“Los informes policiales confirman lo que el sentido común decía a cualquier ciudadano, la continuidad entre Sortu y Batasuna.” -Federico Trillo, coordinador de Libertades Públicas del PP-

Ya saben eso de que la policía no es tonta, y cuando ve una colilla dice “aquí han fumado”. Pues más o menos lo mismo le ha pasado a la Policía Nacional y la Guardia Civil tras la presentación del nuevo partido de la izquierda abertzale: vieron colillas por el suelo y concluyeron que alguien había fumado. No sólo eso: vieron a ex miembros de Batasuna, algunos incluso con pasado carcelario, y tras poner cara de investigador (mano en la barbilla, labios apretados, ojos entrecerrados) concluyeron: los de Sortu son los mismos de Batasuna.

Que Sortu es una apuesta de la izquierda abertzale es algo que todos sabemos, y que tampoco ellos esconden. No hay más que ver quiénes hicieron la presentación, dos históricos como Rufi Etxebarría e Iñigo Iruín, ante un auditorio cuyas primeras filas ocupaban todos los dirigentes que no están en la cárcel.

Precisamente lo importante del paso dado con el rechazo al terrorismo es que no lo hacen unos cualquieras, sino los mismos que durante años esquivaron ese rechazo. El debate no es si Sortu es Batasuna, sino que tanto la izquierda abertzale como la propia ETA, cada uno con sus ritmos y maneras, están dando pasos hacia el final del terrorismo.

Los informes policiales demuestran lo que ya sabemos: que Sortu es obra de la ex Batasuna. Pero a cambio no demuestran lo que quieren leer algunos: que es una trampa de ETA. Visto lo publicado, nada en los informes lo prueba, todo son insinuaciones, especulaciones y valoraciones jurídicas impropias de policías, usando una lógica mayororejista que tampoco es nueva: recordemos que también fueron informes policiales los que cerraron Egunkaria.

El paso dado por la izquierda abertzale descoloca la estrategia político-judicial de la última década. Y demuestra que la ley de partidos y la teoría del entorno han levantado una pared infranqueable, a partir de una excepcionalidad legal donde por lo visto lo de menos es que la propia ley se cumpla. Por eso debemos confiar que el proceso actual no dependa de policías ni de jueces, sino de decisiones políticas. Sólo con valentía política se conseguirá.