ÓSCAR CELADOR

Profesor de Derecho Eclesiástico del Estado y de Libertades Públicas

Troy Davis, de raza negra, acaba de engrosar la lista de ajusticiados con la pena de muerte en Estados Unidos, porque un tribunal le declaró culpable del asesinato de un policía blanco en 1989. La pena capital sólo puede imponerse en Estados Unidos cuando no existe “ninguna duda razonable sobre la culpabilidad” del acusado; sin embargo, la aparición de nuevos indicios y pruebas aportados por la defensa 20 años después del enjuiciamiento de los hechos, y la paralela suspensión de la ejecución en varias ocasiones al más puro estilo de las películas de Hollywood, han reavivado el debate sobre la pena de muerte en el seno de la sociedad estadounidense.

Una de las principales señas de identidad de las sociedades democráticas civilizadas es la prohibición expresa de la pena de muerte, e incluso este es un requisito imprescindible para poder formar parte de numerosas instituciones internacionales, como el Consejo de Europa o la Unión Europea. En esta línea, desde su creación, la ONU ha adoptado numerosas resoluciones pidiendo a sus miembros la derogación de la pena de muerte; de ahí que sea incongruente que Estados Unidos ocupe un papel tan privilegiado en esta institución, o que lidere diversas cruzadas internacionales alegando una hipotética defensa de los derechos humanos mientras que, por ejemplo, por ahondar en el esperpento, el año pasado un preso condenado a la pena capital fue ejecutado a tiros por un pelotón de fusilamiento en el Estado de Utah.

El señor Davis forma parte de la estadística que indica que, pese a que la minoría de raza negra apenas representa un 13% del total de la población de Estados Unidos, algo más del 40% de los presos del corredor de la muerte son negros. Ahora bien, lo que no explican las estadísticas es que la diferencia entre ser declarado culpable o inocente en muchos supuestos depende de la capacidad económica de los imputados para rodearse de una pléyade de abogados que estudien milimétricamente su caso y encuentren resquicios en el sistema legal, y casualmente un elevado porcentaje de los condenados a la pena de muerte en la primera potencia mundial, además de ser negros, pertenecían a las clases sociales más marginales y desfavorecidas.