La estrategia del independentismo pudo resultar en algún momento torpe y estrafalaria y el propio Puigdemont un personaje sin sal, entre crudo y poco hecho. Pero a medida que ha ido pasando el tiempo, la cocción ha ido ligando las salsas y, más allá de divergencias internas y palinodias judiciales, hay que reconocer que la famosa batalla por el relato se inclina de su lado. El soberanismo catalán está en la sopa, en los carnavales, en las cancillerías, en la prensa internacional y próximamente también en la ONU, a cuyo comité de derechos humanos piensa dirigirse el ‘exiliado’ president para denunciar la persecución del Estado español. Que el Gobierno se atribuya el mérito de su renuncia “provisional” a ser investido, perfectamente planificada por otro lado, es si acaso un enorme eructo con el que trata de aliviarse del empacho.

Aunque quizás lo fuera en algún momento, el objetivo actual del independentismo no es la independencia ni la proclamación de la República sino poner de manifiesto las contradicciones del sistema y cepillar, como lo haría un carpintero, el barniz democrático de unas instituciones que empiezan a mostrar su madera en crudo y su vulnerabilidad ante los elementos y la carcoma. La legalidad no puede defenderse con artimañas.

Ya le pasó al Tribunal Constitucional que, forzado a un contorsionismo insano en magistrados tan poco flexibles, pasó de ser intérprete de la Constitución a taquígrafo del Ejecutivo, estableciendo unas medidas cautelares para la investidura de Puigdemont con las que sortear la pretendida impugnación de un acto no consumado. Y no deja de pasarle al Tribunal Supremo, que sigue traspasando las fronteras del Derecho para adentrarse en el pantanoso terreno de la estratagema.

Una vez que se confirme la candidatura de Jordi Sánchez a la presidencia, y el juez instructor le prohíba salir de la cárcel para ser investido en abierta contradicción con la propia doctrina del Tribunal, se pondrá de manifiesto que no es el Parlament sino un señor con toga el que decide quién se sienta en el sillón de la Generalitat. Y finalmente será el Estado español el que quedará marcado cuando el asunto llegue al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y, casi con toda probabilidad, sentencie que no se pueden vulnerar los derechos políticos de quien no ha sido condenado porque goza, aun en prisión preventiva, de presunción de inocencia.

Igual pasará con Jordi Turull, ahora en libertad, al que se ha reservado el tercer lugar en la lista, y que podrá ser president al menos unos meses hasta la sentencia, o unos días si el magistrado le aplica el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite la inhabilitación de cargos públicos contra los que se haya dictado un auto de procesamiento e incurra en un presunto delito de rebelión. Este es el juego de unos y otros. Al sur del Ebro será fácil hablar de la perversa estrategia del independentismo y su fingido victimismo, aunque al norte de esa misma raya será difícil desmontar la tesis de que todo ha valido, incluido el uso de la Justicia como brazo armado, para ganar una guerra en la que no se hacen prisioneros. Esa es la imagen que quedará de la democracia española.

A los independentistas caben hacerles múltiples reproches, denunciar sus requiebros a la ley o sus flagrantes transgresiones, y recordarles que su apropiación del sentir de un pueblo pese a representar algo menos de la mitad de los votos es algo más que indebida. Se les puede culpar de tacticismo, de anteponer sus intereses partidistas a los generales, y de despreciar a una ciudadanía que sigue sin saber cuál es su programa de gobierno y que no vive sólo de pan y días históricos. Nadie dijo que fueran espíritus puros.

Puigdemont no es Napoleón pero la torpeza del Gobierno le ha dado la victoria en Waterloo, donde será entronizado al frente de un Consell de la República todo lo virtual que se quiera pero altamente simbólico. La cirugía del artículo 155 se ha demostrado inservible. El grano en el culo es ya una pústula altamente infecciosa.