Este 19J tenemos elecciones al Parlamento de Andalucía y, con la cercanía de las elecciones, siempre es un buen momento para hacer balance sobre el gobierno que pretende revalidar en las urnas. Moreno Bonilla (PP) alcanzó la Junta de Andalucía por arte de un golpe de suerte. Las tres derechas sumaron suficientes escaños para desalojar al PSOE, hasta ese momento hegemónico, en un clima de desmovilización de la izquierda y máxima movilización de la derecha. Esa combinación resultó ganadora, y máxime cuando Susana Díaz había abierto las puertas de la Junta a la derecha con su pacto con Ciudadanos. Vox pasó de la irrelevancia política a 12 diputados gracias a la habilidad de Díaz de colocarlos como su enemigo en el debate de candidatos/as, y al auge del nacionalismo españolista vinculado a los sucesos en Cataluña. Tras tres años y medio de experimento de derechas en Andalucía, con un acuerdo PP-CS en el gobierno y el apoyo desde el Parlamento de Vox, podemos ver diversas líneas de actuación y calibrar qué resultados han conseguido. Es cierto que, como el resto de España, se han vivido tiempos excepcionales debido a la pandemia y ahora a la guerra de Ucrania que ha aumentado la inflación de forma alarmante.

Precisamente, al hablar de la pandemia tenemos que hablar de la Sanidad. Ésta ha sido la joya de la corona de Andalucía durante muchos años, y la principal línea de defensa ante el avance del COVID19. En un estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que analiza la posición relativa de los servicios sanitarios de las CCAA, el SAS fue el segundo peor de todos los Servicios Sanitarios de la CCAA con 63 puntos, el último fue Murcia con 60, el mejor el del País Vasco con 98. La puntuación máxima posible era de 130 y la mínima de 32. La media española fue de 79,7 (desviación estándar 12,43. Rango 60-98). El estudio analizó los principales indicadores sanitarios (34) propuestos internacionalmente, que evalúan aspectos como financiación, recursos y funcionamiento; política farmacéutica; valoración de los ciudadanos; listas de espera; y privatización sanitaria. Entre ellos recogió la opinión acerca de los ciudadanos sobre la actuación del servicio de salud ante la Covid-19. La posición relativa del SAS ha ido cayendo desde el 2015 y se ha agudizado desde el 2019. Entre el 2009 y el 2014, la posición promedio relativa del SAS fue de 8/17, desde el 2015 al 2018, coincidiendo con los gobiernos de Susana Díaz cae a la posición promedio 12/17 y desde el 2019 con el PP la posición media es 15,5/17.

El gobierno de Andalucía echó a 8000 sanitarios, de los 20000 contratados, justo antes de la 6ª ola del COVID19. Se produjo un caos sanitario con la vacunación, a la vez que la plataforma CLICKSALUD apenas da citas (ni presenciales, ni telefónicas) o las da con demora, viéndose enormes colas a las afueras de los centros de salud, además de cerrar servicios mientras se concertaban en la Privada y se derivaban pacientes a la concertada. También se han disparado las listas de espera, por ejemplo, en Andalucía, algunas especialidades quirúrgicas como la cirugía plástica llegan a tener esperas medias de 716 días, cirugía torácica (407 días) o cirugía pediátrica (252 días). En 2020 el gasto sanitario per cápita fue 1321,06, lo que supone el tercer gasto más bajo tras Madrid y Cataluña. Para 2021, el presupuesto por persona es de 1388,86 euros, el cuarto más bajo tras Madrid y Cataluña y Murcia. En conjunto el déficit de financiación, es de largo recorrido, tenemos la financiación por habitante más baja de España, 1215 euros de promedio entre 1995 y el 2021. Hay muchos más datos, pero con estos tenemos una idea precisa del desastre de gestión. Fruto de esto, entre el 2015 y el 2020, el porcentaje de personas que tienen un seguro de salud privado de salud ha aumentado en España del 20 al 23% y en Andalucía del 16 al 21%. El colapso de la Sanidad Pública es la condición de posibilidad del aumento del negocio privado de la Sanidad.

El gobierno del PP-CS ha hecho la Educación su principal caballo de batalla. El difunto Consejero de Educación, Imbroda, tenía una empresa de FP (MEDAC) que vendió por 100 millones a un fondo de riesgo de los EEUU (KKR), a la vez que no sacaba demasiadas plazas de FP pública para fomentar el negocio privado. A posteriori, la Junta ha autorizado la primera universidad privada online de Andalucía a una empresa fundada por su exconsejero de Educación. La directora andaluza de Cooperación concedió 617.000 euros en contratos y ayudas a la Universidad Loyola de la que es profesora. Imbroda rechazó 123 millones para Escuelas infantiles de los fondos europeos porque obligan a que estas sean públicas. A posteriori los pidió de nuevo. En Andalucía el modelo más desarrollado de 0-3 años es concertado. A principios de curso dotó de 35 millones de euros para que las empresas concertadas contratasen personal. También echó a 2700 refuerzos COVID a principios de curso. Este año el SIPRI (sistema de contratación de los docentes), va especialmente lento. La Junta aprobó un decreto de admisión para ir acercándose al modelo madrileño de segregación escolar, aunque intentando evitar un choque frontal con la LOMLOE.

Andalucía se sitúa con 17,7% es una de la tasa de abandono escolar más alta, según la EPA. Andalucía supera en 4,4 puntos la cifra de referencia de España, que es de un 13,3%, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) analizados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (datos de 2022). El abandono se redujo en parte por los desdobles en los centros escolares gracias al profesorado COVID y la flexibilización de las normas de evaluación y promoción debido a la situación excepcional. Precisamente, lo que ha demostrado la pandemia es que los desdobles funciona. Sin embargo, la Junta ha echado a 2700 docentes COVID a principios de curso, ha cerrado numerosas aulas públicas con la excusa de la bajada de natalidad (sobre todo en Infantil y Primaria). Se han intentado cerrar centros públicos (como el de Archidona, aunque no se consiguió) mientras se favorecían la instalación de centros privados y concertados. El Consejero ha sido el lobo cuidando de las ovejas.

En materia medioambiental, la Junta vuelve a apostar por el ladrillo y la política a espaldas del cambio climático. Hasta 1.900 hectáreas de cultivos ilegales de Doñana se beneficiarán de la amnistía en marcha, un 30% más de lo previsto. La UE ha advertido que de salir adelante multará a Andalucía y el gobierno de España se ha mostrado en contra. Además de la tropelía, el PSOE se abstuvo ya que tiene miedo de que VOX penetre en las comarcas de regantes. La Comunidad de regantes que cumple la ley se ha opuesto a dicha medida. El gobierno trató de impedir unas jornadas sobre el tema en el parlamento organizadas por UP, único grupo en contra de la medida. La Junta expulsó a 1000 bomberos del Plan INFOCA tras acabar el incendio de Mijas (Málaga), los bomberos justo estaban en huelga cuando ha comenzado el incendio de Sierra Bermeja. La Junta ha autorizado la construcción de un hotel en el Cabo de Gata, en la Bahía de los Genoveses, paraje natural. Al igual que apoya una medida similar en Chiclana.

Respecto a los medios de comunicación, hemos vivido continuas “loas” al gobierno de Moreno Bonilla, y numerosas encuestas a favor. Curiosamente, esto ha ocurrido con una Junta que ha regado de fondos a dichos medios de comunicación, a la vez que ocultaba por motivos espurios la información a la oposición y a la ciudadanía. Una jueza obligó a la Junta a dar la información, aunque la Junta ha recurrido. También ha habido una manipulación interesada con respecto al Centro de Estudios Andaluces, que es dependiente de la Consejería de Presidencia que, qué casualidad, da siempre buenos resultados al PP y que han nombrado de forma torticera “el CIS andaluz”. La idea de usar las encuestas para crear estado de opinión es bastante antigua, pero el PP, y sus medios afines, han hecho uso de ella claramente.

Precisamente, dichos medios han minimizado las protestas laborales en Andalucía (Zumosol, LGC Fruits, Airbus, Alozaina, Navantia, H&M, monitoras escolares, Sanidad, etc., donde la Moreno Bonilla ha actuado como Don Tancredo), y han pasado muy de puntillas por los dos grandes casos de corrupción del PP en Andalucía: 1. Caso mascarillas en Almería (cobro de comisiones irregulares). 2. La Gürtel almeriense. Una constructora habría sobornado a políticos del PP de distintos municipios a cambio de adjudicaciones de obras. El dinero se destinó a campañas electorales. Moreno Bonilla ha apoyado a todos los afectados.

Respecto a los fondos europeos, hay una total opacidad, a pesar de ser una de las Comunidades Autónomas que más fondos van a percibir. Lo que sí sabemos es que la Junta va a destinar 4,3 (80% de fondos FEDER) millones de euros que deberían de ir para la industrialización o la transición ecológica, a financiar el MAD COOL en Málaga. A 125 euros el abono. La empresa que recibió la adjudicación de manera opaca fue creada tres meses antes de recibir la adjudicación, mientras que el MAD COOL en Madrid vale 1,4 millones de euros. No parece un destino adecuado para cambiar el modelo productivo dependiente del turismo y del sector servicios.

Si atendemos a la desigualdad y pobreza, la variación intrarregional de la desigualdad, Ceuta y Melilla, seguidas por Andalucía y Canarias, serían las comunidades autónomas con un mayor crecimiento de la desigualdad intrarregional, mientras que País Vasco y Navarra serían aquellas en las que la desigualdad crecería en menor grado. El COVID ha afectado especialmente a inmigrantes, mujeres y jóvenes.

Según los indicadores urbanos de 2022, Andalucía tiene 16 de los 30 municipios más pobres de España, y ninguno de los más ricos. 11 de las 15 ciudades con más paro de España. Ninguna de las ciudades con mayor esperanza de vida, y 9 de las 15 con menos. Tenemos 0 barrios entre los más ricos, y 10 de los más pobres (en Sevilla, Córdoba y Málaga).

Respecto a la pobreza, el índice AROPE (2021) de Andalucía está en el 35,1% (media estatal 26,4%) de la población en riesgo de pobreza y/o exclusión social (2,9 millones de personas), aunque los datos han mejorado levemente, siguen por debajo de los de 2008, que ya la cifra era mala, dibujando una sociedad divida y desigual. Personas en riesgo de pobreza tenemos un 28,5%, frente al 21% estatal, donde el empleo precario y el coste del alquiler de la vivienda funcionan como indicadores de caer en situación de pobreza. Tenemos un 11,6% de personas en pobreza severa (media nacional 9,5%), etc. Afecta un poco más a las mujeres que a los hombres. No es un panorama muy halagüeño.

Las mejoras en el empleo están vinculadas a la reactivación del crecimiento tras la pandemia y a las reformas en el mercado laboral realizadas por el Ministerio de Trabajo, al cargo de Yolanda Díaz. La Junta más bien ha destruido empleo público y se ha beneficiado de dicha mejora sin haber realizado ninguna política al respecto. A pesar de la mejora, los datos en desempleo son de los más altos de España (19,4%, especialmente duro en el paro juvenil, por encima del 50%, datos EPA, media de España 13,3%).

La Junta ha recibido más de 4000 millones de fondos extraordinarios por la pandemia, lo que le ha permitido realizar una política fiscal regresiva, reduciendo impuestos especialmente a los más ricos (unos 329 millones). Afectando especialmente a los impuestos de donaciones y sucesiones, un 3% menos del tramo autonómico al IRPF de las personas con más ingresos y otros impuestos menores. Además de dar regalos fiscales a los ricos, la Junta ha dejado en torno a 2600 millones de superávit sin gastar, en una CCAA con unos datos de pobreza y exclusión alarmantes. No sólo no tienen conciencia social, sino que son malos gestores. Además, no quisieron aprobar el presupuesto con fines electoralistas, como afirmó el Vicepresidente, Juan Marín.

Vox lleva influyendo en toda esta legislatura del Parlamento con medidas no menores, como cambiar la denominación de Violencia de Género a intrafamiliar (y otros retrocesos en materias de Igualdad), y van a influir más si no lo remedian las urnas este 19J. Andalucía puede continuar avanzando (siguiendo su eslogan) velozmente hacia el pasado.

Los que nunca creyeron en el Estatuto no lo van a derogar, sino a vaciarlo de contenido, de la constitución material del mismo (derechos). Con estos datos en la mano, podemos afirmar que estos tres años del PP-CS han sido años de retroceso, desmontando el discurso triunfalista del presidente, de desguace del Estado del Bienestar, de fomento del capitalismo de amiguetes, el ladrillazo y la pérdida de calidad democrática, ocultos bajo una “presidencia propaganda”.

Este 19J la ciudadanía andaluza tiene en su mano acabar con esta deriva perniciosa de un gobierno incapaz de responder con medidas acertadas a los grandes desafíos del siglo XXI. Que nadie se quede en casa. Que no se pierda ni un voto progresista. Nos va el futuro y la autonomía en ello.