JORGE CALERO

Catedrático de Economía Aplicada

Resulta ya suficientemente claro que la causa de la crisis financiera está en una sobreabundancia de capital que en los años de mayor crecimiento buscó como destino inversiones financieras de riesgo cada vez más elevado. A falta de actividades productivas suficientemente rentables, enormes cantidades de capital se invirtieron en productos financieros con poco respaldo “real”; el ejemplo arquetípico de estos productos son las hipotecas subprime en Estados Unidos. La película Inside Job, ganadora del último Oscar al mejor documental y en pantalla en España desde hace algunas semanas, proporciona una descripción muy viva y espectacular del proceso.

Sin embargo, tanto en Inside Job como en otras descripciones frecuentes de la crisis, no se hace ninguna alusión a una causa relevante detrás de ese proceso: la redistribución a favor del capital y, por tanto, en contra de los salarios, que se produjo durante el periodo de crecimiento. Esta redistribución tiene dos efectos que interactúan: por una parte, como es lógico, pone en circulación grandes cantidades de capital; por otra parte, hace que la demanda de bienes y servicios sea débil, ya que los salarios son bajos. Debido a la debilidad de la demanda los inversores no perciben grandes oportunidades en la inversión productiva y destinan los recursos a la inversión financiera, incrementando los riesgos asumidos.

La redistribución hacia el capital es, por tanto, una de las causas básicas de la crisis. Pero, como hace ya tiempo estamos viendo, es también una consecuencia de la crisis. La crisis provoca reducciones del salario directo y, también, del salario indirecto que reciben los trabajadores en forma de prestaciones del Estado del bienestar. Los recortes en prestaciones de educación, sanidad, pensiones y servicios sociales erosionan la capacidad adquisitiva de los asalariados, bien porque reciben menos ingresos, bien porque tienen que comprar servicios en el mercado cuando antes los recibían del sector público. Los salarios bajos y las prestaciones sociales reducidas son, pues, la garantía de una demanda insuficiente y, por tanto, de un riesgo de crisis y, cuando se está ya en ella, de una recuperación incierta y, en todo caso, lenta.