JORGE CALERO

El Estado del bienestar ha ido ampliando en algunos países (y en el nuestro en buena medida) las zonas de protección a ámbitos que abarcan la vida de los ciudadanos “desde la cuna hasta la tumba”. En este proceso se corre el riesgo de descargar excesivamente de responsabilidad a los individuos. Fue precisamente este uno de los lemas de la revolución neoliberal desde la década de 1980: el Estado sobreprotector anula la responsabilidad de las personas. Convenía, por tanto, poner al individuo más en contacto con el riesgo y la incertidumbre, cosa que suelen hacer exitosamente los mercados. El término live on welfare (vivir de la asistencia social) adquirió en los países anglosajones un marcado carácter peyorativo.

Esta crítica a un Estado del bienestar sobreprotector fue aceptada, al menos parcialmente, por algunos partidos de tradición socialdemócrata. Donde tuvieron oportunidad emprendieron reformas cercanas a la Tercera Vía del laborismo británico. La voluntad de volver a hacer a los ciudadanos responsables de su suerte se tradujo en “políticas de activación”: quien perdía su trabajo dejó de ser un desempleado y pasó a ser buscador de empleo, por ejemplo. En la misma línea vinculada con la responsabilidad se introdujeron exigencias vinculadas a la formación para el mantenimiento de determinadas prestaciones.

Pero el veneno está en la dosis. De una cierta exigencia de responsabilidad, sin duda necesaria, se puede derivar fácilmente hacia la culpa. Y en una situación de crisis como la actual, la culpa empieza a hacerse presente. En realidad, se hace más presente –ya existía–, engarzando con una prevención ideológica contra las prestaciones que se asignan en función de la necesidad y no de aportaciones previas. Ahora que estas prestaciones pasan a ocupar un lugar más central (la necesidad es, también, más central, como sucede en el caso del agotamiento de los plazos de cobertura del desempleo) la estigmatización se vuelve más patente.

Aparecía hace unos días en un periódico un reportaje en el que se efectuaba un seguimiento de una persona que comía en un comedor social. Antes de acudir al comedor había estado, presumiblemente, tomando unas cervezas en un bar cercano. Se trata de un ejemplo extremo en el que se aplica el microscopio a quien utiliza un servicio social con objeto de efectuar una nada sutil inversión de los papeles: la víctima de una situación de necesidad deja de ser víctima y pasa a ser culpable, un parásito del conjunto de la sociedad.

Insisto, el ejemplo es extremo, pero lo he seleccionado porque creo que ilustra una tendencia más general. Creo, además, que la situación actual no permite una banalización ideológica de ese calibre. Es un momento para una comprensión inteligente de las situaciones de necesidad y, también, para aceptar que tenemos mecanismos suficientes para

cubrirlas.

Y resulta difícil resistir la tentación de hacer una pregunta: ¿qué pasaría si nos aplicaran un microscopio semejante a las personas que no utilizamos los servicios sociales?

Jorge Calero es Catedrático de Economía Aplicada