JORGE CALERO

La crisis económica está llevando la natalidad de vuelta a los niveles de 1999, antes del repunte provocado, básicamente, por la llegada de población inmigrante. El número de hijos por mujer en 2010 fue de 1,37, cuando había alcanzado el 1,45 en 2008. La incertidumbre económica de las familias, junto con la rápida adaptación de las mujeres inmigrantes a las pautas de natalidad de las españolas, son algunos de los factores que explican este descenso. ¿Y qué papel están jugando las políticas de apoyo a las familias en esta evolución? La respuesta no puede ser concluyente, quizás lo máximo que podemos decir es que la política de apoyo a la familia ha sido tan errática y volátil que probablemente contribuyó poco tanto al repunte de la natalidad como al actual descenso. En efecto, para ser efectiva una política de apoyo a la familia tiene que establecer incentivos muy visibles y continuos, no necesariamente muy costosos para el presupuesto pero que, sobre todo, no sean percibidos como contingentes. Además, conviene que sus efectos sean evaluados convenientemente. No parece que se den estas características en instrumentos que han aparecido y desaparecido inopinadamente, como el cheque bebé o las transferencias de algunas comunidades autónomas a las familias. Ni tampoco en un instrumento, como la baja de paternidad, cuya evolución prevista se ha estancado.

Es cierto que la necesidad de reducción del déficit se lo ha llevado todo por delante, pero llama la atención la facilidad con la que se han limitado políticas que debieran ser centrales e irrenunciables. Políticas en las que, además, mantenemos todavía una situación tan alejada de la posición media europea (en 2008, el gasto social en familia supuso el 1,39% del PIB en España y el 2,23% en el conjunto de la Unión Europea).

En el reciente debate sobre la supuesta necesidad de retrasar la edad de jubilación se han echado en falta argumentos sustanciales de muchos tipos; entre ellos destacan el incremento a largo plazo de la productividad y, también, el enorme incremento de la población ocupada en España, de casi seis millones de personas en los últimos 15 años. Entre estos grandes ausentes destaca también la relevancia, para el mantenimiento del sistema de pensiones, de una natalidad suficiente que permita la renovación de la población activa. Y, por tanto, de unas políticas de apoyo a la natalidad más consistentes y menos erráticas.

Jorge Calero es catedrático de Economía Aplicada