Los ingleses hablan en inglés porque son ingleses. Los franceses hablan en francés porque son franceses. Los italianos hablan en italiano porque son italianos. Los catalanes, en cambio, hablan en catalán “por llamar la atención, por discriminar y por pedir la independencia. ¿Ya es mala suerte, no?” Nuestro genial viñetista Manel Fontdevila no lo podía expresar con mayor acierto en estas mismas páginas el pasado miércoles. El llamado Manifiesto por la lengua común, cuya paternidad se disputan a golpe de firma los periódicos conservadores, ha resucitado unos fantasmas que –curiosamente– asoman sólo cuando la derecha está en la oposición, aunque ningún elemento más haya cambiado en el paisaje político, social, educativo o lingüístico. En su día, tocaba sacar a pasear los enigmas del 11-M, el diálogo con ETA o el Estatut. Ahora, toca sacar la lengua como eje del debate y cerrar los ojos a la realidad.

Hasta donde alcanza nuestra casi infinita ignorancia, no existe un solo dato que sostenga la afirmación de que el castellano corre altos riesgos en Catalunya, Euskadi, Galicia, Valencia o Baleares frente a los idiomas autóctonos de esas comunidades. Más bien, al contrario. Lingüistas, pedagogos y sociólogos sin carnet ideológico alguno coinciden en señalar las dificultades que afronta el uso de esas peligrosísimas lenguas. Puestos a preocuparnos por el futuro del castellano, las alarmas provienen mucho más diáfanas del inglés, de Internet o del lenguaje de los teléfonos móviles que de los nacionalismos periféricos.

Cafres hay en todas partes, seguramente en proporciones demográficas similares en Catalunya, Huelva o León. Para frenar las ocurrencias paletas, están la Constitución, los tribunales y el sentido común. De este último ingrediente, se echan de menos cantidades industriales entre quienes son incapaces de mirarse al espejo y descubrir un nacionalismo español y centralista tan paleto o más que el de los acusados por el mentado manifiesto y por sus ilustres propagandistas.

Sostienen que “son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios, ni mucho menos las lenguas mismas”, argumento muy razonable si al mismo tiempo no se defendiera la preeminencia del castellano como “lengua política común”, sin importar al parecer una higa que las otras lenguas cooficiales existieran antes que la propia España. Sin aceptar tampoco la cooficialidad y el plurilingüismo que establece la propia Constitución, cuya reforma reclaman. Sin ofrecer, por ejemplo, una alternativa al modelo lingüístico catalán, cuyo funcionamiento durante más de 25 años no es perfecto, contiene errores y hasta algún disparate, pero que en ningún caso ha supuesto un debilitamiento del castellano. ¿Prefieren la división entre escuelas que sólo enseñen en castellano y otras que sólo usen el catalán? ¿No les preocupa el riesgo de sembrar guetos que sólo podrían saltarse quienes más recursos tengan?

La tensión

Si algo ha quedado demostrado en política durante los últimos doce años es que los nacionalismos más radicales en Catalunya, Euskadi y Galicia ven crecer su apoyo en la misma medida que se intensifican los discursos genuinamente españolistas. Por el contrario, perdieron fuelle electoral durante la primera legislatura de Aznar (en minoría y dialogante) y en los últimos cuatro años de Zapatero. Así que más allá de la sana intención de escritores, cantantes, deportistas y toreros que firman documentos “en defensa del español”, cuesta entender la eficacia a medio plazo de la evidente intencionalidad política de esta campaña. Tensiona, que algo queda.