Fernando Fernández Miembro del Consejo Editorial de la revista Soberanía Alimentaria y asesor del CMRM y el GP de Podemos en el Congreso

La tierra ha sido y es uno de los factores que más ha movilizado a los pueblos a lo largo de la historia. La lucha y resistencia de los campesinos y campesinas por la tierra sigue siendo una constante desde Honduras a Brasil, desde Filipinas a la India y desde Palestina hasta Mozambique, y es que la tierra no es un simple bien patrimonial, sino que representa una construcción social sobre la que las familias campesinas construyen un modelo de vida y un modo de ser y hacer en el mundo. Lejos de considerarlo como un reclamo propio de otros pueblos, esta demanda se hace presente también en las reivindicaciones de las organizaciones agrarias europeas y españolas, y es que, en Europa, según datos de EUROSTAT de 2012, el 3 % de las explotaciones agrarias controlan el 51 % de la tierra mientras que el 81% de los pequeños agricultores y agricultoras poseen tan solo el 14,7 % de la tierra agraria. Esta realidad de concentración de la tierra en pocas manos aumenta, y así, en los últimos 10 años, los pequeños agricultores y agricultoras han perdido el control sobre el 17% de las tierras europeas. En España la agricultura familiar ha pasado de controlar el 15 % de la tierra a tan solo el 7 %. En los últimos 10 años han desaparecido 989.796 explotaciones agrarias, es decir, 82 explotaciones por día. La falta de unas relaciones justas de intercambio en el seno de la cadena de valor, la competencia por los usos del suelo primando la explotación minera, energética, turística o inmobiliaria frente a la agricultura, la especulación ligada a la inversión sobre la tierra, el acaparamiento de tierra por parte de grandes agroindustrias, la amenaza constante de grandes infraestructuras de comunicación que no siempre responden a intereses generales, o la orientación productiva hacia los monocultivos son algunas de las amenazas que pesan sobre la agricultura familiar y social. Pero no podemos olvidar que vivimos en un país donde la injusticia estructural sobre la propiedad de la tierra persiste desde tiempo inmemorial y es que 1.097 fincas poseen el doble de tierra que las 503.082 explotaciones agrarias más pequeñas. Detrás de esta injusta distribución de la tierra hay nombres propios que siguen resonando, como Juan Abelló (que posee más de 58.000 ha de tierra), la Casa de Alba (con más de 34.000 ha), Mora-Figueroa y Domecq (con más de 25.000 ha), José María Aristrain (con más de 28.000 ha), la familia Botín (con tierras que superan las 25.000 ha). Todas estas propiedades permanecen ocultas bajo sociedades mercantiles y todas ellas reciben ayudas de la PAC (que alcanzan los 2,9 millones de euros al año, como es el caso de la ayuda que recibe la Casa de Alba), y es que es evidente que la Política Agraria Común, con su lógica, consolida la propiedad de la tierra al adjudicar una renta fija tan solo por ser propietario. Los datos hablan por sí mismos y revelan una situación radicalmente injusta que es necesario abordar. Urge volver a situar la tierra dentro de la agenda política agraria. Necesitamos una política de tierras acorde con una nueva política agraria que favorezca y apoye un modelo productivo social y sostenible, que ponga en valor la tierra como bien común al servicio de la sociedad para producir alimentos saludables y hacerlo de manera sostenible. Las propuestas políticas son creativas e innovadoras y conectan con una parte de la sociedad rural y urbana que pretende que los pueblos sean espacios de vida para construir futuro. Proteger el suelo agrícola con figuras como los parques agrarios o las redes de custodia del territorio, poner en marcha una acción protectora sobre el patrimonio agrario público, desarrollar experiencias como bancos o fondos de tierra, revisar los tipos contractuales para que favorezcan al poseedor y no al propietario, aplicar una fiscalidad adecuada a la gran propiedad latifundista, reorientar las ayudas de la PAC hacia las pequeñas explotaciones y poner un límite máximo de ayudas que se puedan percibir, modular las ayudas con criterios sociales y ambientales… es decir, hacer política sobre la tierra para poner el bien al servicio del pueblo.

Articulo extraido del Boletín del Día Internacional de la Tierra 2016.