Aumentar el gasto militar, la salida equivocada para Europa

Las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania son enormes. Algunas ya están aquí y otras las veremos en los próximos meses y años.

Ahora sólo quiero comentar una de las que, en mi opinión, es más trascendente: la intención de proceder al aumento del gasto militar por parte de los gobiernos europeos y también el comprometido con los fondos comunitarios. En este sentido, resulta especialmente relevante, por su dimensión política y simbólica, la decisión del gobierno alemán de subir su presupuesto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto.

Parece existir un consenso al respecto en la Unión Europea (UE) o, cuando menos, las voces críticas o directamente disidentes apenas encuentran eco en los grandes medios de comunicación.

Las razones para dar ese paso se encontrarían en el propio conflicto de Ucrania, que habría puesto de manifiesto la existencia de la amenaza rusa, actual y futura. Ante la misma, la UE estaría indefensa y, de hecho, en manos de la gran potencia estadounidense y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Siguiendo este hilo argumental, se afirma que, para convertir a la UE en un actor regional y global relevante en un escenario geoestratégico dominado por el conflicto y las tensiones, no quedaría otra que destinar más recursos a la esfera militar.

Se lanza a los cuatro vientos, prácticamente sin oposición, que avanzar hacia más Europa y hacia una Europa más fuerte y unida, incluso preservar el denominado "proyecto europeo", como el otro día reivindicó con énfasis el presidente de gobierno, exigiría un aumento sustancial del gasto militar; y también realizar inmediatamente acciones puntuales, como poner a disposición del gobierno de Ucrania armamento, ofensivo y defensivo (en un alarde retórico al que nos tiene acostumbrados, en unos pocos días cambio de posición).

Este diagnóstico y las consecuencias que se desprenden del mismo tienen enormes implicaciones económicas, sociales y medioambientales. A continuación, dos aspectos que, en mi opinión, deben ser tenidos en cuenta en el debate.

En primer lugar, con esa posición se privilegian en los presupuestos de las administraciones públicas aquellas partidas vinculadas al complejo militar-industrial, que, no lo olvidemos, ya habían progresado de manera sustancial en el último presupuesto comunitario: sí, ese presupuesto, pensado en clave verde y digital, para enfrentar la pandemia y activar la recuperación y la reestructuración de la actividad económica, y que debía promover la cohesión social.

La decisión de aumentar el gasto militar (es claramente un eufemismo denominarlo gasto de defensa) se produce en un contexto de recursos limitados. Recuérdese en este sentido que los niveles de déficit y deuda públicos han alcanzado cotas históricas y que tanto desde las instituciones comunitarias y globales como desde los "think tank" conservadores -¿no son lo mismo?- se exige que los gobiernos empiecen a preparar medidas destinadas a reequilibrar las cuentas públicas, y que, muy posiblemente, el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento, cuya aplicación fue suspendida cuando irrumpió la pandemia, entrará de nuevo en vigor en 2023 (con modificaciones que no supondrán cambios sustantivos en la lógica austeritaria que inspira dicho pacto). Pues bien, en ese panorama, las partidas militares competirán en condiciones muy ventajosas con las destinadas al gasto social y productivo. Se escucha estos días que la UE debe revisar en profundidad su política de acogida a las personas refugiadas y migrantes. Palabras, palabras y más palabras… los hechos apuntan en una dirección muy diferente.

En segundo lugar, esa escalada militarista supone un duro golpe a las políticas destinadas a la transición ecoenergética y a la lucha contra el cambio climático. No sólo porque, como acabo de señalar, los recursos disponibles son escasos y los destinados a la esfera militar ocuparán un lugar muy destacado en las prioridades de instituciones y gobiernos.

Hay que tener muy presente, además, que los receptores de esos recursos son grandes complejos empresariales, con perfiles claramente oligopólicos, que están encantados con esta guerra y con otros escenarios de conflicto que, para ellos, representan mercados extraordinariamente lucrativos. Constituyen poderosos grupos de presión que condicionan de manera decisiva las políticas de gobiernos e instituciones (esta es una variable importantísima, casi siempre ignorada, sobre las causas de fondo de los conflictos en diferentes zonas del mundo y también en Ucrania).

Hay que ser conscientes, en fin, de que la prioridad otorgada al gasto militar, en un horizonte de tensiones en alza, supone destinar cantidades crecientes de recursos a un sector que se alimenta de la quema de combustibles, muy contaminante, responsable de una parte sustancial del cambio climático. Si algunos confiaban en que la pandemia abría una ventana de oportunidad para la implementación de políticas destinadas a reducir el calentamiento global, la deriva militarista cierra a cal y canto esa ventana.