Una de las maneras que ha tenido el Gobierno en funciones de hilar fino en Cataluña ha sido hacerse representar en la toma de posesión de Carles Puigdemont por el ministro del Interior, que ha tenido así la oportunidad de ver las caras de los pretendidos sediciosos por si tiene que ordenar una redada masiva. La otra ha consistido en poner a trabajar a la abogacía del Estado para que determine si el honorable 130 o la presidenta del Parlament han de ser amonestados o fusilados al amanecer por haber eludido en la toma de posesión del nuevo inquilino de la Generalitat cualquier referencia a la debida lealtad a la Constitución y al rey.

Con esta última petición se corre el riesgo de colapsar a la abogacía del Estado, que a día de hoy vive entregada a la causa de Cristina de Borbón y que no da abasto con la pobre infanta. Se trata en cualquier caso de un cuerpo muy musculoso, capaz de retorcer el Derecho como un palo de fregar hasta hacer que cante hip hop o se arranque por bulerías.

Para ser un buen abogado del Estado se necesita fuerza y dotes para el contorsionismo y más temprano que tarde acabarán exigiéndolo en las oposiciones. Una demostración práctica de estas habilidades se ha visto en el juicio del caso Noos cuando su representante, Dolores Ripoll, quiso convencer al tribunal de que a la hermana del rey le era aplicable la doctrina Botín en la medida en que sus actos sólo habían lesionado los intereses de Hacienda pero no el interés general. De ahí que efectuara un mortal con tirabuzón al afirmar que aquello de que Hacienda éramos todos sólo era un anuncio de la tele y no un principio jurídico, algo que por otro lado ya sabía todo el mundo. Hacienda siempre hemos sido los mismos.

Volviendo a la investidura catalana, resulta cuando menos sorprendente que Rajoy en funciones y el resto de su gabinete sean tan mirados con las menciones al rey o sus ausencias en una toma de posesión mientras toman al jefe del Estado y sus atribuciones por el pito de un sereno.

Viene esto a cuento del anuncio de Rajoy de que hará una propuesta de Gobierno a quienes considera sus aliados potenciales –PSOE y Ciudadanos- en el debate de investidura, dando por hecho que el jefe del Estado le encargará en primera instancia la formación del Ejecutivo.

Al rey le corresponde, en virtud del artículo 62 de la Constitución, “proponer el candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución”, pero en ningún lado está escrito que dicha propuesta deba recaer en el líder de la fuerza más votada. De hecho, lo razonable sería que Felipe VI, tras su ronda de consultas, propusiera al candidato con mayores probabilidades de ser investido y se da la circunstancia de que Rajoy a día de hoy no tiene ninguna.

Presionar al jefe del Estado para que le encomiende formar gobierno y, como parece, para que se de prisita con las consultas y convoque el primero de los plenos de investidura antes del 30 de enero, fecha en la que el PSOE celebra su comité federal, es una falta de respeto institucional intolerable en quien presume de ser el cancerbero de la Constitución y de sus esencias. ¿Quién es el que se mueve aquí por interés personal?

No existe un tiempo predeterminado para que el rey concluya su ronda con los partidos representados en el hemiciclo. De hecho, el plazo de 60 días para constituir el gabinete antes de la convocatoria de nuevas elecciones empieza a contar desde la primera sesión de investidura. Podría darse la circunstancia de que de sus conversaciones con las distintas fuerzas el monarca dedujera que existe otro candidato con más apoyos. ¿Qué tendría que hacer entonces? De una cosa estamos seguros: al rey le hemos pagado los estudios y está confirmado que sabe sumar.