Le salen

Francisco Moreno, Ramiro Obedman y Juan Carlos Barba

Miembros del Círculo de Economía, Ecología y Energía de Podemos

Podemos ha irrumpido en el escenario político con una serie de propuestas que la mayor parte de los analistas consideran bien intencionadas, ya que permitirían paliar el impacto que la crisis ha tenido sobre los sectores más vulnerables de la sociedad. No obstante, estos mismos analistas serios y rigurosos nos alertan de que las propuestas heterodoxas de Podemos requieren ingentes recursos para ser financiadas, y por tanto provocarían un incremento descomunal del déficit público y de la deuda. Esto dispararía a su vez la prima de riesgo por encima de los niveles que nos quitaron el sueño durante los últimos meses del gobierno de Zapatero y durante la primera mitad de la legislatura de Rajoy y, en un efecto bola de nieve, las cantidades que habría que pagar en concepto de intereses a nuestros prestamistas, lo que requeriría a su vez más déficit y más deuda para financiarlos a unos tipos cada vez más altos. En fin, una pesadilla.

Por el contrario los “bien intencionados” economistas de Podemos, en una suerte de discurso propio de la lechera de la famosa fábula, repiten una y otra vez que todas sus fantásticas medidas se financiarían llevando dos indicadores económicos a los niveles medios de la Unión Europea: la presión fiscal (demasiado baja en España) y el fraude fiscal (demasiado alto).

¿Tiene algún fundamento la argumentación de los economistas de Podemos frente al consenso generalizado de los medios serios y rigurosos? ¿Hay alguna base para pensar que es posible recaudar más o reducir el fraude? Y si fuésemos realmente capaces de recaudar más, ¿tiene sentido pensar que la recaudación adicional permitirá sufragar tantas buenas causas? En un ejercicio previo a los pertinentes estudios econométricos o a las necesarias memorias económicas que en su caso tendrá que elaborar el Ministerio de Hacienda, ¿se ha hecho alguna estimación del coste de las medidas que plantean y se ha contrastado con la supuesta recaudación adicional? ¿Alcanzará la “plata”?

Ingresos adicionales o de dónde estos muchachos pretenden sacar la pasta

Vayamos paso a paso. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo de recaudación adicional de los economistas de Podemos? Aproximadamente 92.000 millones de euros. ¿De dónde deberían salir? De equiparar la presión fiscal española (que en 2013 fue de un 37,8% del PIB) a la media de la Eurozona (un 46,8% del PIB también en 2013). Podemos no aspira por tanto a converger con Suecia, Finlandia o cualquiera de esos países escandinavos con presiones fiscales altísimas, sino con el promedio de los países que utilizan el euro. No parece un objetivo descabellado, más bien cabría considerarlo de sentido común: recaudar aproximadamente lo mismo para disfrutar servicios públicos de calidad similar.

Bien, pero, ¿cómo lo hacemos?.¿Qué propuestas concretas plantea Podemos para conseguirlo?

1. Reducir el fraude fiscal a los estándares europeos. Para ello Podemos plantea una medida muy simple: incrementar el número de inspectores de hacienda. En España se dispone de un inspector por cada 1.958 habitantes, frente a los 942 de Francia, los 740 de Alemania y los 574 de Luxemburgo. No parece extravagante pensar que si ponemos más inspectores a perseguir a los que defraudan será posible reducir el fraude. Además, estima el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, que el 72% del fraude fiscal está concentrado en las 3.000 mayores empresas y fortunas, lo que debería ser una ventaja ya que es posible poner foco en un sector muy acotado de los contribuyentes.

Podemos tendrá que apoyar con firmeza a los técnicos de Hacienda, de modo que no se repitan espectáculos como el de la inspectora cesada por intentar imponer una sanción millonaria a la multinacional Cemex.

Para que estos recursos adicionales sean aún más efectivos Podemos tendrá que impulsar una serie de reformas legislativas que refuercen la capacidad inspectora, tales como la ampliación del límite máximo del procedimiento inspector para grandes empresas (un año ampliable a dos en la actualidad, insuficiente dada la sofisticación de los delitos cometidos por las grandes corporaciones) o la ampliación también del plazo de prescripción de los delitos fiscales. Asimismo tendrá que apoyar con firmeza la labor de los técnicos del Ministerio de Hacienda, de modo que no se repitan espectáculos bochornosos como el acontecido a finales de 2013 cuando una inspectora fue cesada por intentar imponer una sanción millonaria a la multinacional mexicana Cemex.

Si todas estas medidas resultaran efectivas y convergiéramos con Europa en porcentaje de fraude fiscal, este pasaría del 25% al 15% del PIB, lo que según estima Gestha permitiría recaudar aproximadamente 34,400 millones de euros adicionales. Pero, ¿de dónde saldrían los restantes 57,600 millones?

2. Incrementar los impuestos con criterios de progresividad y equidad. En esto momentos el grueso de la carga fiscal en España descansa sobre las clases medias a través del IRPF, que grava fundamentalmente el trabajo asalariado, y el IVA, que trata a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su renta. Otras figuras impositivas han ido desapareciendo o han reducido de forma sustancial su participación en la tarta recaudatoria. Es el caso de los impuestos de sucesiones y patrimonio. En lugar de eliminarlos resulta necesario una actualización de los mismos para gravar de forma justa a las grandes fortunas, y que estos impuestos cumplan su función social y económica redistributiva.

El impuesto de sociedades se ha visto mermado mediante toda una serie de deducciones que reducen el tipo general del 30% a un tipo efectivo del 10% (de los más bajos entre los países desarrollados) y que entre las 3.000 mayores empresas se sitúa en el 3,5%. Asimismo los “ajustes por consolidación” que según el Informe Anual de Recaudación Tributaria de 2013 experimentaron un incremento anual de casi 30.000 millones de euros con respecto a 2012, hasta alcanzar los 69.220 millones de euros, reflejan una potencial elusión fiscal en torno a los 20.000 millones de euros.

Las rentas del capital constituyen otro foco de injusticia fiscal palmaria, pues mientras el tipo impositivo máximo para las rentas del trabajo se sitúa en el 45%, las rentas del capital, independientemente de su cuantía, tributan a un tipo máximo del 21% y en el caso de las SICAV se quedan en un insignificante 1%. Reducir la diferencia en el tratamiento fiscal entre unas y otras rentas, tal como ha hecho David Cameron en el Reino Unido, no parece un experimento revolucionario.

También el IRPF es susceptible de mejoras de calado, que van desde un incremento de la progresividad, introduciendo más tramos que permitan gravar en mayor medida a las rentas altas, hasta la supresión de desgravaciones tales como las aportaciones a planes de pensiones privados, que tienen un coste elevado en términos de recaudación y únicamente benefician a las rentas medias y altas.

En definitiva, es razonable concluir que la legislación fiscal en nuestro país presenta toda una serie de ámbitos de mejora entre los cuales los mencionados anteriormente constituyen solo una serie de ejemplos. Existe en nuestro entorno geográfico y político toda una legislación y experiencia práctica de la que es posible nutrirse para adoptar los mejores estándares que permitan a nuestro país converger con el resto de los países que comparten el euro. Recuperar ese 5-6% del PIB en ingresos fiscales sería por tanto un objetivo alcanzable siempre que exista voluntad política para llevarlo a cabo, más allá de las evidentes resistencias con las que se enfrentará el gobierno que lo impulse. En cualquier caso, de nuevo, hablamos de medidas razonables que nos acercan a lo mejor de la identidad europea, y en ningún caso de quimeras irresponsables que pongan en riesgo la estabilidad económica.

Incremento de los gastos y la inversión o de los quijotescos lances en los que pretenden embarcarnos

Bien, nos hemos convertido en ejemplares ciudadanos europeos que pagan sus impuestos. A ello nos ha ayudado un reforzado cuerpo de inspectores fiscales que cuenta con todo el apoyo de la ley y del ejecutivo. Nuestros millonarios se han visto poseídos por el espíritu de Warren Buffet y han decidido colaborar con la patria en función de su capacidad económica, al igual que las grandes empresas en aplicación de sus modernas políticas de Responsabilidad Social. A ambos les ha ayudado también la profunda reforma fiscal a la europea implantada por el nuevo Gobierno de Podemos. No obstante todos sabemos ya a día de hoy que esos 92.000 millones no van a dar ni para empezar. Cualquiera de las disparatadas medidas que emprenderán los ministros del joven gobierno arrasará con esos ingresos adicionales.

Podemos plantea nacionalizaciones para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Es paradigmático el caso del sector eléctrico y la pobreza energética, que está afectando gravemente a colectivos donde abundan niños y ancianos.

¿Es esto cierto? ¿Son tan devastadoramente despilfarradoras las medidas que Podemos plantea? Evaluemos brevemente las más severamente criticadas entre estas medidas heterodoxas que hacen cundir el pánico en platós de televisión y debates radiofónicos, y veamos si es posible encontrar argumentos que infundan confianza en nuestros queridos tertulianos antes de que tenga que hacerlo por nosotros el director adjunto del Financial Times.

1. Reforma de las pensiones. Sobre la jubilación existe un debate muy interesante en el que confrontan las supuestas evidencias demográficas con los argumentos que sostienen que es la productividad la que determina que la población se tenga que jubilar antes o después. También resulta interesante contrastar las reformas que aplicamos en España con el reciente adelanto de la edad de jubilación en Alemania a los 63 años o como Francia la mantiene a los 62.

Sin embargo, más allá de este interesante debate nos gustaría poder estimar el coste que tendría elevar las pensiones contributivas de menor cuantía hasta el salario mínimo interprofesional para comprobar si es viable su financiación. Si tenemos en cuenta el número de pensiones afectadas y su cuantía media según datos de la Seguridad Social para 2013 el coste estimado de esta medida sería de 5.228 millones de euros.

Adicionalmente, y si bien Podemos parece descartar esta medida a corto plazo, en el programa a las Elecciones Europeas propuso rebajar la edad de jubilación a los 60 años. Si esta medida se aplicase aproximadamente un millón de personas pasarían a jubilarse de forma anticipada, lo que, dada la pensión media, supondría algo más de 17 mil millones. A esto habría que restarle subsidios por desempleo (de quienes encuentran nuevos puestos de trabajo) y pago de impuestos de los nuevos empleados. En total podría estimarse el coste en aproximadamente 8-9 mil millones. Si a esto sumamos los 5.228 millones correspondientes a elevar la pensión contributiva mínima al salario mínimo interprofesional el coste estimado de la reforma de las pensiones sería de aproximadamente 14.000 millones de euros.

2. Renta básica. Es cierto que el programa de Podemos para las Elecciones Europeas propuso la Renta Básica Universal (RBU). No obstante no es menos cierto que incluso la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica estatal que en estos momentos recoge firmas plantea una implantación en fases donde en un primer momento se establecería una renta básica condicionada para evolucionar con posterioridad al objetivo máximo que supone la RBU. También a este respecto existe todo un interesante debate donde a la caricatura de Don Amancio Ortega percibiendo una renta básica es necesario contraponer los estudios rigurosos que demuestran que la implantación de la RBU mejoraría espectacularmente el índice de Gini (que mide el nivel de desigualdad en un país) al tiempo que la incondicionalidad en la percepción de la ayuda evita efectos indeseables como la trampa de la pobreza (incentivo a no buscar trabajo para no perder la prestación) o elimina drásticamente los costes burocráticos de gestión del sistema.

No obstante, asumamos que en el marco de una implantación en fases de la Renta Básica Podemos decide establecer en una primera legislatura una Renta Básica condicionada destinada a las familias en proceso de exclusión severa. Por ejemplo, aplicar en todo el país un sistema equivalente a la Renta de Garantía de Ingreso que funciona en el País Vasco y que garantiza una renta de 650 € mensuales para una persona que viva sola, o 1.000 para una pareja con dos niños, además de una prestación complementaria para vivienda de 220 € en los casos necesarios. Si extrapolamos a partir del coste del programa vasco que cubre unas 68.000 hogares, y es de aproximadamente 480 millones de euros al año, a un número aproximado de 1,6 millones de hogares estimados según datos del INE para 2013, el coste sería de aproximadamente 11,000 millones de euros anuales.

3. Nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Esta es otra de las medidas que, según los sesudos seguidores de Friedrich Hayek e incluso algún que otro neo-keynesiano, descapitalizaría el estado con sólo publicar un par de líneas en el BOE. Más allá de la posibilidad de controlar una empresa con un porcentaje significativo pero mínimo de las acciones, tal como hace por ejemplo la familia Botín en el Banco de Santander, o de la oportunidad de recordar cómo no pocos gobiernos europeos controlan a día de hoy sectores estratégicos de la economía, sin visos de que tengan pensado perder dicho control; es necesario evaluar por qué Podemos plantea asumir el control de determinadas empresas y la probabilidad de que dichas nacionalizaciones se consumen.

El principal motivo por el cual Podemos plantea nacionalizaciones es para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Es paradigmático el caso del sector eléctrico y la pobreza energética, que está afectando gravemente a colectivos vulnerables donde abundan niños y ancianos. En este sentido Podemos plantea que, aún asumiendo la necesidad de redefinir un plan energético nacional y de revisar los acuerdos con las empresas energéticas en materias tales como el polémico déficit tarifario, a corto plazo sería necesario implantar medidas sencillas de impacto inmediato contra la pobreza energética tales como la prohibición de cortar el suministro por impago entre el 1 de octubre y el 1 de abril. En este sentido, ¿necesitará un gobierno de Podemos nacionalizar las empresas energéticas para hacer efectiva una medida destinada a proteger a los sectores más vulnerables y que por lo demás está en vigor en países democráticos de nuestro entorno como Holanda? ¿Está el sector energético en condiciones de plantear batalla por una medida humanitaria de sentido común como esta? Es muy probable que no, y muy probable por tanto que Podemos pueda llevar adelante sus medidas de rescate ciudadano que impacten en la regulación de determinados sectores empresariales sin tener que acometer nacionalizaciones. Por lo tanto, en un momento en el que la política de gastos exigirá establecer prioridades y controlar el déficit en aras de la suficiencia fiscal es fácilmente asumible que Podemos podrá llevar adelante su programa de políticas sociales, e incluso otros más ambiciosos tales como los relacionados con la reforma del sector energético, sin nacionalización de empresas.

Podemos plantea también otras medidas de incremento de gastos e inversión pública, tales como la extensión de la red de asistencia social, la mejora de la calidad educativa y su ampliación a la franja de edad entre los 0 y los 3 años o políticas activas destinadas a mejorar nuestro modelo productivo excesivamente vinculado al turismo o la construcción, si bien ninguna de estas propuestas resulta tan polémica como las anteriores y con mayor o menor sinceridad todos los partidos aceptan que al menos comparten el fin último de las mismas y de una u otra forma las integran en sus programas. Por tanto, no las consideraremos en este análisis que quedaría por tanto limitado a las tres líneas de actuación anteriormente comentadas y que son sin duda las que más controversia han suscitado en los medios.

En definitiva, las medidas más heterodoxas del programa de Podemos en materia de gastos tendrían un coste aproximado de 25.000 millones de euros mientras que el objetivo de recaudación adicional gracias a la lucha contra el fraude y una fiscalidad más equitativa sería de 92.000 millones de euros, si bien sabemos que esa recaudación adicional no llegará de un día para otro y será el resultado de un trabajo intenso que dará frutos a lo largo de los años de gobierno.

A diferencia de lo que establece el discurso dominante en muchos medios de comunicación donde se trata de reducir Podemos a una caricatura, la conclusión es que si consideramos de forma pragmática el coste de las propuestas más polémicas de Podemos frente a los ingresos adicionales esperados, el enfoque de Podemos es prudente y su viabilidad está fuera de dudas.