En su permanente vigilia para cumplir y hacer cumplir las leyes, especialmente aquellas que no afectan a sus cerca de 900 imputados, el PP ha conseguido que un juez de lo Contencioso suspenda de manera sumaria un acto a favor del derecho a decidir que iba a celebrarse este domingo en Madrid en un local cedido gratuitamente por el Ayuntamiento. Los populares jugaban en casa porque el magistrado, José Yusty Bastarreche, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Autónoma, tiene tres obsesiones en la vida: Liz Taylor, la unidad de España y una manifiesta aversión a la “tropa” de Podemos y a su aspecto desaliñado.

El auto judicial es para enmarcar. Presupone el apoyo del Consistorio a un acto “que se dirige contra lo dispuesto en la Constitución y las resoluciones del Tribunal Constitucional” y establece que los bienes municipales han de servir a los intereses generales, entre los que no se encuentran dar voz a quienes atentan gravemente “contra la soberanía del pueblo español”, que es, según su señoría, de todos los “nacionales” y no de unas “divisiones territoriales” que son “contingentes y variables, como demuestra nuestra historia”.

El celo inquisitorial del magistrado ignora algunos hechos relevantes. El primero es que la suspensión de una ley o, incluso, su declaración de inconstitucionalidad no implica la comisión de ningún delito. De hecho, lo acordado por el Alto Tribunal es una admisión a trámite del recurso del Gobierno que implica automáticamente la suspensión cautelar de la ley del referéndum pero que no entra a valorar el fondo del asunto ni determina tampoco el sentido del fallo. Por poner un ejemplo, en mayo el Constitucional suspendió la ley vasca de víctimas de abusos policiales. ¿Habría impedido el señor juez un acto que defendiera el pago de indemnizaciones a quienes hubieran sufrido abusos o torturas por parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, quizás este magistrado sí lo hubiera hecho.

Es verdad que el Constitucional, a instancias de la abogacía del Estado, se dirigió a todos los alcaldes catalanes, a más de 60 altos cargos de la Generalitat, a los responsables de los Mossos y a los medios públicos catalanes para advertirles de las responsabilidades penales en que podrían incurrir si hacían caso omiso a la suspensión. Dicha advertencia tenía como destinatarios a quienes podían contribuir a la realización del referéndum o albergar campañas institucionales, entre los que, por razones obvias, no se encuentra el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aclaró más tarde que la requisitoria no implicaba que los medios de comunicación públicos no pudieran informar u opinar sobre el suspendido referéndum, ya que ello atentaría contra el derecho de información y la libertad de expresión. En definitiva, no puede haber motivos para suspender un acto para defender el derecho a decidir porque hasta ahora no está tipificado como delito la apología del referéndum, aunque todo puede ocurrir.

Pese a lo que pudiera pensarse, el auto de José Yusty deja en muy mal lugar al PP ya que de aceptarse estos planteamientos sus dirigentes hubieran podido impedir y no lo hicieron la celebración del mayor 'atentado' contra la Constitución y las resoluciones de su tribunal de garantías, como fue la Diada del pasado día 11. Siguiendo la lógica del juez, resultaba evidente que la manifestación, convocada bajo el lema “la Diada del sí”, era un gigantesco acto de apoyo al referéndum ilegal, cuya celebración no habría sido posible si el Ayuntamiento de Barcelona, obligado como el de Madrid “a cumplir las leyes vigentes”, no hubiera puesto a disposición de los convocantes algo tan público como las calles de la ciudad.

Puede que la concejala que dio el visto bueno al acto de Madrid no estuviera muy acertada al considerar que el referéndum gozaba de una “aceptación popular generalizada” –lo que por otra parte es así al norte del Ebro, según todas las encuestas- pero es indiscutible que conocer de primera mano la razones de quienes promueven la consulta “contribuye al desarrollo social” porque permite formar opiniones informadas y no menoscaba el interés general.

De Yusty Basterreche han recogido sus alumnos de la Autónoma de Madrid algunas de sus frases más célebres. Una de ellas, supuestamente, dice así: “A mí hay una cosa que me encantaría es que me nombrasen Jefe de Estado Mayor durante 15 minutos. Sería un placer casi carnal... ¡Movilizar los tanques, los aviones, todo! Tendría España patas arriba. Probablemente, después de mis 15 minutos de gloria, pasaría mi vida en un psiquiátrico, pero ese placer no me lo quita nadie. Al lado de eso, Liz Taylor, pero solo con Liz Taylor”. Como lo del nombramiento y lo de Liz Taylor es imposible ha empezado por poner patas arriba el Derecho.