Una de las principales causas del desprestigio que sufre el Tribunal Constitucional es el hecho palmario de que la institución creada para garantizar el cumplimiento de la Constitución contravenga reiteradamente su letra y espíritu. Tardar más de tres años (como hizo el Senado) en sustituir a magistrados cuyo ejercicio la propia carta magna establece para “un periodo de nueve años” con la renovación del Tribunal “por terceras partes cada tres años” es inconstitucional. Lo dice el sentido común aunque el TC no pueda dictar tal sentencia. En un gesto sin precedentes, tres magistrados (Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera y Javier Delgado) han decidido renunciar al puesto seis meses después de haber cumplido sus mandatos a propuesta del Congreso. En su carta de dimisión, el hasta ahora vicepresidente Gay desvela que en múltiples ocasiones expresó ante sus compañeros la sensación de “formar parte de un Tribunal secuestrado”. Ese tribunal, con una plaza vacía por fallecimiento y otras tres caducadas, decidió sobre asuntos tan trascendentes como el Estatut. Las dimisiones honran a quienes las ejercen aunque no hayan sido aceptadas por Pascual Sala, presidente del TC. El gesto coloca a PSOE y PP ante algo tan obvio y exigible como es el cumplimiento de su obligación constitucional. Muy especialmente en el caso del PP, cuyas dilaciones y maniobras han sido evidentes con el objetivo de mantener el peso conservador en el TC al margen de las mayorías electorales.