En apenas un mes, los madrileños han descubierto que Cristina Cifuentes había falsificado su curriculum con un falso máster y, a través de un vídeo, que padece cleptomanía. Mucho más allá de la guerra subterránea de la banda de los cuatro bandoleros que han presidido Madrid en casi un cuarto de siglo– el melómano, la condesa, el chino y la rubia, por sus alias– parece bastante probable que hoy estemos asistiendo a las primeras explosiones que preceden a una voladura controlada de Rajoy por causas que desbordan el sucio escenario madrileño. Cuando, como ocurre en los últimos meses, se superponen una crisis en el PP con otra en el Gobierno y una tercera en el Estado, es la hora de las cloacas y los servicios.

Cuando se escucha a Dolores Cospedal afirmar, "que tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros", la primera pregunta que suscita es: ¿quiénes son los nuestros?, porque es obvio que más de uno en el Partido Popular afirma, "ya no sé si soy de los míos". Es obvio que, desde la aplicación del 155, se han ido envenenando los sueños políticos del PP. Unos, como la misma vice Soraya, buscan superarlo; otros, como la secretaria general, intenta mantenerlo. Lo que pasa por facilitar o no la formación de un gobierno nacionalista catalán. Los primeros pueden contar con el apoyo del PNV, los segundos con el creciente sostén de Ciudadanos. Ese equilibrio interno lo acaba de desequilibrar Rajoy con el pre-pacto, pendiente de la finalización del 155, con Urkullu.

Casi al mismo tiempo en que el vasco Andoni Ortúzar cerraba la prenegociación con Rajoy, empezaba a circular uno de los vídeos más degradantes del último medio siglo, si hacemos excepción del que, desde instancias próximas a los socialistas, se montó contra Pedro J. Ramírez en 1996. Si aquel era una vendetta personal del brazo político del terrorismo de Estado, éste es mucho más que un ajuste de cuentas personal con Cifuentes, por cuanto incide en la batalla interna que se libra hoy tanto en el Gobierno como en el Estado. De hecho, es toda una clara advertencia a la Moncloa, si en el mes que resta cumple lo acordado en Cataluña con el PNV. O, lo que es lo mismo, si hace mutis por el foro cuando el parlamento catalán vaya a votar en mayo un nuevo gobierno nacionalista.

El Estado está abierto en canal ante la cuestión nacional. Tanto la explícita con Cataluña, como la implícita con Euskadi. Múltiples datos lo reflejan. La Guardia Civil contra Hacienda, el coronel de la UCO cuestionando al ministro Montoro, y la Audiencia Nacional reviviendo el viejo Tribunal de Orden Público y el llamado Poder Judicial, con el magistrado Pablo Llarena al frente, sustituyendo de facto al Poder Ejecutivo en la comunidad catalana. Todo un cuadro muy conflictivo agudizado por la inesperada respuesta de Alemania, madrina de Rajoy, sobre Carles Puigdemont que, después de desembocar en la internacionalización del reto de la Generalitat, exige abrir un diálogo entre Madrid y Barcelona.

En el fondo de esta triple crisis subyace el único factor constante de la actual coyuntura política, Ciudadanos. El potente nacionalismo preconstitucionalista de Albert Rivera, en progresión geométrica en toda España, convierte en variables a todos los demás factores, dado que considera todo acuerdo con el nacionalismo catalán o vasco un grave error que reproduciría el habido, según Aznar, que tanto tiene que ver en esta situación crítica, durante los años de la transición. Ciudadanos, generalizando su propia experiencia en Cataluña desde 2006, cree que es hora de meterlos en cintura. O Rajoy rectifica, o el PP podría reeditar el dramático descenso a los infiernos electorales que ya hizo la desaparecida Unión de Centro Democrático. En esa estrategia, Cifuentes no es más que un primer torpedo en la línea de flotación del PP.

En los próximos treinta días, sabremos si hay gobierno catalán, con el nihil obstat de Rajoy, si se deroga ipso facto el 155, y si el PNV vota finalmente los Presupuestos Generales del Estado, ahora en trámite. Entonces conoceremos también, muy probablemente, si la presente voladura controlada de Rajoy terminará en un nuevo pacto con Rivera, bajo las premisas ideológicas citadas de Ciudadanos, o si , por el contrario, pasará a ser una voladura descontrolada de todo el Partido Popular con el ascenso definitivo de Rivera. Lo que está en juego, en última instancia, es si la presente involución democrática en curso se consolidará con la ruptura de aquel pacto territorial, firmado con los nacionalistas en la Constitución de 1978, que Rajoy trata de evitar. Pero la pregunta obligada es si está en condiciones de pagar nuevas facturas como la de Cifuentes, que no tardarán en llegarle si se atiene a su compromiso con Urkullu.