La Comisión Europea ha dado su visto bueno a las medidas de ajuste anunciadas por el Gobierno español y reclama más detalles sobre la reducción del déficit que corresponde a las administraciones autonómicas para 2011. Aunque esos detalles donde deben figurar es en los próximos Presupuestos, las comunidades se comprometieron ayer por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a aplicar una rebaja en el déficit de 11.000 millones de euros entre este año y el próximo. De ellos, unos 6.000 salen de los recortes ya contemplados en el decreto del Gobierno, y el resto (hasta alcanzar el porcentaje comprometido) vendrá por la vía de nuevos tijeretazos al gasto o por incrementos en los ingresos fiscales. Hay autonomías (como Catalunya, Andalucía o Extremadura) que han adelantado ya medidas en los dos sentidos. Otras, como Madrid, sacan pecho porque su peso en el déficit global es mínimo (gracias en parte al plus de ingresos que supone la capitalidad del Estado).

Más allá del debate (profundo) sobre la idoneidad de la reducción drástica del déficit como supuesta y única vía de salida de la crisis, lo importante es que las comunidades autónomas han dado una prueba clara de responsabilidad política. Quienes demonizan la pluralidad del Estado e identifican demagógicamente el modelo autonómico con el derroche absoluto deberían imitar el ejemplo y arrimar el hombro cuando toca. Por una vez.