RAMÓN COTARELO

Catedrático de Ciencias Políticas

La democracia, con su tendencia a la polifonía, aunque haya voces que desentonan, muestra la complejidad de ciertos problemas que no se despachan con recetas simples. Así se ve en los tres que más preocupan hoy: la política hidráulica –de recia antigüedad en esta tierra de secarrales–, la inmigración (Vic) y la energía nuclear (Yebra, Ascó) –ambos de estricta novedad–.

Los tres son enrevesados, con efectos contradictorios, suscitan reacciones viscerales en quienes los padecen directamente, sobre todo en coyuntura de crisis, y se enquistan en conflictos que sólo se resolverán, si se resuelven, mediante el debate razonado, propio de una democracia deliberante. Para eso, sin embargo, los interlocutores han de tener sus posiciones claras. Y no es el caso.

El Gobierno y su partido vacilan y se dividen al abordar estas cuestiones. En lo nuclear, su actitud pragmática hoy contrasta con las promesas electorales de ayer, de un ingenuo negativismo; la inmigración hace que dos ministros (Blanco y Rubalcaba) se contradigan de medio a medio, y la cuestión del agua enfrenta a sus organizaciones territoriales.

El caso de la oposición conservadora es mucho más grave. Su discurso es un guirigay, un galimatías. El problema del agua llevará la inquina interna a los tribunales si el presidente popular de Murcia cumple su amenaza de denunciar a la secretaria general de su propio partido. El cementerio que para sí desea Yebra puede ser el de la carrera política de dicha secretaria si se obstina en ejercer una potestad disciplinaria que no posee en exclusiva. La inmigración provoca enfrentamientos dialécticos entre un sector más restrictivo y otro más permisivo del partido, ambos pendientes de su rentabilidad electoral.

Es el caso que ese desconcierto en el Partido Popular no puede resolverse por un pronunciamiento de autoridad, como es querencia de la formación, porque quien ha de ejercerla carece de ella, dada su incapacidad para entender la complejidad de las cuestiones. En el asunto de los cementerios nucleares, Rajoy dice no tener formada una opinión, lo que es asombroso en quien preside un partido inequívocamente pronuclear. En el del agua tampoco tiene criterio o sólo él lo sabe. Su insólita propuesta de reconocer a los inmigrantes ilegales el derecho a la educación y a la sanidad sin necesidad de empadronarlos, por su mera condición humana, ignora que ya los tienen por residentes, no por empadronados. El padrón, mero registro estadístico, no genera derechos, pero separar estos de aquel sí provoca dificultades administrativas innecesarias. En resumen: el presidente del PP no tiene nada que decir o, si lo dice, no sabe de qué habla.

Así las cosas, la deliberación es imposible. Afortunadamente hay más interlocutores en la sociedad civil, en especial en los medios de comunicación. Es necesario que estos aporten argumentos contrastados que ayuden a la clase política a salir de su marasmo, sobre todo los digitales, en los que hay tanta participación ciudadana. Claro que, para ello, convendría que algunos mitigaran su carácter partidista, porque no sirve de nada.