Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

Es interesante resaltar que en España ha habido gobiernos de coalición a todos los niveles del Estado excepto en el Estado central. Las coaliciones que se han establecido a lo largo del territorio español tras las últimas elecciones autonómicas y municipales son un ejemplo de ello, con partidos de diversa sensibilidad política estableciendo gobiernos de esta índole, reproduciendo una práctica común extendida en España desde el inicio de la democracia hace ya más de cuarenta años. La única excepción a esta amplia existencia de gobiernos de coalición ha sido el Estado central. A este nivel no ha habido una coalición de partidos que haya gobernado España. El gobierno español ha sido siempre ejercido por un solo partido, el PP o el PSOE, pero nunca por una coalición de estos con otros partidos. Siempre han sido uno de estos dos partidos los que han gobernado solos. En realidad, la alternancia en el poder de los dos partidos mayoritarios, el PP (sucesor de las fuerzas políticas que controlaban los aparatos del Estado en la época dictatorial) y el PSOE (la fuerza mayoritaria dentro de las izquierdas), ha sido un elemento fundamental para promover la estabilidad política del país, una vez el PSOE renunció a elementos clave de su ideario (tales como su vocación republicana y su visión plurinacional de España) a fin de satisfacer a los poderes fácticos (tanto de tipo financiero y económico como político e institucional) que ejercían y han continuado ejerciendo una enorme influencia en la definición de los parámetros de la vida política del país que han permitido salvaguardar las relaciones de poder (de clase social, de género y de nación) dentro del Estado, evitando así una ruptura con el Estado anterior. Tal observación no quiere decir que la transición de la dictadura a la democracia fuera una mera modificación del régimen dictatorial anterior, como maliciosamente se me interpreta siempre que hago tal afirmación. He señalado repetidamente que la Transición significó un cambio importante en el Estado español, cambio, sin embargo, que no afectó significativamente a las coordenadas de poder dentro del Estado, por lo que, como consecuencia, algunos aparatos importantes del Estado continuaron operando bajo los parámetros de una cultura y modos de hacer heredados del Estado anterior (para una expansión de este tema ver mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país. Editorial Anagrama, año 2002).

La inmodélica Transición y sus consecuencias: la continua capacidad de veto de los poderes fácticos sobre el Estado español

Y una de tales coordenadas fue mantener el gran poder de decisión del Estado central. Es paradójico que un Estado al que el discurso oficial define como de los más descentralizados del mundo haya sido uno de los pocos Estados democráticos que no haya sido gobernado por una coalición. De los 28 estados de la UE, 20 son gobernados por coaliciones. En realidad, si el Estado español fuera tan descentralizado como afirma el discurso del establishment político-mediático español, uno debería preguntarse: ¿cómo es que en las comunidades autónomas y en los municipios hay coaliciones de todos los colores y no así en el Estado central, que es monocolor y que es definido como un Estado muy descentralizado, en el que las principales competencias del Estado habrían sido, supuestamente, asumidas por los niveles autonómico y municipal, gobernados en su mayoría por gobiernos de coalición? En realidad, en España, el Estado central continúa siendo el punto clave de todo el Estado, que desde el centro configura el desarrollo de todos los demás niveles, considerados como “periféricos”. Esta centralidad del Estado conlleva que sea la capital del reino (donde están ubicadas las instituciones básicas del Estado español, de donde parten y donde llegan las principales vías de comunicación del país, y en donde se toman las principales decisiones del Estado) donde reside la autoridad final y definitoria de tal Estado. Y de ahí que sea a este nivel (el central) donde el juego democrático tenga mayores limitaciones y donde la herencia del Estado anterior sea mayor. Desde el carácter muy poco representativo de su ley electoral hasta la nula policentralidad en las instituciones del Estado (todas ellas ubicadas en la capital del reino) son ejemplo de una democracia muy limitada, muy vigilada y muy insuficiente, características que se ven reflejadas también en los aparatos de promoción y reproducción del poder como son el sistema judicial y el sistema de seguridad y el conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La judicialización de la política y la ampliamente conocida falta de independencia del aparato judicial respecto al aparato político es un claro ejemplo de ello. El sesgo profundamente conservador del Tribunal Supremo queda reflejado, por ejemplo, en hechos como que haya apoyado sistemáticamente el dominio de la vida política del país por parte de los poderes financieros y económicos, oponiéndose además al enjuiciamiento de los responsables de tanta represión durante la dictadura, así como al reconocimiento de las víctimas de aquel régimen. Es por ello que no debería haber ninguna duda de la dureza de las sanciones que se aplicarán a los presos políticos secesionistas hoy encarcelados, ignorando que la experiencia acumulada en los últimos años muestra claramente que tal dureza es el mejor aliado del secesionismo, pues estimula su crecimiento.

A la luz de estos hechos sorprende la continua referencia a la experiencia portuguesa como modelo para el tipo de alianza entre partidos con posibilidades de gobernar, pues ignora que en Portugal sí que hubo una ruptura con el Estado anterior resultado de la “Revolución de los Claveles”, lo cual explica que se den las condiciones para que el parlamento pueda actuar e influenciar a la rama ejecutiva del Estado, lo cual es difícil de hacer en España, donde el ejecutivo tiene una enorme influencia sobre el poder legislativo y sobre el judicial. El que ello no ocurra en España justifica la demanda de Unidas Podemos y sus confluencias (UP) de formar parte del gobierno, pues en el Estado español, heredero del régimen dictatorial anterior, se requiere una presencia gubernamental fuerte de los partidos con vocación transformadora para hacer los cambios prometidos. El hecho de que el legislador tenga mucho menos poder que el poder ejecutivo justifica tal demanda.

Por qué los establishments financiero, económico, político y mediático del país no desean que UP esté en el gobierno

La respuesta es clara: se debe a que se percibe a UP como la fuerza más comprometida en redefinir las relaciones de poder en el país, en todas las dimensiones públicas en que tal poder se expresa. Esta es la causa de la enorme oposición a ello por parte de tales establishments, que alcanza niveles de hostilidad, pues ven a tal coalición de fuerzas políticas y movimientos sociales como una amenaza para su visión de España: una España de un enorme clasismo (hegemonía enorme de las clases dominantes), machismo y uninacionalismo. Tal clasismo explica el enorme retraso social de España (uno de los países de la UE-15 con mayores desigualdades); un machismo que se traduce en la poca atención a la economía de cuidados; y un uninacionalismo que considera la visión plurinacional de España (que defiende UP) como la anti-España (ver mi libro El subdesarrollo social de España: causas y consecuencias. Editorial Anagrama, 2006. En realidad, la supuesta defensa de la unidad de España siempre ha sido el argumento de las derechas españolas para interrumpir y/o debilitar el proceso democrático.

La defensa de la unidad de España fue la justificación del golpe militar fascista de 1936. El comportamiento de las derechas en España es enormemente predecible y ahora se quiere interrumpir la posibilidad de establecer un gobierno de coalición de izquierdas argumentando que abriría y permitiría la ruptura de España. Lo que no lo es tanto es el cambio del PSOE, que, habiendo abandonado su vocación republicana y con ello su vocación transformadora, se ha adaptado al sistema borbónico uninacional, convirtiéndose en uno de sus máximos valedores. La resistencia del PSOE a permitir un gobierno de coalición se basa en el hecho de que el PSOE y UP tienen una visión distinta de España, como consecuencia del abandono, durante la Transición, que el PSOE hizo de la visión plurinacional de España que había sostenido en el período de alianzas de las fuerzas democráticas en su lucha contra la dictadura apoyando el derecho de autodeterminación para todas las naciones y pueblos de España a fin de sostener la unidad a través de la voluntad popular y no a través de la fuerza y la represión.

La falta de un gobierno de coalición no se debe, por lo tanto, a un problema de incompatibilidad de sus dirigentes o a la falta de “madurez” o “competencias”, sino a la renuncia del PSOE a su compromiso reformador del Estado, tanto en el tema social (con el abandono de las políticas que se enfrentaban con los poderes fácticos) como en el nacional. Su fácil adaptación, en la época Zapatero, a las políticas neoliberales que han hecho tanto daño a las clases populares del país ha ido acompañada ahora de su renuncia a varias de las propuestas de cambio pactadas con UP, así como su aceptación de las propuestas del Tribunal Supremo, de claro corte derechista. Hubo un momento en el que parecía que la nueva dirección del PSOE, liderada por Sánchez, al desplazarse a la izquierda, recuperaba parte de sus raíces hablando de justicia social e incluso de plurinacionalidad, pero las ha abandonado de nuevo, cediendo al establishment financiero, económico, político y mediático que continúa definiendo los parámetros de las relaciones de poder del Estado central. Y ahí está el problema.

Pero el PSOE se equivoca profundamente, pues la ausencia de tal coalición representará un enorme coste para las clases populares de este país y también para su partido, pues la ausencia de las profundas reformas que el país necesita creará un enorme desencanto que acentuará, a la larga, el declive electoral que ha venido sufriendo como consecuencia de su derechización.

Por lo demás, en España tendría que mirarse al resto de Europa, donde las alianzas en forma de coalición son muy comunes. En realidad, la necesidad de ampliar y reforzar las posibilidades del cambio explica que los partidos socialdemócratas del norte de Europa (que han sido los que han gobernado durante más tiempo desde la II Guerra Mundial) hayan gobernado en coalición con partidos comunistas o partidos a su izquierda en prácticamente todos los países nórdicos. Como ejemplos recientes tenemos Noruega durante el período 2005-2013, Dinamarca durante el periodo 2011-2014 y Finlandia durante los periodos 1995-2003, 2011-2014 y de nuevo desde este año, 2019. Son estos países los que han alcanzado niveles de igualdad y de calidad de vida y bienestar más elevados hoy en el mundo capitalista desarrollado. Y la causa de ello ha sido precisamente la fuerza de las izquierdas y de las fuerzas democráticas que han podido llevar a cabo los cambios necesarios, facilitados por sistemas democráticos más justos, más abiertos, más representativos y más populares, que el de nuestro país. Y esta es la realidad que intenta ocultarse en el debate sobre el porqué es tan difícil que exista una coalición de izquierdas gobernándolo. Así de claro.