Los últimos movimientos sobre el conflicto catalán que hemos conocido en estos días de campaña parecerían las piezas de un maquiavélico plan, si no fuera porque es difícil creer que algo tan sutil y elaborado haya surgido de los estrategas que rodean a Pedro Sánchez, especialmente del vendedor de crecepelo que tiene en Moncloa para llevarle el maletín en los debates. Supongamos, por tanto, que todo es fruto del azar, una serie de casualidades que han ido encajando como las teselas de un mosaico.

Para construir el puzle es necesario partir de varias premisas iniciales, tal que estas: la mano dura en Cataluña da votos en el resto de España, una actuación desproporcionada en Cataluña resta votos allí, la violencia debilita al independentismo, no es posible abordar el problema catalán con políticos en la cárcel, ni tampoco se puede plantear nada sin estar en el Gobierno, para lo que es preciso que te voten en Barcelona y en Badajoz. En resumen, hay que ganar las elecciones y gobernar, pero para hacerlo no se puede ceder ante el independentismo ni reaccionar con excesos a la tensión en las calles, y, al mismo tiempo, hay que facilitar las condiciones para que el diálogo sea posible sin que parezcan concesiones.

Empecemos por la dureza, que fue la primera actitud del candidato socialista ante la previsible tensión que desencadenaría la sentencia a los líderes del procés. Su “no me temblará la mano” incluía –o no descartaba- la posibilidad de recurrir de nuevo al artículo 155 de la Constitución o aplicar la ley de Seguridad Nacional, que era lo que se le pedía insistentemente desde la derecha. El temporal inicial amainó sin que se tomaran medidas extraordinarias más allá del envío de numerosos efectivos policiales a Cataluña, y ni siquiera fue necesario que la Guardia Civil colaborara en el dispositivo. En definitiva, se fue severo en las formas y se obró con relativa mesura, más allá de algún exceso policial amplificado desde las instituciones catalanas.

La violencia desatada en las calles y el bloqueo de infraestructuras básicas como aeropuertos y estaciones ha jugado en contra del movimiento independentista, que hasta ese momento había presumido de su condición pacífica y cívica. Varios de sus líderes lo criticaron y alguno hasta sufrió el rechazo popular y recibió insultos en las concentraciones.

La prueba del nueve de dicha violencia fue la detención de los miembros de uno de los comités de defensa de la República (CDR), tan extremistas como idiotas, porque sus planes de asaltar el Parlament, encerrarse allí una semana con Torra, inmovilizar uno a uno a los mossos que se hallaran dentro con bridas y, en general, toda esa conspiración suya salpicada de nombres en clave como Lisa y Gandalf para referirse a Puigdemont y a su vicario en la Generalitat, son cuando menos infantiles y poco profesionales. Curiosamente, el secreto del sumario se ha levantado este miércoles y se ha hecho partícipe del mismo a todos los medios de comunicación.

Pero sigamos. Mano dura y proporcionalidad. ¿Cómo seguir siendo inflexibles con el independentismo y al mismo tiempo facilitar las condiciones para un diálogo posterior, sin que los ahora encarcelados renieguen de su rechazo a cualquier medida de gracia? La clave podría estar en la propuesta lanzada por Sánchez en el debate entre candidatos del pasado lunes: incluir como delito en el Código Penal la convocatoria de referéndums ilegales, algo a lo que el propio PSOE se opuso el pasado mes de febrero.

Dicha reforma, que bien podría rescatar la que Aznar introdujo en su día y que castigaba estas consultas contrarias a la Constitución con hasta cinco años de cárcel, rebajaría la pena de los condenados por sedición por la simple aplicación retroactiva de la ley, ya que sus acciones encajarían como un guante en la nueva regulación. Es decir, la sedición decaería y los presos podrían salir a la calle de inmediato sin acogerse a beneficio penitenciario alguno. Ante las feroces críticas del independentismo por esta propuesta, el líder del PSC Miquel Iceta tuvo que recordar lo obvio: que las penas eran menores que para la sedición y la rebelión, dando por buena la idea de la aplicación retroactiva de la norma.

Firmeza, prudencia y allanamiento del camino a una ulterior fase de diálogo. Para todo ello sigue siendo necesario ganar las elecciones y resistir el acoso de la oposición y su mensaje de que Sánchez se apoyará en los partidos independentistas para su investidura. ¿Cómo combatirlo? Prometiendo la extradición de Puigdemont y colgándose la medalla de que la nueva euroorden para detenerle en Bélgica es cosa suya y que la Fiscalía ha actuado a su servicio. El tema ha montado un pequeño escándalo y ha acarreado críticas de los estamentos judiciales pero ha permitido visualizar que, lejos de haber un pacto con el independentismo, se le combate sin miramientos.

Hasta aquí el supuesto plan maquiavélico que, sin duda, es una casualidad tras otra con apariencia de estrategia. De hecho, a día de hoy, es difícil garantizar que el PSOE gane las elecciones o que pueda gobernar si lo hace, ante el persistente bloqueo. No hay plan pero, de existir, habría puesto de manifiesto una inteligencia muy superior a la que atribuimos, con bastante razón, a nuestros gobernantes. Una pena, vaya. Sigamos soñando.