Francisco Balaguer

Catedrático de Derecho Constitucional

Nadie mejor para explicar el significado de este vocablo inglés –que define un hallazgo fortuito– que el instructor de la causa contra Garzón por los pagos de Nueva York: buscando “prevaricación” ha encontrado “cohecho impropio”. Un hallazgo peculiar, si tenemos en cuenta que uno de los implicados en la Gürtel acaba de ser declarado inocente de ese delito. El Tribunal Supremo (TS) nos está acostumbrando a esta técnica: en el proceso contra Garzón por las escuchas, buscando proteger el derecho de defensa, ha creado zonas de impunidad en nuestro sistema jurídico (consejos editoriales de 10 y 26-03-2010). Para ello, ha realizado una interpretación del artículo 51.2 LOGP que impide al juez intervenir las comunicaciones entre los presos y sus abogados –salvo en los casos de terrorismo–, lo que sólo es aceptable si partimos de la absurda premisa de que no es posible la existencia de abogados corruptos.

En el proceso contra Garzón por investigar los crímenes del franquismo, cuya nulidad ha rechazado, es difícil saber qué busca el TS. Lo que sí sabemos es lo que está encontrando. En el ámbito internacional, un desprestigio terrible para una institución que no merecía ese descrédito. En el plano interno, la indignación creciente de amplios sectores de la ciudadanía. Por mucho que el TS quiera darle una apariencia jurídica a este proceso, estamos ante un ejercicio jurisdiccional de poder político. Lo que el TS va a decidir no afecta a la titularidad de un inmueble o a la validez de un contrato, sino a las convicciones de millones de personas dentro y fuera de España. Es comprensible que, por el modo en que se ha desarrollado el proceso, esté comprometiendo la legitimidad del TS y amplificando la dimensión simbólica de la figura de Garzón.

Así pues, el TS se está especializando en conseguir resultados inesperados. Para describir la situación, podemos recurrir a las palabras del instructor Varela, que le imputó a Garzón lo que, en realidad, se puede atribuir al TS: la sinrazón de unos procesos “cuya artificiosa incoación supone desconocer los principios esenciales del Estado de derecho”. Pase lo que pase con Garzón, en esta historia ya hay un perdedor: el Tribunal Supremo.