MIGUEL ÁNGEL QUINTANILLA

Primera pregunta: ¿se puede hoy hablar en público sobre la energía nuclear sin que la cuestión se convierta en un galimatías de acusaciones, mensajes tremendistas y descalificaciones políticas? Mi sospecha es que no; así que soy consciente de que, al escribir estas líneas, me lanzo a la piscina sin apenas agua. Pero me parece que, a pesar de todo, es una obligación cívica intentar intervenir en un asunto de interés público como este, aportando razones, no gritos.

Segunda pregunta: ¿cuál es la vida útil de una central nuclear? Aquella durante la cual se estima que está garantizado su funcionamiento dentro de los márgenes de seguridad establecidos. Esto responde tanto a las especificaciones técnicas iniciales como a las modificaciones, mejoras y revisiones que se hacen a lo largo del tiempo. La determinación de la vida útil de una central es una cuestión estrictamente técnica. No obstante, los organismos encargados de esta tarea deben tener una adecuada composición y normas de actuación para garantizar que intereses espurios no puedan contaminar decisiones técnicas. En España ese organismo es el Consejo de Seguridad Nuclear, que acaba de dictaminar por unanimidad que la vida útil de la central de Garoña se puede prolongar 10 años más.

Tercera pregunta: ¿prolongar la vida útil de Garoña significa renunciar al compromiso en favor de las energías renovables y de un modelo de desarrollo económico sostenible? En absoluto. Al contrario, el ahorro que se genera podría utilizarse para impulsar el sector de las renovables y aumentar las inversiones en I+D sobre nuevas fuentes energéticas y sistemas de aprovechamiento eficientes.

Cuarta pregunta: ¿por qué resulta tan polémica la cuestión del cierre de Garoña? Por su carácter simbólico e ideológico. El debate sobre la energía nuclear no está definitivamente cerrado ni en España ni en el mundo. Científicamente no hay un consenso claro respecto al balance de ventajas e inconvenientes de la energía nuclear ni respecto a la posibilidad de superar, mediante nuevos diseños y desarrollos científicos, los problemas más importantes que plantea, relacionados sobre todo con el tratamiento de los residuos radiactivos. Y políticamente la sociedad está dividida en cuanto a la valoración de los diferentes modelos de desarrollo económico y social que se consideran vinculados a las alternativas energéticas. El debate social ha derivado así en un debate puramente ideológico, impenetrable a las sutilezas de los argumentos racionales. Cerrar Garoña es una victoria de los antinucleares y ampliar su vida útil una claudicación ante el capitalismo mundial.

Última pregunta: ¿qué debería hacer el Gobierno? Preocuparse por el bien común y actuar con sensatez. En una época de crisis, me parece que el bien común está más cerca del ahorro de recursos que del despilfarro, aunque el ahorro suponga renunciar, por el momento, a dar gusto a otras aspiraciones legítimas. Y mientras tanto no vendría mal que, desde los poderes públicos, se impulsaran cauces efectivos y fiables para organizar el debate en torno a estas difíciles cuestiones científicas y sociales de forma sensata y racional.

Miguel Ángel Quintanilla es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia.