La última tormenta que ha descargado sobre el borrascoso panorama político tiene que ver con la ausencia del Rey en el acto de entrega de despachos de la 69 promoción de jueces de hoy en Barcelona, una decisión tomada por el Gobierno en atribución de las competencias que le otorga el artículo 64 de la Constitución, según el cual todos los actos del monarca han de ser refrendados por el presidente y, en su caso, por los ministros correspondientes. El Rey, como bien hemos aprendido gracias a su emérito padre, es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, y esto es así formalmente porque dicha responsabilidad recae precisamente en los llamados a refrendar cada una de sus acciones.

No deja de sorprender que la escandalera se haya producido porque el Ejecutivo cumpla con su función constitucional y no porque el jefe del Estado se ponga el mundo por montera y por su cuenta y riesgo y sin encomendarse a nadie, en definitiva, porque le ha dado la real gana, haya aceptado presidir un acto sin evacuar la consulta preceptiva a quien debía aprobarlo. Son cosas de este universo paralelo en el que habitamos.

De las razones por las que el presidente del Gobierno ha dicho nones ya se hablará después, pero conviene precisar algunos detalles sobre este refrendo por el que ha de pasar cualquier iniciativa regia. Esta transferencia de responsabilidad, el alejamiento del monarca en un Estado democrático del ejercicio del poder, es lo que fortalece a la institución, que de otra manera se vería envuelta en los avatares políticos y en el cuestionamiento diario. La función de la Corona es la de situarse por encima de la lucha política para ser así capaz de representar a todos en conjunto y no solo a una parte, aunque esta parte pueda parecer muy mayoritaria. Esa misión es la que Felipe VI se pasó por el forro en su famoso discurso de 3 de octubre sobre Cataluña, una losa que sigue pesando sobre su reinado. El Rey debe serlo de todos; también de los independentistas.

En el caso que nos ocupa corresponde al Gobierno evaluar si conviene que el jefe del Estado acuda a Barcelona, presencia que puede ser descartada por motivos de muy diversa índole, como la inminencia del fallo del Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat y las protestas a las que pueda dar lugar durante el desarrollo del acto, por cuestiones de seguridad o, incluso –también por esto- porque interfiera en la negociación presupuestaria que ahora está abierta. Dicho análisis corresponde al Ejecutivo, cuya misión es gobernar y no complacer al Rey, y la de este no es la de ejercer poderes propios de los que constitucionalmente carece sino asumir el papel moderador y arbitral que tiene asignado y que, respeto a Cataluña, incumplió de manera flagrante.

Tan llamativo como considerar humillante el veto a la presencia del Rey en Barcelona en vez de censurar la intención del jefe del Estado de hacer de su capa un sayo, es atribuir al Gobierno la intención oculta de laminar a la monarquía parlamentaria e instaurar en su lugar esa “republiqueta plurinacional” que tanto disgusta a Felipe González, consumado concertista a la hora de dar la nota. González es un monárquico impetuoso al que el campechano padre del actual rey ganó para la causa en esas interminables jornadas en La Mareta, cuando ambos se presentaban allí de sopetón y, con la excusa de hablar de política, procedían a beberse hasta el agua de los floreros en una estancia muy retro, con sus maderas y ojos de buey, a la que por razones obvias se conoce como ‘El bar’. De ahí, posiblemente, su indulgencia con el ‘fugado’.

Sin embargo, en la actitud del Ejecutivo ante este episodio –o, mejor dicho, de la parte socialista del mismo- está la prueba de que dicha intención oculta es más falsa que los billetes de siete euros. Es más, no se conoce precedente en el que un Gobierno haya colaborado de manera semejante en poner a salvo la jefatura del Estado de los presuntos desmanes de su anterior inquilino, prestándose incluso a ocultar su paradero y sufragando a costa del contribuyente el lujoso tren de vida de su comisionista enormidad. Si esta no es la prueba de ‘lealtad’ a la Corona no se sabe bien qué puede serlo.

Más sorprendente aún es la rabieta que los señores jueces, por boca del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, quieren hacer constar por haber sido privados del contacto con la realeza. Sorprende, en primer lugar, porque sus togadas excelencias deberían ser los primeros en conocer el texto constitucional y aceptar sus disposiciones. Pero sorprende más aún que sea esto y no la vergonzante situación del Consejo, cuya renovación sigue bloqueada y con sus miembros en funciones –lo que no les impide proceder a nombramientos que bien podrían ser tildados de ilegítimos- lo que ocupe sus desvelos. Está visto que en los universos paralelos no existe la vergüenza torera.