Cuando fui a Phoenix, allá en 1994, quedé impresionado por el egoísmo de la oligarquía local: trataba de arrebatar a los yavapai las aguas del río con el que regaban sus huertas en la mísera reserva india de Fort McDowell, con el fin de alimentar los campos de golf de Scottsdale, y protestaba airadamente de que los parques naturales de Arizona le impedían explotar adecuadamente los recursos de esos bosques, que en su día fueron arrebatados a los apaches a sangre y fuego.

Tanto espanto me causaron entonces aquellos ejecutivos agresivos con aires filonazis, que nada me ha sorprendido ahora la ley anti inmigrantes firmada por la gobernadora, Jan Brewer. Puesto que en ningún otro Estado de la Unión me había topado con semejante insensibilidad hacia los desfavorecidos, tamaña insolidaridad con los desheredados.

Lo que de verdad me asusta ahora es que el despiadado gesto del Estado del Gran Cañón está instigando medidas idénticas contra los espaldas mojadas en Texas, Utah, Georgia, Ohio y hasta Maryland, bien alejada de las fronteras.

Dice la gobernadora Brewer que la seguridad de sus conciudadanos está en peligro por “la avaricia asesina de los narcotraficantes”, como si ese fuera un fenómeno foráneo, un veneno extranjero que sólo beneficia a los bárbaros del sur. Pues resulta que esa codicia se sustenta en el descomunal consumo de drogas de los estadounidenses, que los que se enriquecen son los cárteles teledirigidos desde EEUU y que los asesinos usan armas made in USA cuya venta es un gran negocio en Arizona. Así que, claro, hay que perseguir a los miserables.