El nuevo presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó una orden ejecutiva cerrando la cárcel de Guantánamo y prohibiendo la tortura.

Muy bien. Pero es sorprendente que el cierre de la cárcel sea sólo para dentro de un año. Y más aún que sea necesaria toda una orden ejecutiva presidencial firmada ostentosamente en público para prohibir la tortura, que ya está prohibida.

Y no sólo está prohibida desde hace siglos por la Constitución norteamericana (“tratos inhumanos y degradantes”, “castigos crueles”), sino que hay además una ley federal de 1994 que especifica que también les está prohibido a los norteamericanos torturar en territorio extranjero. A principios de enero un tribunal de Miami la usó (por primera vez: era una ley sin estrenar) para condenar a 97 años de cárcel al ciudadano norteameriano Chuckie Taylor, hijo del dictador de Liberia Charles Taylor, por torturas cometidas en ese país entre los años 2000 y 2003, cuando dirigía un grupo paramilitar del Gobierno de su padre llamado (ya lo habrá adivinado algún lector) Unidad Antiterrorista. En ese entonces, Donald Rumsfeld era Secretario de Defensa del Gobierno de George W. Bush, que apoyó la toma del poder por Taylor padre y luego apoyó también su derrocamiento.

Pero si traigo a cuento a Rumsfeld no es por eso (simples minucias de la política imperial). Sino porque también él es, como el joven Taylor, ciudadano norteamericano, y también es “personalmente responsable” de torturas en el extranjero: en la cárcel de Abu Ghraib en Irak y en la de Guantánamo en Cuba. No soy yo quien lo dice: es lo que concluyó en noviembre del año pasado, tras una investigación aprobada por votación de 17 a 0, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado norteamericano.

¿Habrá que esperar otra orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama para que a algún tribunal federal norteamericano se le ocurra llamar a juicio a Rumsfeld?

Mucho me temo que esperaremos sentados.