El que pueda prorrogar que prorrogue

En reacción a las primeras consecuencias de la guerra ilegal en Irán, el Gobierno aprobó un Real decreto ley en materia de vivienda que incluye dos medidas absolutamente esenciales: la prórroga automática —sin cambio de condiciones, con los precios congelados— de los alquileres que lleguen a su fin en 2026 y 2027 y también el tope a la subida de los precios en la actualización de los contratos, fijada en un máximo del 2%. En estos días se ha resaltado el enorme esfuerzo que la izquierda puso en sacar adelante estas medidas en el Gobierno. Pero ese esfuerzo no se limita a la negociación dentro del Ejecutivo de este último paquete de medidas. Es un empeño que trasciende al Gobierno y los partidos, y que remite a años de luchas por parte de los inquilinos e inquilinas y la sociedad civil organizada para intervenir un mercado de la vivienda dominado por lógicas extractivas y especulativas, que se ha convertido en el principal problema de la ciudadanía y muy especialmente de las clases trabajadoras del país. Esta norma sustancia ese impulso colectivo y da respuesta a una reivindicación que comparte de forma transversal la sociedad española, por encima de ideologías o filiaciones partidistas: que la vivienda es un derecho, y que su función social debe tener prioridad sobre los cálculos de rentabilidad y beneficio económico de un puñado de grandes operadores financieros.

Desde que se aprobara la medida, gran parte de la conversación ha partido de una premisa interesada: dar por perdida la votación de convalidación del Real Decreto Ley en el Congreso de los Diputados. Pero el orden de los factores importa, y mucho: antes de hablar de aritmética parlamentaria, hay que repetir las veces que haga falta que la prórroga es efectiva, y que los inquilinos e inquilinas la pueden solicitar desde el momento en que la norma entró en vigor. Esto es: si el contrato vence desde el 22 de marzo hasta el final del año 2027, es posible acogerse a ella, con todas las garantías legales y con una duración de dos años. Es un derecho plenamente efectivo aprobado por el Gobierno de España.

La pregunta, de hecho, debe ser la contraria. ¿Por qué algún grupo parlamentario votaría en contra de convalidar esta norma y proteger a las más de 2.600.000 personas que quedan dentro de su ámbito de ampliación? Hablamos de jóvenes que deberán volver a casa de sus padres si les suben el alquiler un 60%; de parejas que no pueden separarse porque no pueden asumir dos alquileres separados a los precios actuales del mercado; de inquilinos e inquilinas a los que echan de sus hogares para montar pisos turísticos; o de familias expulsadas de sus barrios y sus ciudades, con lo que implica en materia de cambio de vida e incluso de escuela para sus hijos e hijas, por no encontrar alternativas a precios razonables. La gente afectada por esta grave crisis es de izquierdas, de centro y de derechas, y vive en todas las Comunidades Autónomas del país. Votar en contra de ellas es injustificable. Y tenemos varias semanas para que todos los actores políticos acaben asumiendo esa realidad objetiva e incontestable. Si votan para tumbar la norma, estarán votando para echar a la gente de su casa.

Claro que no va a ser una batalla sencilla, y de hecho ya lo estamos viendo: los poderosos intereses económicos que hay en juego están desplegando todas sus herramientas —políticas, sociales, mediáticas— para que la prórroga no salga adelante. Igual que decían que subir el SMI o hacer a la gente indefinida iba a destruir empleo, ahora dicen que cuando se regula el mercado de vivienda, cae la oferta y suben los precios. Los datos que están dando para sustentar esa tesis son falsos: no es verdad que hoy haya menos gente viviendo de alquiler (de hecho la proporción de personas viviendo de alquiler ha aumentado casi en 4 puntos en la última década, y está en máximos históricos) y si han subido los precios de forma abusiva no es porque los precios se hayan topado en las zonas tensionadas, sino precisamente porque los Gobiernos de la derecha se han negado a aplicar la ley para proteger las lógicas rentistas y extractivistas que dominan el mercado de la vivienda.

Hoy en España hay más de 300.000 pisos turísticos, muchos de ellos concentrados en zonas tensionadas de alquiler, y hay casi un millón de viviendas en alquiler cuyos propietarios tienen cinco o más viviendas cada uno. Apenas 13 grandes fondos e inmobiliarias gestionan más de 100.000 de esas viviendas en alquiler. La prórroga, de hecho, garantiza que se mantengan cientos de miles de viviendas en el mercado del alquiler, que no se conviertan en pisos turísticos o en alquileres fraudulentos de temporada. Da protección a inquilinos e inquilinas que de otra manera se verían expulsados de sus casas, da estabilidad a los pequeños propietarios que van a seguir cobrando sus rentas religiosamente, actualizadas al 2%, y neutraliza una espiral alcista de los precios del alquiler que ya se ha convertido en un grave problema para la economía española en su conjunto.

La realidad es que la especulación en el mercado inmobiliario no es un derecho. No es un derecho poder subir un 50% de golpe los precios del alquiler, pero gracias a este RDL sí es un derecho que no te lo suban. Hoy el 40% de los inquilinos del país dedican más de un 40% de sus ingresos a pagar el alquiler. Ser inquilino se ha convertido de hecho en un factor de riesgo de exclusión social y de pobreza. La renta que perciben los caseros en España duplica a la de los inquilinos. En un momento de gravísima incertidumbre global, con el aumento previsible del coste de la vida, es evidente que una medida que protege a más de dos millones de compatriotas de un impacto desmesurado sobre sus vidas, con el único fin de garantizar su derecho constitucional a la vivienda, es una medida sensata y de interés general.

Esa es la realidad sobre la que van a tener que posicionarse los actores políticos en las próximas semanas. Los mismos que llevan meses afeando al Gobierno central su inacción en materia de vivienda, mientras no hacen absolutamente nada allí donde gobiernan —pues no aplican la ley de vivienda, le venden vivienda pública a fondos buitre extranjeros para que echen a las familias de sus casas, o dejan que proliferen pisos turísticos ilegales de forma descontrolada— no solo deberán decidir de qué lado se ponen: también tendrán que explicárselo a sus cientos de miles de votantes afectados por esta medida. Es evidente que la derecha tiene infinidad de resortes, económicos, mediáticos y sociales, para lograr que todo siga como está; para que las desigualdades persistan o incluso que se agranden en beneficio de unos pocos. Pero en esta batalla de nuestro lado está una fuerza social que debe articularse y hacerse inesquivable. Si los inquilinos e inquilinas de este país se movilizan, si piden la prórroga y la defienden en las próximas semanas, esta batalla la vamos a ganar.