ALFONSO EGEA DE HARO

Profesor de Ciencia Política

Señalaba Albert Hirschman que los miembros de una organización tienen dos opciones para reaccionar ante el incumplimiento reiterado de sus expectativas: salida o voz. Esto es, optar por salir de la organización o intentar cambiarla desde dentro. La elección de una u otra dependerá del nivel de lealtad hacia la organización, que puede retardar la opción salida y favorecer el uso de la voz.

Pero esa elección dependerá también de la estrategia de las propias organizaciones que pueden anticiparse a esta reacción de sus miembros y habilitar, así, mecanismos de voz para canalizar el descontento y hacer menos probable la salida. En el caso de la Unión Europea, la opción salida no es realista. Quizás, por ello, se ha apelado tradicionalmente a la lealtad más que a los mecanismos de voz. En cualquier caso, parece que la lealtad, aun pudiendo limitar los deseos de ejercitar la opción salida, no es suficiente para activar la voz de los ciudadanos.

En este contexto es en el que se está concretando la iniciativa popular europea, esto es, la posibilidad de que un millón de ciudadanos puedan someter a la consideración de la Comisión una propuesta que entre en el marco de sus competencias. No se trata pues de elevar una iniciativa popular al voto del Parlamento Europeo, con la consiguiente aprobación de una ley. Tampoco aspira a convertirse en una carta a los Reyes Magos en la que se pueda pedir la elección directa del presidente del Consejo Europeo, la creación de una Hacienda europea o la europeización de determinadas políticas nacionales y viceversa. Incluso una de las campañas mejor organizadas a nivel europeo (con más de un millón de firmas), la que pretende la unificación de las dos sedes del Parlamento Europeo –que cuestan a los ciudadanos europeos 200 millones de euros (el 15% del presupuesto parlamentario)– queda fuera del objetivo de esta iniciativa.

Sin embargo, no es un instrumento que nazca vacío de contenido. Piénsese en el debate que generó la directiva de retorno ilegal de inmigrantes, la de las 65 horas o cuestiones más recientes como el proyecto de tratado antifalsificación (ACTA), que son silenciadas interesadamente. La iniciativa popular puede servir para recuperar estos temas olvidados o aquellos que son tan invisibles como importantes. Del uso que se haga de esta iniciativa dependerá que sigamos siendo sujetos leales pero ahora, también, con voz.