JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

El pasado día 18 el PP presentó su documento “Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la educación en España”. En él se exponen, de una forma rigurosa, una serie de políticas y medidas en el marco del proceso de negociación del pacto educativo impulsado por el ministro de Educación. Pese al mencionado rigor y detalle, el texto dista de ser una buena aportación para la negociación de un pacto. En lugar de un documento de mínimos, a partir del cual seguir negociando, el PP ha desplegado su “artillería ideológica” de costumbre, sin separarse apenas de su programa electoral.

Ya en las formas de la presentación se pudo detectar cierta unilateralidad, una falta de adecuación a la corrección que se espera en la negociación de un pacto. El contenido no defrauda: la flexibilidad aparece, pero en dosis homeopáticas. Antes de entrar en detalles sobre el contenido expondré cuáles creo que son los motivos de la falta de flexibilidad. El primero, trivial, tiene que ver con los intereses electorales. “Si funciona, no lo arregles”, se debe de pensar, con más o menos acierto, en el seno del PP. Si con las medidas propuestas antes y propuestas ahora se considera que se maximizan los votos, ¿para qué cambiarlas? El segundo motivo es más insidioso. Se trata de que en el PP se asumen (incluso, probablemente, de buena fe) como verdades universales cuestiones que únicamente son aceptadas universalmente desde sus posiciones. Cito a continuación un fragmento del texto que me llamó especialmente la atención y que da buenas pistas: “Los resultados de las investigaciones, prestigiosos informes internacionales y la propia racionalidad de las cosas (sic) coinciden en señalar que...”. ¿Cuál es “la propia racionalidad de las cosas”? Más allá del exotismo de la expresión, sus consecuencias son destacables: cuando se piensa que una idea está respaldada por “la propia racionalidad de las cosas” difícilmente se va a considerar la posibilidad de cambiarla.

Para evitar la injusticia mencionaré dos aspectos en los que el documento sí introduce cambios o, al menos, matices, con respecto a posiciones anteriores. Me refiero, por una parte, a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que ahora el PP renuncia a eliminar, aunque propone reformar en profundidad. Y, por otra, al énfasis en una evaluación de los centros que tome en consideración el nivel sociocultural de los usuarios y sus familias y no simplemente los resultados de los alumnos “en crudo”. Este avance conceptual merece ser reconocido.

El refuerzo del mérito y el esfuerzo, la ampliación de la libertad de elección de las familias, la autonomía de los centros, son ámbitos ya conocidos donde el documento sólo avanza anecdóticamente. La reducción de la ESO en un año (y la extensión consiguiente del Bachillerato) es únicamente una muy limitada reelaboración de los itinerarios ya implantados por el PP en la LOCE de 2002 y en el que siempre se ha insistido desde posiciones conservadoras. En conjunto, demasiada rigidez para un empeño tan trascendental como es el pacto educativo.