Hablando con unos y con otras, nadie espera que este miércoles 9 de julio pase a la historia como el día en que un Gobierno de España tomó medidas revolucionarias contra la corrupción. Para considerarlas así, habría que desmontar el Estado entero, volverlo a construir y ejecutar definitivamente la separación de poderes, así como las relaciones de todos ellos con sus homólogos fácticos, aquellos a los que nadie elige pero que sobrevuelan nuestras vidas y nuestras decisiones, sobre todo, cuando algo les desagrada. Para que la maquinaria siga funcionando y dando beneficios a los mismos -familia arriba, familia abajo- es necesario que los planes siempre salgan bien y no se metan las narices donde no se debe. 

Sería una sorpresa que el presidente Sánchez anunciara alguna de estas medidas revolucionarias el miércoles en el Congreso, pero más sorprendente sería que tuviera los apoyos necesarios para llevarlas a puerto. No hay nada, por tanto, que pueda hacer Sánchez durante una comparecencia parlamentaria que contente a sus socios de investidura. El jefe del Ejecutivo carece de credibilidad alguna en la que apoyarse tras publicarse el informe de la UCO de 490 páginas con el relato de la corrupción -presunto y plagado de condicionales, de momento- en la cúpula del PSOE minoritario que le dio sustento cuando la mayoría de su partido le enseñaba la espalda y la puerta por negarse a apoyar un Gobierno de Rajoy. Sí, hay cosas que conviene recordar hoy a Felipe González, a Emiliano García Page o a Javier Lambán, con cuya bendición echaron a Sánchez de la Secretaría General del PSOE en 2016 por negarse a dar el poder al PP con una abstención del grupo parlamentario; al PP de Bárcenas, de Gürtel, de la Kitchen, de Villarejo, de las mentiras y conspiración del 11-M, de las cloacas policiales… y un largo etcétera. En este país siempre tiran las piedras más pesadas quienes no están libres de pecado alguno, tampoco de puteros y sus "volquetes". 

En una entrevista el martes, en Radio Nacional con Josep Cuní, la portavoz de Coalición Canaria (CC), Cristina Valido, haciendo un repaso y una durísima crítica a la corrupción en el PSOE, pulsó la tecla más importante que puede empujar el tramo más pesado -y miren que los hay- de la legislatura del Gobierno de coalición. Valido habló de la cuestión de confianza, probablemente, porque es CC a quien más fácil resultaría retratarse con un "no" a Sánchez (gobierna con el PP en las Islas, mientras que el PNV lo hace con el PSE-EE-PSOE), pero sobre todo, habló de lo que a su territorio más interesa en este momento y en todos los que han sido de democracia: los Presupuestos Generales del Estado para 2026, que se empezarían a negociar en septiembre. 

Lo hemos dicho aquí al poco de reventar con piñata y fuegos de artificio el caso Cerdán: para resolver éste, la UCO de los tiempos condicionales -algún día habrá que hablar del peso del relato policial en la judicialización (o no) de la corrupción- debe seguir la pista del dinero y, de momento, el trío de Ferraz parece novato al lado de los 47 millones que le encontraron a Bárcenas en Suiza en 2013, para su uso exclusivo y a mayores de la financiación ilegal del PP. La senda del dinero de Sánchez para ganar tiempo son esos Presupuestos; da lo mismo el plan anticorrupción que anuncie (otro más), la cuestión de confianza que sus socios no quieren para evitar retratarse… Los hechos que piden y necesitan sus aliados, que no quieren que Vox los meta en la cárcel, son unos PGE que permitan justificar esta agonía de alguna manera y frente a sus votantes, sin convertir el apoyo en un ejercicio de fe porque viene la ultraderecha. La ultraderecha ya está aquí, actuando impunemente con la violencia del ganador y muchos y muy poderosos cómplices -algunos crecidos a la sombra de un PSOE claudicante, por cierto- y parece que el Gobierno es el único que no se ha enterado. Con el ruido que hacen.