Sylviane Dahan

Vocal de Mujeres y Derechos Civiles de la FAVB (Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona)

Todos los indicadores confirman aquello que, para las entidades vecinales, constituye desde hace tiempo una evidencia: la perversa combinación de la crisis y de las políticas de austeridad, promovidas desde las distintas administraciones públicas, está hundiendo en la pobreza a amplias franjas de la población. Hablar de situación de emergencia social, lejos de ser una figura retórica, se ha convertido en una pálida descripción de la realidad. En la “rica” comunidad autónoma de Catalunya, más del 25 % de las personas en edad de trabajar carece de empleo - alrededor de 850.000, según la encuesta de población activa. En 2014, sólo el 30 % de las oficialmente registradas recibirá algún tipo de ayuda.

Un reciente estudio del Instituto Municipal de Estadística certificaba que más de la mitad de los barrios de Barcelona se encontraba ya por debajo de la media de rentas familiares de la ciudad. Las desigualdades se ahondan. La tasa de pobreza y el riesgo de exclusión social afectan al 24 % de la ciudadanía, con un impacto particularmente cruel sobre la población femenina y sobre la infancia, cuyo desarrollo físico e intelectual hipotecan las privaciones. Bastaría con señalar, por cuanto se refiere a los núcleos de convivencia, que el 48 % son familias oficialmente consignadas como “mono-parentales” - en su abrumadora mayoría, a cargo de madres solas. Incluso en barrios de clase media pero población envejecida, como el céntrico Eixample, la pobreza se instala en los colectivos de viudas y pensionistas, que subsisten con menguados ingresos. En países como Francia, con un Estado del bienestar más desarrollado, toda una serie de ayudas a los hogares – nacimiento, escolarización, alojamiento… - contribuye a evitar que situaciones de estrechez basculen hacia la pobreza o la exclusión. No tenemos aquí unos dispositivos similares.

Ciertamente, son muchos los factores que inciden en el crecimiento a ojos vista de la pobreza: el paro, la precariedad generalizada del mercado laboral, la disminución del poder adquisitivo de los salarios… Pero también el conjunto de recortes efectuados en el gasto social por los gobiernos, central y autonómico: las restricciones en las prestaciones por desempleo (subsidios y políticas activas), en la ley de dependencia, en ayudas a jóvenes… sin olvidar los re-pagos sanitarios, la congelación de pensiones o la desastrosa política de vivienda, hoy en día ampliamente contestada. Catalunya tiene el triste honor de encabezar el ranking estatal de desahucios, cerca del 90 % de los cuales se produce, en el ámbito del área metropolitana, por impago de alquiler. Con todo ello, va perfilándose una geografía de la injusticia social que fractura la ciudad.

Hay, pues, un haz de políticas públicas que sería necesario revertir para hacer retroceder la pobreza. Sin embargo, algunas urgencias resultan insoslayables. Por eso, la reciente Asamblea de nuestra Federación (16/03/2013) adoptó y decidió promover la ILP, propuesta al Parlamento catalán por un colectivo de sindicalistas, intelectuales y activistas sociales, a favor de la instauración de una Renta Garantizada de Ciudadanía - un derecho que contempla el actual Estatut de Catalunya, pero que aún no ha tenido concreción legislativa. Se trataría de una prestación, complementaria en caso de percibir otros ingresos, que asegurase a toda persona mayor de 18 años y legalmente establecida unos recursos que alcanzasen los 664 euros mensuales, estimados por la propia Generalitat como renta de suficiencia. Dentro de unos días empezará la recogida de las 50.000 firmas que han de avalar el proyecto de ley y permitir su debate en sede parlamentaria. Desde el movimiento vecinal vamos a volcarnos en esa campaña como un medio de elevar la conciencia de la ciudadanía en tanto que sujeto de derechos. Pues, en efecto, una de las consecuencias más nefastas de la pobreza es la atomización de la sociedad y el fomento de la mentalidad de persona asistida. Más allá de la buena voluntad, las propias limitaciones de los servicios sociales - que trabajan en red con las parroquias y otros organismos -, la preeminencia de los bancos de alimentos, el carácter puntual de las ayudas… no pueden por menos que imprimir un sesgo caritativo a esas acciones. Sólo una sociedad que aborde el fenómeno disgregador de la pobreza con criterios de solidaridad, de justicia redistributiva y de dignidad humana – y no de beneficencia – mantendrá la cohesión necesaria para superar la crisis actual. Por el contrario, una población sin derechos, maltrecha y desestructurada, corre el peligro de precipitarse, tras banderas populistas y demagógicas, a una lucha desesperada de pobres contra pobres… o se verá reducida a la impotencia ante un capitalismo depredador.

Conocemos de antemano la disposición del actual gobierno conservador de la Generalitat, que se opondrá vehementemente a la ILP arguyendo escasez de recursos presupuestarios: los economistas de la comisión promotora calculan que la aplicación de la ley requeriría una dotación de 1.800 millones de euros. Pues bien, he aquí una excelente ocasión para debatir de prioridades y, en última instancia, acerca del modelo de país a que aspiramos. Y no valdrá zafarse señalando las exigencias de déficit que plantea el gobierno central, ni los incumplimientos de Madrid en materia de financiación. CiU no ha presentado aún su proyecto de presupuestos. Sabemos, sin embargo, que el servicio de la deuda financiera de la Generalitat rebasará este año los 2.300 millones de euros. Y que el pago de las obras públicas financiadas por empresas constructoras, como los peajes en la sombra de las nuevas autovías “gratuitas”, supondrá otros 1.100 millones. A diferencia de estas partidas, la correspondiente a una renta ciudadana revertiría, a través del consumo, en la actividad económica, favorecería el comercio de proximidad y tributaría. Sabemos, por otra parte, que el fraude fiscal, según el Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, asciende a unos 16.000 millones en nuestra comunidad autónoma.

No son sólo cifras, sino el reflejo de unas determinadas relaciones sociales, dominadas por las élites financieras y una minoría privilegiada. ¿Cómo? ¿Resulta cara una Renta Garantizada de Ciudadanía? Lo que nos está resultando, más que caro, insostenible y amenazador, es la pobreza. Sí, la pobreza, con sus estragos sociales y de género, con la devastación cultural y política que inscribe en nuestras vidas.