La revuelta social contra los que recortan el Estado del Bienestar , iniciada a comienzos de la presente década por los jóvenes, recobra un extraordinario impulso con la intensa movilización de los viejos. Buena muestra de ello es el asombro con el que todos los parlamentarios, con pensiones de lujo garantizadas por vivir del oficio político, asisten a los cientos de manifestaciones que llenan, un día sí y otro también, las avenidas, plazas y calles de España, reclamando que el artículo 50 de la Constitución sea algo más que un papel mojado por la retórica de los picos de oro del Congreso de los Diputados. Efectivamente, nada más irritante para cualquier jubilado que leer ahora mismo en el texto constitucional que "los poderes públicos, garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad."

Los leguleyos, al no haber incluido este artículo 50 en el capítulo de Principios rectores de la política social y económica, hicieron la trampa a la vez que la ley, que recoge la Constitución de 1978. Así, impedían que los pensionistas tuvieran un derecho incuestionable a cobrar pensiones actualizadas, como los titulares de deuda pública tienen igualmente el de cobrar intereses. Si realmente se hubiera perseguido que fuese un derecho consolidado, como ahora mismo reclaman los manifestantes, habría que incluirlo en el capítulo dedicado a Derechos y Libertades, que permitiría a cualquier ciudadano recabar la tutela ante los tribunales ordinarios e incluso, si fuese necesario, recurrir al mismo Tribunal Constitucional. El artículo 50, como otros referentes a derechos sociales, no es más que un brindis a la galería mediática.

Porque aquí los únicos jubilados que tienen garantizada la máxima pensión con la mínima cotización, a la que hoy ni un solo diputado renuncia para sumarse al Régimen General como se sumó en la anterior legislatura Cayo Lara, son precisamente los que estos días se ven obligados a tener que responder a la exigencia social sobre la subida de las actuales pensiones misérrimas, que perciben la inmensa mayoría de los jubilados. Su muy grave contradicción política es cómo satisfacer esta amplia demanda social, derivada del artículo 50 de la Constitución, con aquella reforma de dicho artículo 135, perpetrada con nocturnidad y alevosía, que establece como obligación prioritaria el pago de la deuda a la señora Merkel y el señor Macron. Es por ello que los que trabajan desde el gobierno o la oposición para privatizar las pensiones, insistan en la imposibilidad de subirlas.

Su problema es que tanto el PP como el PSOE viven electoralmente de los jubilados. Solo desde la ceguera del españolismo más cutre, tan presente en la tropa de Rajoy como la de Sánchez, cabe entender que la ministra Fátima Bañez haya podido pensar que agitando la rojigualda iba a lograr el trágala del aumento de un 0,25% de las pensiones. No digamos de la idiotez tecnocrática del gobernador del Banco de España, Luis Linde, hablando sobre las viviendas de los jubilados. Carrusel de despropósitos que culmina con un PSOE que intenta apoderarse de la pancarta de los jubilados sin la más mínima autocrítica, tanto por haber congelado las pensiones como por haber retrasado dos años la edad de jubilación bajo el gobierno de Zapatero. Una vez más, en esta batalla sobre la manipulación de los viejos, el PSOE le sirve en bandeja al PP el próximo debate parlamentario.

Esta rebelión de los viejos pone en aprietos a Ciudadanos, que subía como la espuma, a la vez que sorprende a un Podemos que no había previsto en su tan cantada agenda social, aireada a lo largo del último trimestre, la movilización de los viejos indignados. Probablemente, el desconcierto de ambas fuerzas tenga bastante que ver con su muy escasa incidencia electoral, sobre todo los morados, en el segmento de la población de mayor de edad. Es bien evidente el deseo de Albert Rivera de ponerse de perfil, pese a que en su estrategia de cerco político a la Moncloa le vendría como anillo al dedo la movilización de los jubilados, al erosionar electoralmente al PP. Pero su inequívoco ADN, tan conectado con los fondos privados de pensiones, le impide morder a Rajoy en este terreno y en este momento.

El lastre de Zapatero en el PSOE junto con las amistades financieras de Rivera en Ciudadanos, van a ser un handicap para ambos partidos en la próxima comparecencia del presidente Rajoy en el Congreso de los Diputados, el próximo día 14 de marzo, sobre la reivindicación de los pensionistas. La Moncloa no va a dudar, ni un segundo, en el tú más para intentar convencer al núcleo esencial de su electorado, hoy en la calle contra el gobierno del PP, de que no hay alternativa a su política económica. Tan claro como que las movilizaciones de los jubilados son ajenas a todas las fuerzas políticas o sindicales de la izquierda, es que Mariano Rajoy intentará que sean un bumerán contra la izquierda. No hay mayor amenaza para el Partido Popular, hoy por hoy, que esta rebelión de los viejos le haga un roto en ese colchón electoral del que siempre goza todo gobierno por el mero hecho de pagar las pensiones.