Que la sentencia sobre el Estatut pudo ser mucho más dura es cierto. No hay más que echar un vistazo a los impresionantes votos particulares de los cuatro magistrados más conservadores. Que el modelo de Estado reflejado en ella contradice y “silencia” la pluralidad de España que respiraba la propia Constitución también es verdad. No hay más que leer el voto particular del magistrado Eugeni Gay. Que el texto final responde a la suma, intersección o coyunta intelectual de Manuel Aragón y Guillermo Jiménez es evidente, puesto que son los únicos dos votos fijos en todos los apartados de la sentencia. Que la última instancia de la Justicia debería aportar luz y no poner oscuro lo que está claro (como hace al referirse a la inmersión lingüística y a la lengua vehicular) es a estas alturas la proclamación de una simple ingenuidad. Que el tribunal, cuatro años después de admitir el recurso del PP, haga públicas sus 881 páginas de conclusiones justo la víspera de la manifestación convocada en Barcelona en defensa del Estatut sólo puede interpretarse desde Catalunya como una provocación. La demagogia política y mediática que se ha derrochado sobre el asunto impide que esa misma percepción se extienda al resto de la ciudadanía española, un “género” (en expresión del propio tribunal) cuya concepción moderna y plural de la convivencia corre serio peligro a la vista de semejante sentencia.