José Francisco Bellod Redondo

Profesor de la Universidad de Murcia

bellodredondo@yahoo.com

Nuestro sistema público de pensiones está en deconstrucción, al igual que buena parte de los sistemas europeos. Las sucesivas reformas perpetradas por los gobiernos burgueses en los últimos 30 años nos abocan a un futuro de pensiones precarias y pensionistas empobrecidos: según estimaciones de la propia Comisión Europea, en 2030 un ciudadano con un salario de 1000 € recibirá una pensión 606 €, en 2060 será de sólo 486 €. El problema, por tanto, no es si las pensiones se podrán pagar el mes que viene: el problema es que las pensiones públicas del futuro, caso de existir, no van a permitir una vida digna después de años de duro trabajo.

La estructura legal de nuestro sistema de pensiones es el resultado de reformas que siempre han tenido como argumento (excusa más bien) evitar la quiebra de la Seguridad Social: primero se elevó de 10 a 15 años el periodo mínimo de cotización para acceder a pensión (1985), después la edad de jubilación de 65 a 67 años (2011), finalmente (¿finalmente?) Rajoy introdujo el “factor de sostenibilidad” y se eliminó la revalorización automática de las pensiones (2013). A ello hay que sumar las reformas laborales: precarizar el empleo y otorgar más poder a los empresarios en perjuicio de los trabajadores, se traduce en salarios reales menores y mayor dificultad para cotizar. Todas estas reformas han endurecido el acceso a una pensión contributiva y dan lugar a pensiones inferiores a las que disfrutarían los trabajadores de no haberse recortado el sistema.

Y siempre pasa lo mismo: ninguna reforma es la última, siempre hay un nuevo recorte en el horizonte. Porque el objetivo de fondo es acabar con el sistema público de pensiones, lo cual procuraría un doble beneficio al capital. El más evidente: promocionar el negocio de los sistemas privados de pensiones y lograr que, en última instancia, las cotizaciones gestionadas actualmente por la Seguridad Social lo sean por agencias privadas propiedad del oligopolio bancario…dar más dinero fresco a la banca para especular en los mercados financieros. Desde luego los planes privados de pensiones no son una solución para la mayoría de población trabajadora: si con un salario medio bruto en España de 12´84 €/hora apenas se puede ahorrar a final de mes ¿qué dinero podrían destinar los trabajadores a dichos planes? ¿de qué sirven a la mayoría de población mileurista? ¿ y para qué? ¿para que inviertan el ahorro de los trabajadores en acciones que, como las de Bankia, pasaron un buen día de valer 40 € a no valer nada o en participaciones preferentes?

Menos evidente pero de mayor calado es el objetivo de debilitar el poder negociador de la clase trabajadora: sin pensiones garantizadas, los trabajadores serán ciudadanos (aún más) temerosos ante el futuro, incapaces de movilizarse en defensa de sus intereses, incapaces de perder un solo día de cotización para hacer una huelga, obligados a trabajar (o a formar parte del “ejército industrial de reserva”) hasta el fin de sus días. Se trata de desmantelar el “consenso keynesiano” sobre el que se reconstruyó Europa tras la II Guerra Mundial (políticas de pleno empleo y amplios servicios públicos redistribuidores de renta y riqueza), diseño que ha estado en el ojo de mira de los promotores del “Consenso de Washington”, y cuya filosofía ha impregnado las políticas económicas de los partidos burgueses desde los años 80 hasta hoy: el capital quiere que lleguemos a los 65 años (o a los 67, o a los 70…) dóciles y pobres.

Por supuesto el gobierno actual, como los anteriores, puede esgrimir cifras bastante precisas y objetivas en defensa de sus reformas antisociales. Pero lo que no es nada objetivo es la interpretación que se hace de ellas. Es cierto que la Seguridad Social cerró 2016 con un déficit equivalente al 1´7% pero ¿por eso no se pueden pagar las pensiones? ¿a quién escandaliza un déficit tan exiguo como el de la Seguridad Social? Al fin y al cabo las Administraciones Públicas cerraron 2009 con un déficit del 11% del PIB, en 2010 del 9´4%, en 2011 del 9´6%, en 2012 del 9´5%... y se financió. ¿No se puede financiar un déficit del 1´7% o es que depende de a quién vaya destinado el dinero? Recordemos que buena parte del déficit de aquellos años se debió al rescate bancario y a las políticas de austeridad. No es que el déficit de la Seguridad Social sea elevado: la clave radica en si los trabajadores tienen o no la misma capacidad de presión que la banca para que el Estado ponga el Presupuesto a su servicio. A tenor de los sucesivos recortes de pensiones parece más bien que no.

Y aquí un inciso. El lenguaje no es nada inocente, está cargado de ideología: la etiqueta “déficit” tiene obvias connotaciones negativas, evoca la idea de “ineficiencia”, algo indeseable… ¿por qué se habla de “déficit” de la Seguridad Social y no de otros organismos del Estado? ¿Cuál es el déficit de la Casa Real o del Tribunal Constitucional? ¿Y del Ministerio de Defensa?

Las políticas de austeridad implementadas desde el comienzo de la crisis tampoco ayudan: los recortes presupuestarios y una política monetaria mal diseñada que inyecta dinero a coste 0 a la banca pero reduce el crédito a familias y pequeñas empresas ha provocado que entre 2012 y 2016 (y aun hoy) nuestro PIB sea sistemáticamente inferior a nuestro PIB potencial: producimos mucha menos riqueza de la que podríamos disfrutar si no hubiese mano de obra desempleada e instalaciones ociosas. Concretamente en estos años hemos dejado de producir bienes y servicios por importe de 196.119 millones de euros, dinero más que suficiente para cubrir 10 veces el déficit que la Seguridad Social tuvo en 2016. Para evitar que esto siga sucediendo se requiere poner en marcha políticas de pleno empleo (el sistema capitalista, por sí solo, no genera automáticamente pleno empleo) y esas políticas son tan detestables para la burguesía como el propio sistema público de pensiones.

Pero además, invocar el déficit de la Seguridad Social, es decir, la insuficiencia de las cotizaciones sociales, como obstáculo para el pago de las pensiones resulta falaz: ¿por qué hay que pagar las pensiones con cotizaciones sociales? ¿por qué no con impuestos? Lo que realmente deberíamos plantearnos es el nivel de vida que queremos dar a esa fracción de la población que integra la Tercera Edad, preguntarnos si somos o no capaces de generar un PIB suficientemente grande como para financiar ese nivel de vida y a partir de ahí elegir la herramienta óptima (quizá cotizaciones, quizá impuestos, quizá una combinación ambos) para detraer riqueza y hacerla fluir hacia el sistema público de pensiones.

Nos equivocamos si del sistema público de pensiones sólo vemos la cáscara: un servicio público, un organismo incrustado en la estructura del Estado. Si los sistemas públicos de pensiones están ahí es como resultado de la presión que los trabajadores ejercieron un día frente al capital, presión que se articuló a través de sindicatos y partidos de izquierda. Las pensiones públicas son una conquista obrera, al igual que la jornada de 8 horas, el descanso semanal…Y como todas esas conquistas seguirán ahí mientras sus beneficiarios (presentes y futuros) sean capaces de presionar para que así sea frente a quienes llevan 30 años deconstruyéndolas.