RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

Democracia y Estado de derecho son conceptos complementarios. La democracia obliga a que las decisiones sean por mayoría. El Estado de derecho supone que nadie está por encima de la ley. Las mayorías, tampoco. Así, la pretensión de Camps de que su triunfo electoral lo exima de su responsabilidad penal es una falacia. A su vez, la responsabilidad penal y la política también son paralelas. La penal es objetiva, se atiene a los hechos y es de asunción forzosa; la política es subjetiva, afecta también a las actitudes y su asunción es voluntaria, pero muchas veces moralmente imprescindible so pena de causar estragos en la legitimidad del Estado democrático de derecho.

Camps lleva dos años sosteniendo que él paga sus trajes y se ha negado sistemáticamente a responder a las preguntas de los periodistas sobre el asunto. Ahora resulta que, al revelarse pruebas incontrovertibles (y no por voluntad de colaborar con la Justicia), admite que podría haber recibido los trajes regalados. Jurídicamente, el asunto es irrelevante porque la ley reconoce a los acusados el derecho a mentir, aunque el Tribunal Constitucional lo matiza en el caso de los servidores públicos. Pero políticamente es impresentable. No es admisible que un cargo político tan importante mienta a la ciudadanía. Y mucho menos que pretenda ocultar esa mentira con una triquiñuela: que los regalos se hacían al presidente del Partido Popular de Valencia y no al de la Generalitat, como si lo uno fuera separable de lo otro.

Por lo que se va sabiendo, los trajes, en efecto, son una pequeñez. Pero una pequeñez como la de la punta del iceberg, que permite sospechar una trama de corrupción casi mafiosa en todas las administraciones públicas valencianas gestionadas por el PP en la que estarían presuntamente implicados docenas de cargos públicos del partido y de empresarios. Asuntos que están sustanciándose en procedimientos aparte (Gürtel, Brugal, la supuesta financiación ilegal del Partido Popular), que tienen un nexo en común: en todos ellos aparecen imputados por ilícitos cargos del Partido Popular que lo son también de las administraciones públicas.