Con una celeridad desconocida, el Consejo General del Poder Judicial reaccionó ayer con “preocupación y tristeza” al acto de apoyo a Baltasar Garzón celebrado en la Universidad Complutense de Madrid. Al CGPJ le ha consternado especialmente la participación de “personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado”, en clara referencia a Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal anticorrupción. Villarejo lanzó un durísimo alegato contra magistrados del Tribunal Supremo por convertirse en “un instrumento que favorece la expresión actual del fascismo”, al admitir a trámite querellas presentadas por organizaciones ultraderechistas contra Garzón. Para el CGPJ, “no resulta tolerable el descrédito hacia el propio Estado de Derecho” que a su entender producen intervenciones como las de Villarejo.

Conmueve la “tristeza” que embarga al CGPJ, cuyos miembros deberían ocuparse de investigar las razones objetivas del “descrédito” que tanto lamentan. ¿Creen en serio que el desprestigio de la Administración de Justicia se debe a las críticas que reciben sus actuaciones? ¿No serán algunas actuaciones absolutamente incomprensibles las que provocan el “descrédito”? ¿Qué hace el más alto tribunal de una democracia atendiendo las demandas de grupos fascistas contra un juez por abrir (y cerrar) una investigación sobre las fosas del franquismo? Eso es lo que produce no ya tristeza, sino indignación.