FRANCISCO BALAGUER CALEJÓN

Catedrático de Derecho Constitucional

Tal y como se están desarrollando los acontecimientos, parece claro que hay algo de lo que no podrá quejarse el juez Garzón: no podrá decir que se ha lesionado el derecho que le corresponde (de acuerdo con lo que dispone el artículo 24.2 de la Constitución) “a un proceso público sin dilaciones indebidas”. Todo lo contrario, parece seguro que si es condenado (y suspendido en sus funciones por el CGPJ) lo será antes que los implicados en el caso Gürtel (si son condenados), cuya instrucción le correspondió inicialmente a él en un tiempo que nos parece ya muy lejano.

También podrá encontrar el juez algún consuelo en el hecho de que no va a ser la única persona procesada por intentar hacer su trabajo. Puede recordar el caso reciente del alcalde de Seseña. No deja de resultar chocante que quien intenta defender el interés general tenga que responder ante la Justicia mientras que no siempre se indagan los hechos que son objeto de denuncia pública o que –cuando se investigan– los procesos se prolonguen en el tiempo, sin que se vislumbre cuándo van a terminar.

Por otro lado –dicho sea también para efímero consuelo del magistrado– peor les fue, desde el punto de vista de sus derechos procesales, a los dos periodistas recientemente condenados por hechos que sucedieron en el año 2003. La sentencia no sólo llegó tarde sino que evidenció de nuevo una forma de proceder poco comprensible de la Justicia al actuar contra los que habían denunciado irregularidades, en lugar de investigar las irregularidades denunciadas.

Lo cierto es que últimamente hemos podido ver cómo se condena a nuestros periodistas por realizar su trabajo, se procesa a nuestros representantes democráticos por defender el interés público y se actúa contra nuestros jueces por atender a las legítimas peticiones de las personas que acuden a los tribunales en demanda de Justicia. Decisiones todas ellas que no se corresponden con la lógica constitucional propia de un Estado democrático de derecho.

En el caso de Garzón concurre, además, una circunstancia especialmente lamentable. Su posible condena, por haberse atrevido a iniciar un proceso contra los crímenes de la dictadura, pondrá en cuestión a nuestro país ante la comunidad jurídica internacional. El potencial simbólico que tiene la reciente personación de Falange no puede ser desdeñado, porque eleva un peldaño más la tensión que rodea a este proceso y evidencia, de nuevo, el carácter políticamente interesado de la querella y su nula sustancia jurídica.

Pese a ello, tanto el Tribunal Supremo como el CGPJ parecen decididos a avalar a los herederos más directos del franquismo convirtiendo a Garzón en la próxima víctima de la dictadura. Una posible condena de Garzón quizás saldara algunas cuentas pendientes. Pero, a cambio de la parca satisfacción que pueda proporcionar a quienes llevan años esperando ver pasar el cadáver de un enemigo, se llevaría por delante una buena parte de la confianza en la Justicia y de la credibilidad de nuestro sistema democrático.