JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO

Economista

Obama quizás haya pensado que había sido un bonito regalo de Navidad. El Senado norteamericano ha dado luz verde a la reforma sanitaria. Bien es verdad que con notables recortes sobre el diseño original; pero mejor es eso que nada y Obama, además de soñador, es pragmático. A pesar de los pesares, el salto es gigantesco y en el camino ha tenido que librar múltiples obstáculos. La oposición del Partido Republicano ha sido frontal, el descontento dentro de los demócratas notorio, y –sobre todo– encarnizada la batalla presentada por el lobby de la industria farmacéutica, las compañías aseguradoras y el sector sanitario, que han promovido en la opinión pública una gigantesca campaña en contra de la reforma hasta el extremo de erosionar de forma significativa la popularidad del presidente.

Los datos son de sobra conocidos. Una de las lacras históricas de la política norteamericana estriba en carecer de un sistema sanitario universal. A pesar de ser uno de los países que más recursos dedica a esta finalidad (un 19% del PIB, el doble que la media de la OCDE), un 15% de la población (47 millones de norteamericanos) no disfruta de prestación sanitaria alguna y una parte importante del resto cuenta únicamente con una cobertura parcial e incompleta. Aunque el Estado aporta mediante los dos sistemas –Medicaid y Medicare– casi la mitad de los recursos, la gestión es en su totalidad privada. Y es precisamente en esta gestión privada donde puede radicar el problema.

Si algo ha dejado patente el sistema sanitario norteamericano es lo infundado de la supremacía del sector privado sobre el público a la hora de administrar determinados servicios. Someter la asistencia sanitaria a la lógica del mercado y del máximo beneficio puede, sin duda, llenar los bolsillos de algunos colectivos, pero resulta ineficaz en la asignación de los recursos para conseguir la primera finalidad: mantener la salud de la población. Fijándonos tan sólo en los últimos años, desde 2001, las primas de seguros han crecido un 78%, mientras que el incremento de los salarios se ha limitado al 19%. El coste de asegurar anualmente a una familia media en Estados Unidos puede situarse alrededor de 6.000 euros. Todo ello debería servir de aviso a países como España, con una sanidad pública bastante aceptable, para desechar tentaciones privatizadoras como las de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La nueva reforma pretende evitar una de las principales corruptelas que el sistema permitía y, así, impide que las compañías puedan rechazar a un paciente por condiciones médicas preexistentes, o bien que puedan subir las cuotas a aquellos asegurados que contraigan una enfermedad grave. Sin embargo, el cedazo del Senado no ha permitido la creación de un seguro público que compitiera con las aseguradoras privadas. La gestión seguirá siendo privada en su conjunto y resultará, por tanto, muy difícil que los precios se reduzcan y –con toda probabilidad– el coste de la reforma recaerá sobre los contribuyentes, lejos de financiarse mediante la reducción de márgenes de las empresas privadas y de los profesionales.