La reforma y perfeccionamiento de la justicia es una tarea siempre pendiente e inacabada. En el mundo jurídico, y por supuesto en el judicial, cualquier iniciativa legislativa encaminada a conseguir estos fines, como es lógico, puede y debe ser objeto de análisis y crítica, y por supuesto se pueden proponer soluciones alternativas. En tiempos lejanos se acordó un rimbombante Pacto de Estado por la Justicia plasmado en el Real Decreto de 30 de noviembre de 2001, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, que pretendía conseguir estos objetivos pero que, por razones exclusivamente políticas, se ha demorado tanto que ha sido derogado.

El sistema actual de acceso a la Judicatura o al Ministerio Fiscal no tiene parangón en los países de la Unión Europea y del Consejo de Europa. Tampoco se puede encontrar en ningún otro sistema judicial del resto del mundo. Este dato nos debe hacer reflexionar sobre la conveniencia de perpetuar este modelo aberrante en el que juega un papel preponderante la capacidad memorística, la suerte o cualquier incidencia personal que afecte al opositor/a el día señalado para comparecer ante el tribunal que debe escuchar su recital y controlar el tiempo que dedica a cada tema.

La demanda de una urgente y necesaria modificación del sistema se ha puesto de manifiesto por numerosos sectores de la academia y del mundo judicial. El 2 de mayo de 2025 se publica en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados un proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal. La primera finalidad que persigue esta ley es "potenciar la excelencia de las personas que accedan a estas carreras, profundizando en el derecho fundamental a la igualdad en el acceso, en la adecuación de los procedimientos a la realidad social y académica, y en la acomodación del número de jueces a las necesidades del país".

Somos varios los que consideramos que la reforma es tímida e insuficiente y en algunos aspectos debe ser corregida y matizada. Se mantiene una prueba oral y se introduce un ejercicio práctico que ya existía, pero ahora se considera eliminatorio. Reproduzco su contenido para que los lectores valoren si constituye un ataque a la independencia judicial, como dicen los jueces alzados en huelga: "El objetivo de esta última prueba es detectar en el aspirante aquellas otras habilidades más allá de las puramente memorísticas que son imprescindibles para una correcta y completa interpretación de las normas jurídicas y para desarrollar de manera óptima la labor de resolución de los conflictos. Resulta procedente citar destrezas como la lógica deductiva, la capacidad de argumentación, la interrelación de conceptos, la contextualización e integración de la norma jurídica en un supuesto concreto y la transversalidad en la aplicación el conocimiento teórico". Como puede verse, un ataque brutal a la independencia judicial.

Critican que al fiscal general del Estado lo nombre el Gobierno, cuestión que puede ser debatida, pero de momento lo ordena la Constitución. Omiten, sin embargo, que se concede a la Junta de Fiscales de Sala la posibilidad de bloquear las decisiones del fiscal general cuando se alcanza la mayoría de tres quintos. Por otro lado, se considera conveniente ampliar la composición del Comité de Ética, incluyendo nuevos miembros de procedencia no judicial, que sean especialistas y expertos en ética, de modo que enriquezcan desde una perspectiva diferente la pluralidad de planteamientos que emanen de la misma.

Me parece elemental recordar a los huelguistas que cualquier enmienda corresponde, en exclusiva, al poder legislativo. La huelga y las concentraciones con toga, expresamente prohibidas por la normativa vigente, no constituyen una iniciativa admisible en un Estado de derecho ni respeta el principio de la división de poderes.

Los argumentos que se expresan en un manifiesto conjunto de todas las asociaciones convocantes me parecen más propios de una opción política que una propuesta jurídica. El proyecto de ley me parece manifiestamente mejorable, pero, en ningún caso, constituye "un grave retroceso en los valores de independencia judicial y separación de poderes" ni es contrario "al derecho de la Unión Europea y a nuestra Constitución".

Sin embargo, hay un aspecto que sí me gustaría destacar. Se trata de la conversión de los jueces sustitutos en jueces titulares interpretando, en mi opinión de manera equivocada, una decisión de la Comisión Europea respecto de las interinidades en la función pública que no puede ser trasvasada, sin matizaciones, a personas que ostentan un poder del Estado. La decisión debería pasar por una comisión, con mayoría de la academia y la abogacía, que, examinando sus sentencias y resoluciones, decidiesen sobre su idoneidad para integrarse definitivamente en las carreras judicial y fiscal.

La huelga, como era de esperar, ha sido jaleada por todas las terminales mediáticas de la derecha de este país y aprovechada como munición política en el Parlamento. Dada su petición de auxilio a Europa, les recomiendo la lectura del Informe N.°10 (2007) del Consejo Consultivo de Jueces Europeos (CCJE) en el que se indica: "Hay que subrayar que la evaluación de los jueces supone examinar, no sólo la competencia jurídica y las aptitudes profesionales generales de los jueces, sino también datos más personales, como las cualidades humanas y su sentido de las relaciones con terceros. Sería deseable que su identificación sea objeto de un consenso a nivel europeo".

En su momento les sugerí que organizasen una comisión que recorra toda Europa entrevistándose con asociaciones judiciales, Consejos del Poder Judicial y miembros de la magistratura, exponiéndoles las excelencias del sistema actual y el atropello que supone la reforma. Según he leído, parece que la han puesto en marcha. La guinda del pastel la pusieron los manifestantes que portaban carteles con el lema "Save the rule of law". Es decir, salvemos el Estado de derecho. El presidente del Tribunal de Justicia de la UE acaba de manifestar que no encuentra peligro alguno para el Estado de derecho en España. Les recomiendo que se desplacen a Washington para apoyar a los jueces y juezas que se enfrentan a un trumpismo de consecuencias imprevisibles.

P.D: Espero que cumpliendo con los principios de ética judicial comuniquen al Consejo los días que han estado en huelga para que se les descuente de su sueldo.