Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Políticas y Políticas Públicas, Universitat Pompeu Fabra

Desde hace casi diez años, España, incluyendo Catalunya, ha estado sometida a una serie de políticas públicas de claro corte neoliberal (tales como las reformas laborales que han deteriorado enormemente el mercado de trabajo, extendiendo masivamente la precariedad y reduciendo los salarios, y los recortes de gasto público y, muy en especial, del gasto público social en sanidad, educación, vivienda social, escuelas de infancia –mal llamadas “guarderías” en España–, servicios domiciliarios y servicios sociales entre muchos otros) que han afectado muy negativamente la calidad de vida y el bienestar de las clases populares. Como consecuencia, las conocidas como “enfermedades de la desesperación” han aumentado muy notablemente, y los recortes, entre otros, en los fondos públicos para la sanidad, han provocado un notable deterioro del servicio público sanitario, habiéndose producido muertes a causa de la demora en las listas de espera para intervenciones mayores, tal y como han denunciado recientemente profesionales del sector sanitario público.

La protesta frente al neoliberalismo

Como era predecible, hubo una protesta generalizada a lo largo del territorio español, incluyendo en Catalunya, que denunció la falta de legitimidad que tenían tales políticas públicas, pues fueron impuestas a la población por partidos de sensibilidad neoliberal sin que hubiera ningún mandato popular para que se aplicaran. En realidad, ninguna de esas medidas estaba en los programas electorales de los partidos gobernantes en España (el gobierno Zapatero primero y el gobierno Rajoy más tarde) y en Catalunya (el gobierno Mas, posteriormente continuadas por el gobierno Puigdemont). En realidad, el gobierno catalán, dirigido por el partido de la derecha catalana (hoy independentista), Convergència, más tarde rebautizada como PdeCat, fue de los que aplicó con mayor dureza los recortes del gasto público con el que se financiaban servicios públicos del Estado del Bienestar catalán. Dicho partido, de tradición neoliberal, no había incluido en su programa electoral toda una serie de medidas, como la reforma laboral aprobada en el 2012 por el gobierno del PP, que Convergència apoyó en las Cortes españolas, ni tampoco los severos recortes de gasto público que se aplicaron según la Ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada en las Cortes españolas, propuesta por el PP, y que Convergència también aprobó.

El movimiento de los indignados: el 15-M en España, incluyendo Catalunya

Dicho movimiento de protesta se extendió por todo el territorio español. El eslogan que los hizo famosos y populares, “No nos representan”, era una denuncia hacia el establishment político del país -la clase política- en general y de los gobiernos españoles (primero, el gobierno Zapatero, y más tarde el gobierno Rajoy) y catalanes (el gobierno de Convergència, presidido por el Sr. Mas, cuyas políticas neoliberales continuaron con el gobierno Puigdemont) en particular, acusándoles de no representar a las clases populares (que eran la gran mayoría de la población). El 15-M señaló la falsedad de los argumentos utilizados por tales formaciones políticas (y por la gran mayoría de medios de información afines) para justificar la aplicación de las políticas neoliberales (que no estaban en sus programas electorales) afirmando que “no había otras alternativas”. Los datos, sin embargo, mostraban que ello no era cierto. En el libro Hay alternativas: propuestas para crear empleo y bienestar social en España que escribimos Juan Torres, Alberto Garzón y yo mismo, ampliamente utilizado por el movimiento 15-M (como muestra esta fotografía de la primera reunión del movimiento de los indignados en la Plaza del Sol, en Madrid), habíamos mostrado cómo el gobierno Zapatero, en lugar de intentar conseguir fondos para el Estado congelando las pensiones (1.200 millones de euros) podría haber conseguido incluso más, 2.500 millones, si, entre otras medidas, hubiera revertido su bajada de impuestos a las personas que ingresaban 120.000 euros al año, bajada de impuestos que había llevado a cabo dos años antes (en mitad de la burbuja especulativa inmobiliaria) bajo el lema de que “bajar impuestos era también de izquierdas”. Y el presidente Rajoy hubiera conseguido 5.300 millones de euros revirtiendo, entre otras medidas, la bajada de impuesto de sociedades de las empresas que facturaban más de 150 millones de euros al año, que representaban un 0,12% de todas las empresas, pero en lugar de ello decidió recortar 6.000 millones de euros en sanidad y otros servicios públicos. Y tal movimiento 15-M en Catalunya hizo una denuncia semejante de las políticas de austeridad del gobierno Mas, señalando que sí había alternativas que hubieran podido generar muchos más recursos de los que se recortaron, gravando, por ejemplo, a grupos minoritarios adinerados con gran poder político y mediático. Los datos están ahí para todo el que quiera comprobarlo.

La confrontación del 15-M con el gobierno Mas y su brutal represión por parte de la policía catalana con la condena a prisión de varios miembros del 15-M por parte del Tribunal Supremo según sentencia dictada por el juez Manuel Marchena

El 15 de junio de 2011, el movimiento 15-M rodeó sin ninguna violencia el parque de la Ciutadella (que había sido cerrado por la policía catalana), dentro del que está el Parlament de Catalunya. El 15-M, al cual apoyé valorando su aparición en el panorama político-social de España, incluyendo Catalunya, como una entrada de aire fresco dentro de un clima político asfixiante, me invitó a dar una charla en una manifestación convocada al lado del parque de la Ciutadella (frente a la estación de Francia) para denunciar los recortes de gasto público social (que incluía sanidad, educación y otros servicios públicos vitales) que se iban a aprobar aquel día en el Parlament catalán por parte de los partidos gobernantes en coalición bajo la presidencia del Sr. Mas. La gran cantidad de gente que rodeaba el parque de la Ciutadella dificultaba pero no imposibilitaba el acceso al Parlament por parte de los parlamentarios. Pero tanto la cantidad de gente, como el enfado de la población reunida frente a la clase política, explican que el presidente Mas prefiriera llegar en helicóptero al Parlament en lugar de hacerlo en coche, como es habitual. Los Mossos atacaron con toda brutalidad a la población congregada imposibilitando la celebración del acto programado, que nunca tuvo lugar. Las cargas fueron de una enorme dureza y hubo varias detenciones.

El clima de linchamiento estimulado por el establishment político-mediático catalán

La derecha catalana, incluyendo la derecha independentista, se refirió a aquella manifestación como un golpe parecido al 23-F (cuando un grupo de personas armadas pertenecientes a la Guardia Civil habían asaltado e interrumpido las sesiones de las Cortes Españolas). Lean, entre otros,los artículos de José Antich, Pilar Rahola, Artur Mas en La Vanguardia, o Quim Torra en El Matí, y verán el nivel de hostilidad que el establishment político-mediático catalán, incluyendo las derechas independentistas gobernantes, tenía hacia aquellas manifestaciones primero y hacia los detenidos después. Se creó por parte de dirigentes e intelectuales del establishment político-mediático del país un clima de linchamiento con la intención de que las esperadas condenas contra los ocho procesados del 15-M fueran las más duras posibles. La gran sorpresa y decepción para tal establishment tuvo lugar cuando fueron absueltos por la Audiencia Nacional, hecho que fue recurrido al Tribunal Supremo a petición del gobierno de la Generalitat, del Parlament de Catalunya y del Ministerio Fiscal, consiguiendo una condena de tres años por un delito contra las instituciones del Estado (ver una descripción detallada de lo ocurrido en el excelente artículo publicado en Mientrastanto, Sobre el juicio del procés (III)” de José Luis Gordillo). Y el juez que dictó tal sentencia fue nada menos que Manuel Marchena, que recibió un gran reconocimiento y agradecimiento por parte del establishment político-mediático catalán, incluyendo el independentista, el mismo juez, por cierto, que hoy es odiado por el mismo establishment independentista por su acusación de rebelión y sedición (entre otros) en contra de los presos políticos independentistas. Es de suponer que los presos políticos de hoy, que fueron miembros del gobierno independentista del gobierno Mas como Joaquim Forn, Jordi Turull o Josep Rull, y que aplaudieron junto con otros miembros de Convergència y del gobierno catalán al juez Marchena, habrán cambiado de opinión sobre el mismo.

Hay que reconocer, pues, que algunos de los presos políticos de hoy fueron los justicieros de ayer, cuando pedían máxima prisión para los que se oponían a sus políticas neoliberales. Y hasta hoy, ninguna figura del establishment político-mediático catalán, incluyendo la derecha independentista gobernante, ha protestado frente a la represión que sufrieron (y continúan sufriendo) de aquellos que lucharon por conseguir una mejor calidad de vida para las clases populares de Catalunya y de España, y que fueron sentenciados por hacerlo. José Mª Vázquez, Francisco José López, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter, continúan olvidados y criminalizados. Hasta que dejen de serlo, la condena (justa y necesaria) del comportamiento represivo del estado español y sus servidores, como el juez Marchena, por parte del establishment político-mediático independentista carecerá de credibilidad por el carácter partidista y selectivo de su denuncia, ya que olvidaron y algunos participaron en represiones políticas en casos anteriores. La necesaria oposición al carácter represivo del Estado español debe denunciarse, sean quienes sean las víctimas de tal represión, lo cual no ha ocurrido ni sigue ocurriendo, ni en Catalunya ni en el resto de España.