ANTONIO IZQUIERDO

Catedrático de Sociología

Los ciudadanos entrevistados telefónicamente están de acuerdo con la integración de los inmigrantes. Según el Publiscopio publicado el pasado sábado en este diario, son más los ciudadanos que se muestran partidarios de que todos se empadronen. De ese modo habrá inmigrantes en situación irregular, pero no invisibles ni indocumentados. En otras palabras, los encuestados rechazan una política de exclusión y prefieren tener vecinos que estén atendidos en sus necesidades básicas a extraños que se hallen socialmente marginados.

La pesquisa fue levantada en plena ofensiva contra el empadronamiento y es probable que una parte de los interrogados camufle sus rechazos para quedar bien en la foto. Sin embargo, la diferencia de puntos entre los favorables a la inscripción y la de aquellos que rechazan esta obligación legal y moral es suficientemente amplia (50% frente a 34%) para darla por buena. Y se agranda más aún cuando se trata de asegurar la asistencia sanitaria y el acceso a la educación a los hijos de los inmigrantes en situación irregular.

Sólo hay una pregunta que nos divide en dos mitades. Cuando se nos interroga acerca del grado de saturación. En ese punto, se responde con convicción (es la respuesta con menos no sabe y no contesta) que no podemos aceptar más inmigrantes. Esta idea resume el conjunto de la encuesta, a saber: medidas de integración para los que ya están aquí, pero puertas entornadas para los que estén dispuestos a venir.

El Publiscopio da un paso más y pregunta cuál es el grado de acuerdo con la política de inmigración de Rodríguez Zapatero y de Rajoy. Sólo un 30% de los entrevistados está conforme con la política del presidente del Gobierno y sólo un 21% con la del líder del Partido Popular. El resultado es claro: alrededor del 43% está en desacuerdo con la de uno y otro. Probablemente porque no se ve la diferencia y eso quiere decir que no se explican bien y que no son tan distintas. En política, lo que se percibe es lo que importa.

¿Qué apoya el electorado? Al parecer sostiene que la integración es el principio que debe vertebrar la política de inmigración, pero es consciente de las limitaciones actuales y plantea la necesidad de atemperar los flujos estableciendo criterios de admisión. En definitiva, se opta por un modelo mixto compuesto de ciudadanos inmigrantes y de mano de obra temporal. Un escenario social en el que se combine el arraigo familiar con los trabajadores de ida y vuelta.

La disyuntiva está entre un “modelo de inmigración irregular”, que es el que predican los partidarios de no empadronar a quien pierde el empleo, o bien un “modelo mixto”, que armoniza habitantes con trabajadores ocasionales. Los encuestados saben que la inmigración no es una hoja volandera y que para la convivencia es más rentable tener vecinos con derechos que papeles para pocos. Los consultados están en contra de iniciativas políticas cuya consecuencia sea la de aumentar la zona oscura de la clandestinidad. La mayoría apuesta por una política de inmigración que aminore los riesgos de exclusión y repudia la política de extranjería que los agranda.