Antonio Diéguez

Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia. Universidad de Málaga

Los debates de estos días sobre la política de becas han sido sumamente ilustrativos, porque han puesto de manifiesto el modelo social que hay en la mente de los políticos de la derecha y de sus portavoces. La idea que repiten una y otra vez, y que desgraciadamente cuenta con bastante aprobación pública, es que las becas son un gesto generoso y sacrificado que tiene la sociedad con determinados alumnos y que estos deben corresponder haciendo el máximo esfuerzo por merecerlas.

Para ver por qué esta es una posición mucho menos defendible de lo que aparenta habría que empezar por plantear el asunto con toda su amplitud. Creo que en esto, a grandes rasgos, solo hay tres posibilidades:

1) En un modelo liberal extremo, las universidades deben estar al servicio de quien pueda pagarlas. En la versión más radical, solo debería haber universidades privadas, puesto que las públicas exigen el pago de impuestos y hacen la competencia a las privadas. Pero si hay públicas, éstas deben cobrar tasas a todos los alumnos. Podría favorecerse, eso sí, que se pusiera a disposición de los alumnos préstamos a bajo interés que irían devolviendo una vez conseguido un trabajo al finalizar los estudios. La idea central en todo caso es que el Estado tiene aquí poco o nada que hacer y que los servicios hay que pagarlos porque, en caso contrario, no se valoran lo suficiente. Nada es gratis, como se viene repitiendo últimamente.

2) El modelo que podríamos llamar “caritativo”, que es el que teníamos en tiempos de Franco. Según este modelo, que es el que parece querer imponer de nuevo el ministro, debe haber universidades públicas y privadas para quien pueda pagárselas, pero dichas universidades, o el Estado, para no desperdiciar capital humano, pueden becar a cierto número de alumnos sin recursos suficientes, siempre y cuando obtengan una nota por encima de cierto valor a establecer en cada caso. Las becas son un premio para el talento de los pobres. En la práctica esto significa que el alumno que pueda pagarse la universidad continuará sus estudios siempre que apruebe cada asignatura, mientras que el alumno que no pueda pagársela tendrá un listón más alto para seguir en el sistema. Este es un modelo más civilizado que el anterior, pero, en mi opinión, sigue siendo insuficiente. Si una universidad privada quiere discriminar de esa manera a los alumnos, allá ella; pero el sistema público de universidades (sustentado con los impuestos de todos) no debería haber exigencias distintas para continuar los estudios dependiendo de las posibilidades económicas de los alumnos.

3) El modelo que ve en la becas un instrumento de igualación social. Según este modelo, que es el que después de muchos esfuerzos habíamos conseguido en este país, todo alumno capaz de aprobar los estudios universitarios (incluyendo, por supuesto, los de postgrado, que, se diga lo que se diga, son los que abren realmente las puertas del mercado laboral) tiene derecho a realizarlos, siempre que lo desee y muestre la cualificación para ello (la misma cualificación exigida a todos), y su situación económica no debe ser un impedimento para conseguir ese fin en el sistema público. Dicho brevemente, para “merecer” una beca bastan dos cosas: estar por debajo de una determinada renta familiar e ir aprobando las asignaturas cursadas.

El modelo tercero, pese a ser el más justo, tiene muy mala prensa, sobre todo porque tiene enemigos muy potentes: todos los que creen que intentar mejorar la situación social de los menos favorecidos a costa de sus impuestos es el equivalente a un robo o, en el mejor de los casos, a un despilfarro intolerable; todos los que piensan que dejando fuera del sistema educativo a los que no son capaces de sacar un 6,5, la calidad de dicho sistema mejora por esa misma razón; todos los que sostienen que mantener en la universidad un gran número de becarios es conducirlos al paro (ignorando que la probabilidad de que un joven no encuentre empleo es mucho mayor si no tiene estudios universitarios); todos los que piensan, en fin, que hay mejores cosas a las que dedicar el dinero público que a la educación.

Desde el punto de vista del modelo tercero, las becas no son una dádiva del Estado ni un premio a los mejores estudiantes. Las becas son un instrumento para la igualdad social y la redistribución de la riqueza que trata de evitar una de las peores injusticias que puede darse en un país democrático: que el sistema público de educación tenga abierta posibilidades que solo son accesibles a los alumnos con mayor poder adquisitivo. Por eso cualquier nota de corte para acceder a ellas que no sea el mero aprobado es injusta. Significa que con el dinero de todos se permitirá que alumnos acomodados tengan posibilidades negadas a otros. Supongamos que se pone la nota de corte tan solo en un 6. Habrá entonces alumnos que puedan pagar sus estudios y obtener un título entre el 5 y el 6, y, por ende, podrán acceder a la profesión correspondiente, mientras que los alumnos que no puedan pagarse los estudios, no tendrán abierta esa opción, ya que no obtendrán la beca que se lo permitiría.

La cuestión no es, pues, si un alumno que no es capaz de subir del 5 se merece la generosidad del Estado. La cuestión es si una sociedad democrática puede permitir que haya espacios en la educación pública reservados sólo para quien pueda pagárselos. En España los hubo durante mucho tiempo, pero habíamos conseguido dejar atrás esa situación.