En julio de hace dos años, uno de los especialistas nacionales en banca de negocios, SANTIAGO EGUIDAZU, declaró que la situación de la vivienda en España, entonces todavía en subida libre, era insostenible. Por eso, el futuro, en su opinión, no admitía dudas: el mercado, predijo, “caerá y se saneará”.

Cinco meses después, en diciembre de 2006, la boutique financiera que preside Eguidazu, Nmás 1, asesoró a Habitat en la compra de Ferrovial Inmobiliaria por de 2.200 millones de euros. Una operación que acabaría como el rosario de la aurora por culpa, precisamente, de la dureza del cambio de ciclo que el propio Eguidazu con tanto tino había pronosticado.

Gracias a sus buenos oficios, Ferrovial se quitó de encima una división que ya sólo podía darle disgustos y se la endosó a la empresa controlada por BRUNO FIGUERAS y JOSEP PUJOL. La mediación de Eguidazu no merecería en esta historia ni una modesta anotación a pie de página si no fuera por un pequeño detalle, y es que, aunque se ausentó de las reuniones en que se trató la venta, él forma parte de consejo de administración de Ferrovial.

Los trabajadores de Habitat, sobre los que pesa un expediente de regulación de empleo que afecta a 500, incluyendo los de Don Piso, están haciendo hincapié en esta circunstancia para demostrar el carácter fraudulento que, según ellos, tuvo el traspaso de Ferrovial Inmobiliaria. Curiosamente, su punto de vista es similar al de algunos de los accionistas minoritarios de Habitat, como JOSÉ ANTONIO CASTRO, dueño de Hesperia, y DOLORES ORTEGA, sobrina del fundador de Inditex, que se han querellado por estafa.

Habida cuenta de las serias dificultades de su empresa, el objetivo de la plantilla es involucrar en la solución del problema a Ferrovial. Desde la empresa se insiste en que era la hondura de la crisis era imprevisible. Además, los DEL PINO han facilitado la refinanciación de la deuda de Habitat, mediante la conversión de un crédito subordinado en participativo y la compra de terrenos.

Los trabajadores aducen que esa aportación, cifrada en unos 325 millones de euros, sólo pretendía retrasar una eventual suspensión de pagos, ya que, si ésta se produce antes de que se cumplan dos años desde el cambio de propiedad de Ferrovial Inmobiliaria, los tribunales podrían anularlo.