es una irresponsabilidad hacer pública una crítica de ese tipo, tan radical y negativa porque, sin aportar razón alguna que justifique lo que se afirma, sólo se genera temor, incertidumbre y pesimismo entre el empresariado. Con su declaración lo único que consigue la patronal española es crear un clima económico y social todavía más desfavorable para las empresas y, en consecuencia, que muchos empresarios se planteen tirar la toalla cuanto antes.

Es una irresponsabilidad que la patronal española no se de cuenta de que ahora no hay un problema económico más importante para España que evitar el colapso y que eso pasa por garantizar que no cierren las miles de empresas que, sin la ayuda del Estado, no podrían hacer frente a sus costes y gastos cuando la actividad económica está obligadamente paralizada para evitar la propagación del virus.

El gobierno está tomando medidas para que el Estado garantice la vida de las empresas en este periodo de ausencia total de ingresos para muchísimas de ellas, mediante los ERTE, haciéndose cargo de los salarios que lógicamente no van a poder pagar las empresas, permitiéndoles retrasar pagos fiscales, con otras medidas de apoyo directo, o avalando los préstamos que reciban de la banca para hacer frente de la manera más inmediata posible a las consecuencias de la paralización forzosa de su actividad.

Estas medidas van a suponer un coste extraordinario para al Estado, que tendrá que endeudarse para sufragarlo, pero todos sabemos que esto es imprescindible para salvar a las empresas y los empleos que crean, proporcionándole ingresos a millones de trabajadores españoles. Y siendo así, es una vergonzosa irresponsabilidad que, cuando el gobierno y los españoles nos estamos disponiendo a asumir una carga adicional para ayudar a nuestras empresas, los dirigentes de la patronal critiquen al gobierno diciendo que esas medidas van a subir el déficit. Hay que ser muy irresponsable o tener muy poca vergüenza para criticar eso.

Como he explicado en artículos anteriores, y creo que en esto coincidimos economistas de todas las tendencias ideológicas que seamos mínimamente sensatos, ahora nos nos queda más remedio que sacar dinero de donde sea para mantener a las empresas "congeladas", hibernadas, o "en coma inducido", como dice mi colega José Ignacio Castillo, para que no cierren en esta fase en la que el confinamiento paraliza una parte tan grande de la actividad económica. Podemos diferir en la forma en que eso se puede conseguir, pero yo al menos me atrevería a decir que cualquier vía sería buena con tal de que las empresas no cierren en esta fase inmediata de inactividad y que las todas las familias puedan seguir haciendo frente a sus gastos esenciales (entre otras cosas, porque esos gastos son ingresos de las empresas, que dejarían de recibirlos si las finanzas familiares colapsan).

A la salida de esta primera fase de inactividad habrá que ver los daños y cómo reactivamos la economía de la mejor y más rápida forma posible, pero si para entonces han cerrado miles de empresas ya no habrá nada que resolver, iremos de boca a una depresión quizá sin precedentes en nuestra historia.

Ese comunicado de la patronal es, por tanto, muy irresponsable. Ataca a la mano que da de comer a las empresas que dice defender, justo en los momentos económicos más difíciles que haya podido vivir el empresariado español en nuestra era. Porque la anterior crisis fue muy dura, pero se manifestó a lo largo de algún tiempo, mientras que esta es un shock de impacto inmediato y total.

La medida que ha adoptado el gobierno español sobre despidos no es solo nuestra. La han tomado otros países como Italia o Dinamarca y con algo menos de contundencia Francia o el Reino Unido, tal y como Adoración Guamán y yo mismo explicábamos ayer en otro artículo.

Por tanto, es una temeridad, o una simple e inaceptable maldad, decir que el gobierno trata de arrojar sospechas sobre el empresariado. No. Simplemente hace lo que tiene obligación de hacer: evitar que en medio de una emergencia sanitaria y económica se produzcan comportamientos oportunistas que lleven a disfrutar de ayudas del Estado mientras que se destruye empleo injustificadamente.

Hay miles de empresas y empresarios que están haciendo frente a la situación con enorme responsabilidad, con gran valentía, con estrategia, con inteligencia y hasta con patriotismo, haciendo gala de una generosidad y de una capacidad de sacrificio que cuando todo esto pase se debería de poner como ejemplo al resto de los españoles. Pero como también puede haber algunas empresas tentadas de actuar con oportunismo, el gobierno tiene la obligación de impedirlo con la medida que acaba de aprobar.

Si el Estado asume en una parte tan considerable de los costes de las empresas (insisto, la que haga falta para que no tengan que cerrar), no debe haber razón alguna para que una empresa despida trabajadores, salvo casos excepcionales, lógicamente. Debe dejar en suspenso la relación laboral, de eso se trata, y esperar a que la situación de inactividad concluya. Pero si no se hace así, si ahora se deja que se pierda injustificadamente el empleo, se producirá el mismo efecto que si el Estado no interviene garantizando la vida de las empresas: a la vuelta, dentro de unas pocas semanas, nuestro tejido empresarial será un desierto e iremos sin remedio al desastre.

La patronal demuestra una vez más que no sabe defender los intereses de la inmensa mayoría de las empresas. En lugar de atacar al gobierno sin aportar, repito, ni un sólo argumento, tendría que estar pidiendo que se extienda la intervención para que el gobierno proporcione la mayor garantía posible a las empresas, para que queden a salvo con total seguridad durante el periodo de inactividad. Cueste lo que cueste y sea como sea.

No hace falta ser un lince de las finanzas para saber que una operación de salvamento tan grande como la que es absolutamente imprescindible para evitar que docenas de miles de empresas españolas cierren por el confinamiento es muy, muy costosa. Es evidente que nuestra deuda va a aumentar por esa causa, sobre todo, cuando países como Alemania y Holanda se niegan a que Europa de una respuesta mancomunada al problema. Pero la alternativa es el colapso. No hay más remedio que asumir el coste de salvar a las empresas y a las familias porque el de no hacerlo sería muchísimo más elevado.

No me importa repetirlo, si no asumimos ahora todo el gasto necesario para salvar a las empresas y a los hogares vamos a ir a una catástrofe sin precedentes.

El gobierno está dando pasos en esa dirección, aunque no estén siendo tan rápidos como a mi me parece que tendrían que haber sido ni tan largos como creo que debieran ser (por ejemplo, creo que es una barbaridad que no se haya contemplado qué hacer con los despidos que ya se han producido y espero que eso se resuelva con urgencia). Lo que debería hacer la patronal es arrimar el hombro e incluso animar y apoyar al gobierno para que vaya todo lo lejos que se deba ir para que ni una sola empresa desaparezca en este periodo.

A la salida, como he dicho, será el momento de reclamar nuevos planes de estímulo y de reactivación y de criticar todo lo que haya que criticar. Ahora se trata simplemente de impedir que todo se venga abajo.

No parece que los dirigentes de la patronal sientan como los empresarios y empresarias de a pie. Lo que estos necesitan es que les llegue cuanto antes la ayuda y que el gobierno se haga cargo enseguida de una parte suficiente de sus gastos mientras dure la inactividad. En lugar de ayudar para conseguirles eso, la patronal se dedica a hacer retórica ideológica y a apuntarse al carro de quienes sólo tratan de aprovechar la ocasión para debilitar al gobierno.

Hay que dedicarse (y sobre todo la patronal) a ayudar a las empresas españolas y a las familias y no a echar más leña en el fuego de la política española.