Pilar Lucio

Portavoz de Energía del Grupo Parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.

Esta frase tan común en estas fechas es más que una mera expresión cotidiana. Es una realidad silenciosa que ha irrumpido de nuevo en los medios de comunicación, personalizada en el dramático caso de Rosa en Reus la pasada semana.

La pobreza energética es una de las consecuencias más amargas de las políticas de austeridad aplicadas durante esta crisis social y económica que aún padecemos. Es una situación que sufren muchas familias que son incapaces de hacer frente a las facturas de la luz, el gas o el propano. Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), presentado en 2016, el 11% de los hogares españoles (equivalente a 5.1 millones de personas) se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Estas familias tienen que elegir qué cuestiones básicas de subsistencia -muy unidas al desarrollo de una vida digna- pueden permitirse y cuáles no. Una realidad que indica un factor elevado de riesgo sanitario para niños, ancianos o enfermos.

Frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar hacia otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones fatales que podrían ser evitadas con solidaridad y también con la legislación.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista defendemos que es urgente legislar. Por eso hemos presentando, por tercera vez, una Proposición de Ley cuyo objetivo principal es fijar un marco de cobertura social sobre un servicio mínimo de suministro de energía que garantice unas condiciones de vida dignas. En definitiva, dar respuesta inmediata a una cuestión de justicia social que solo se resuelve con voluntad política.

El nuevo ministro de Energía ha mostrado voluntad de diálogo sobre éste y otros asuntos de su competencia. Pero debería demostrar que, además de resolver el conflicto que tiene sobre la mesa tras la sentencia del Tribunal Supremo -que cuestiona cómo se ha aplicado el reparto de costes del bono social entre las distintas compañías-quiere erradicar el problema principal de la pobreza energética. Es decir, aparte de resolver cómo se reforma y se financia de forma jurídicamente adecuada el bono social, debe resolver el problema en toda su extensión. Debe asumir, sin buscar subterfugios competenciales o económicos, que el verdadero problema es el de aquellas familias que ni siquiera pueden pagar esa factura bonificada y el de las que apenas encienden la calefacción porque no podrán pagarla.

Los socialistas proponemos adaptar los precios a los consumidores vulnerables en función de su capacidad económica. Proponemos también definir de forma genérica quiénes son los consumidores vulnerables y que haya una coordinación con las comunidades autónomas para hacer efectiva la tregua invernal y evitar así los cortes de luz entre noviembre y febrero.

Han pasado más de dos años desde que defendí en nombre de mi grupo parlamentario la toma en consideración de un texto legislativo para la protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética. Lo hemos vuelto a presentar en el pasado mes de julio y el gobierno lo vetó aludiendo restricciones presupuestarias. Pero un veto no resuelve el problema. Esperemos que a la tercera vaya la vencida y, ahora sí, nos sentemos a negociar sobre el texto presentado por los socialistas. Un texto que podría estar ya en vigor sino fuese por el veto de la derecha y porque otras fuerzas políticas decidieron en marzo votar en contra del nuestro proyecto. Proyecto que tenía como prioridad incorporar el combate contra la pobreza energética en la política energética española.

¡Actuemos con prontitud y eficacia para evitar que la pobreza energética se instale definitivamente en nuestra sociedad! Es nuestra obligación y los socialistas nos empeñaremos en conseguirlo.