RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Hace unos años, Vladimir Putin, molesto porque algunos países de la Unión Europea le afeaban sus demasías en Chechenia o algún otro lugar del Cáucaso, recomendó a España que prestara más atención a la corrupción rampante en su Gobierno local. Una advertencia cargada de sentido ya que, desde entonces, esa corrupción no ha hecho sino extenderse hasta alcanzar los niveles autonómicos. El caso Gürtel afecta en pleno a los gobiernos de las comunidades de Madrid y Valencia, con ramificaciones en la de Castilla y León. El caso Palau al de la de Catalunya. Por no hablar del de Matas en las Illes Balears. Por supuesto, allí en donde sobreviven, las diputaciones también dan que hablar, la de Castellón del señor Fabra y la de Alicante.

Una de las varias definiciones de democracia, y muy extendida, es la que la identifica con la rendición de cuentas de los cargos públicos. Sin embargo, en las comunidades afectadas de la derecha, estos cargos evitan rendir cuentas argumentando que los asuntos de que se trata, Fundescam en Madrid, el caso Brugal en Valencia y el Gürtel en todas partes, están sub iúdice. Aguirre y Camps presumen de transparencia pero su gestión es opaca, torpedea la labor de control de la oposición y no coadyuva al esclarecimiento de los hechos.

En la era de internet la transparencia es cosa sencilla. Basta con que los gobiernos cuelguen en la red sus operaciones mercantiles, su gestión económica, su contabilidad entera para escrutinio público y universal. Lo que no sea eso es trampantojo, mistificación y retórica.

Mientras se dé esta disonancia entre el decir y el hacer seguirá habiendo una relación perversa entre la política y la corrupción. Para no rendir cuentas públicas, los cargos y dirigentes afectados pretextan el respeto debido a la acción de la justicia. Al propio tiempo, los diputados de la derecha la denigran y dan armas a los corruptos al calificar, como hace Rafael Hernando, los procedimientos en marcha con sus trámites, y garantías de meros “informes” que redacta un “camarilla político-mediático-policial” en contra del PP. Sostener sin pruebas que el Estado de derecho se emplea con fines de persecución política, que España sea un “Estado policial”, en impertinente expresión de Dolores Cospedal, equivale a amparar a presuntos delincuentes. No cabe hacer política democrática perdiendo continuamente los papeles.