Hay que ser juez y de Bilbao para tener los bemoles de reclamarle a una multinacional de la envergadura de Électricité de France (EdF) que se deje de marear la perdiz y diga a las claras cuáles son sus planes para Iberdrola. No a través de la CNMV, que para eso está, sino de los dos periódicos nacionales de mayor difusión, del principal diario económico español, del Financial Times y del The Wall Street Journal. Sólo así, según el auto conocido esta semana, el mercado podrá enterarse de las verdaderas intenciones de la empresa gala y se atenuarán los perjuicios derivados de la incertidumbre que rodea de un tiempo a esta parte el futuro de Iberdrola.

¿Y qué es lo que debe revelar públicamente EdF? Pues nada menos que si ha iniciado o está preparando la toma del control de Iberdrola o de alguna de sus sociedades, mediante la compra de acciones, valores convertibles o derivados; si su objetivo es el desmembramiento de la compañía o el reparto de activos, y, en fin, si todo eso lo piensa hacer en solitario o “concertada con otros”, en velada alusión a la ACS de FLORENTINO PÉREZ, la familia MARCH y los ALBERTOS, a quienes desde el principio se les ha atribuido el papel de caballo de Troya de la operación.

El juez, que se llama EDORTA JOSU ETXARANDIO HERRERA y que en 2006 dictó una de las primeras sentencias favorables al canon digital, no se limita a reclamar a EdF una transparencia completamente inusual en el mundo de los negocios y de difícil observancia. También pretende que cese de inmediato “en la realización de declaraciones ambiguas y en la difusión de informaciones contradictorias” relativas a su interés por el negocio de Iberdrola, al entender que obstaculizan la buena marcha de la eléctrica española y violan “la exigencias objetivas de la buena fe entre competidores”.

El auto del titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao ha sido recibido con regocijo por el equipo de IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN, que solicitó estas medidas cautelares, y con frialdad por los máximos responsables de EdF. Éstos también tienen buenos abogados y saben que pueden pasar meses hasta que el complimiento de la resolución judicial sea inevitable. Para entonces, Iberdrola puede ser suya o quizás los franceses, hartos de tantos impedimentos, hayan decidido irse ya con su dinero a otra parte.