FRANCISCO BALAGUER CALLEJÓN

A diferencia de lo que ocurre en los regímenes autoritarios, en un sistema democrático la verdad no es negociable. La verdad importa, porque marca una frontera insalvable entre los súbditos que pueden ser engañados y manipulados y las personas que integran una ciudadanía consciente y libre. La verdad tampoco depende de los resultados electorales de los partidos, porque en un Estado de Derecho no se pueden validar con votos actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

Conocer la verdad es un derecho inalienable e irrenunciable que forma parte de la esencia misma de la democracia.

Quien recuerde el nulo valor de la verdad en el franquismo se acordará también de hasta qué punto se ocultaba, se desfiguraba, se transformaba y se manipulaba todo lo que fuera necesario para mantener a la población en la ignorancia. En general, en todas las dictaduras, cuando algún escándalo se salta el filtro de la censura, la maquinaria del régimen se pone en marcha, haciendo que los culpables de los casos de corrupción aparezcan como víctimas inocentes de conspiraciones diversas y los que se habían atrevido a denunciarlos como los auténticos culpables.

La reacción del PP frente al caso Gürtel, con su permanente intento de desacreditar al juez instructor y a los testigos y su defensa selectiva de algunos de los implicados, nos plantea la inquietante cuestión de qué pervive del franquismo en nuestro sistema político. Una pregunta importante, porque un sistema democrático supone mucho más que elegir cada cierto tiempo a las personas que nos representan en las instituciones. Para empezar, en una auténtica democracia no son aceptables comportamientos propios de los jerarcas de un régimen autoritario. Un partido democrático tiene que respetar los procedimientos judiciales, no puede cuestionar públicamente los testimonios que obran en los Autos y no debe utilizar los medios de comunicación para desacreditar a los jueces y tribunales.

Pero la verdad termina imponiéndose, porque forma parte de la lógica de la democracia. El frío relato de los hechos del Auto de Garzón del 31 de marzo contiene una descripción pormenorizada con cifras y datos que –por su detalle– componen un retrato de la corrupción en nuestro país: facturas de hoteles, apartamentos y viajes, coches caros y otras dádivas que se suman a las ya conocidas de trajes de lujo. La cuestiones que ahora se plantean son importantes no sólo para el PP, sino para el conjunto del sistema democrático: ¿va a seguir el PP amparando selectivamente a una parte de los implicados en el caso Gürtel?¿va a seguir obligando a militantes y cargos públicos honestos a identificarse con ellos, pese a los indicios que obran en el sumario?

Hasta ahora, el único que ha tomado medias seriamente en el asunto Gürtel –aparte del juez instructor– ha sido el sastre que confeccionó los trajes del presidente Camps. Alguien más tendrá que tomar medidas en el PP para trasladar a la opinión publica una imagen de respeto a la verdad y de tolerancia cero con la corrupción.

Francisco Balaguer Callejón es catedrático de Derecho Constitucional