Los niños y niñas seguirán siendo ciudadanos de segunda

España no es país para niños, publicaba hace unos meses en este mismo periódico. En aquel artículo listaba las reformas y los avances que el Ministerio de Infancia y Adolescencia quería realizar en la Ley Orgánica de protección integral a la infancia (LOPIVI), para asegurar que las personas menores en nuestro país fueran sujetos de derecho y no meros objetos sin voz, sin opinión o sin capacidad de tomar decisión sobre lo que sucede en sus vidas.

Pero estos avances se frenaron de golpe el pasado 5 de octubre, cuando el presidente del Gobierno anunció el adelanto electoral. En ese momento, toda norma que no hubiera sido publicada en el Boletín Oficial del Estado, decae. Es decir, deja de tramitarse y se entierra en un cajón. Recuperarla dependerá del nuevo Gobierno que salga de las urnas y de la voluntad política de los nuevos gestores. Pero el proceso deberá iniciarse desde el principio. Esto implica que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país seguirán siendo, como hasta ahora, ciudadanos de segunda. Pequeños proyectos de personas sin derechos garantizados.

"España tiene una deuda con parte de sus infancias porque durante años se ha dudado (…) de la palabra de niños, niñas y adolescentes y se ha criminalizado a las mamás protectoras".

Con esta frase, pronunciada en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el 5 de mayo de 2026, la ministra Sira Rego iniciaba el trámite para reformar la LOPIVI. La norma, que había entrado en vigor sólo cinco años antes (en junio de 2021), había mostrado tener grandes grietas que desprotegían a los menores y a sus madres y una seria falta de aplicación por parte de la Justicia, que era urgente subsanar.

Entre ellas, la necesidad de prohibir de forma taxativa la aplicación en los servicios sociales y en los juzgados del llamado Síndrome de Alienación Parental (SAP), una patología inexistente por la cual las madres tienden a denunciar falsamente a sus parejas o exparejas para perjudicar la relación paterno-filial. Debido a este supuesto síndrome, muchas madres que denuncian la violencia de género o las agresiones sexuales intrafamiliares acaban al final del proceso sin la custodia de sus hijos, culpabilizadas y, en numerosas ocasiones, cumpliendo pena de cárcel.

No es un hecho aislado. Es un patrón que se repite. Un mantra que las madres conocen muy bien. Tanto, que muchas prefieren aguantar la violencia antes que denunciarla y arriesgarse a que la custodia de sus hijos acabe en manos del supuesto maltratador y ellas sin poder protegerlos. Por esto, entre otros motivos, la infradenuncia de estas violencias es descomunal.

La ley actual (la LOPIVI de 2021) se limitó a establecer que los "poderes públicos tomarán las medidas necesarias" para impedir que "planteamientos teóricos o criterios sin aval científico" como el llamado Síndrome de Alienación Parental "puedan ser tomados en consideración". Pero no especificaba medidas en el caso de que esto ocurriera, ni mecanismos de denuncia. La reforma que planteaba el ministerio de Sira Rego iba más allá. Estipulaba que ningún informe pericial o técnico conteniendo el SAP pudiera usarse en los procesos judiciales. También abría la puerta a que se pudieran revisar e impugnar las resoluciones judiciales que lo hubieran incorporado en el pasado. Unas actuaciones difíciles de impulsar en la práctica, que levantaron infinidad de tensiones entre el ministerio de Infancia con el de Justicia y Sanidad, y suspicacias con el de Igualdad.

Dos años de trabajo metidos en un cajón

La reforma de la LOPIVI no sólo incorporó la opinión de organizaciones de infancia, sino que para su desarrollo el ministerio que dirige Rego contó con un amplio equipo de unas 15 personas que de forma altruista asesoraron al equipo ministerial durante cerca de dos años. El objetivo era producir un texto con perspectiva de género, de infancia, lejos del adultocentrismo que caracteriza a la ley actual y que tuviera en cuenta la teoría del trauma. Algo que determina el comportamiento de víctimas de la violencia machista y que en muchas ocasiones en los juzgados se interpreta como falta de credibilidad de las madres y sus hijos. Por eso, además, la reforma proponía una amplia batería de medidas en materia de formación de profesionales. Algo que la ONU ya había solicitado a nuestro país cuando condenó al Estado en el caso de Ángela González Carreño.

A lo largo de dos años estas expertas (provenientes del ámbito de la judicatura, la sociología, la psicología, la pediatría, madres protectoras y trabajadoras del ámbito social), pulieron el texto y propusieron reformas que ahora no verán la luz. Entre ellas, cosas tan básicas como que los menores tienen que ser escuchados en sede judicial y en los entornos en los que se tomen decisiones que afecten a su vida o a su futuro en cualquier momento, sin importar su edad.

Hasta ahora, esta obligación sólo aplica a los mayores de 12 años, pero en general tampoco se les suele dar voz ni se atienden sus preferencias o necesidades. Hay miles de niños y niñas en nuestro país que han manifestado no querer convivir ni tener relación con padres violentos, a los que la justicia no sólo los obliga a tener visitas con ellos, sino que en muchas ocasiones les conceden las custodias a padres acusados de maltratarlos.

Da cierto rubor el hecho de que ya cruzado el primer cuarto del siglo XXI nuestro país siga negando la voz a las infancias. La obligación de escuchar a los menores y tener en cuenta su opinión y sus necesidades estaba ya en diversos tratados internacionales ratificados por España. Sin ir más lejos en la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, que España ratificó en 1990 (¡hace más de 35 años!) y que reconoce a los menores de 18 años como sujetos de pleno derecho. Otra cosa a recordar al Poder Judicial es que los tratados internacionales ratificados por el Parlamento automáticamente pasan a ser leyes nacionales de obligado cumplimiento. Pero esto no parece estar en los apuntes de la carrera judicial, porque en nuestro país casi ningún juez o jueza acude a dichos tratados.

La reforma de la LOPIVI "viene a garantizar que los niños y las niñas sean sujetos de derechos en nuestro país, no ciudadanía en espera", afirmó Rego cuando el texto pasó la primera criba en el Consejo de Ministros. ¿Cuántos años tendremos que esperar para que los derechos de la infancia se hagan realidad? ¿Cuánto sufrimiento de miles de niños y niñas y de sus madres habrá que soportar? ¿Qué temor puede haber en que los menores sean oídos y su palabra creída? Esto apunta directamente al centro de la cultura del patriarcado. Por eso oír a los menores sigue teniendo tantos palos en las ruedas. Lo tremendo es pensar cómo crecen esos niños que han contado lo que les ha sucedido dentro de una sociedad que no sólo no les oyó, sino que cuando hablaron no les creyó.