Los primeros golpes en lo que se refiere a la conciencia medioambiental que recuerdo son unas pegatinas. Estaban por todos lados: en los baños públicos, en los aseos de las casas de mis amigas y en el colegio. Eran dibujos de grifos, bañeras o duchas y en todas ellas se nos recordaba lo importante que era no despilfarrar el agua.

Era principios de los 90 y se hicieron largos aquellos años de sequía. Entre el año 1991 y 1995, doce millones de personas sufrieron las restricciones al consumo de agua. Se llegó a limitar el consumo de agua en un 30%. En el año 1995, seis capitales andaluzas, entre ellas la de mi provincia Jaén, padecieron cortes o recibieron suministros de baja calidad. De aquellas pegatinas y de aquellos miedos, a mi generación nos quedaron secuelas: hay que mirar por el agua.

Hoy, 30 años después, vivimos una situación muy delicada debida a los escasos recursos hídricos tras un año de sequía duro. Los embalses vuelven a estar en mínimos históricos y han empezado los problemas con los suministros. La diferencia con los años 90 es que los planes que se impulsaron entonces están amortiguando los efectos de hoy.

Y es justo en la idea de “plan”, la idea de planificar, la clave de la estrategia para una transición ecológica justa. Planes para proteger los recursos naturales, planes para transformar los sistemas de producción de energía en sistemas de energías limpias y planes para asegurar la perdurabilidad de todas las fuentes de recursos naturales.

Cuidar de los recursos naturales no es una cuestión de compromiso, es un deber. Un deber de la ciudadanía y las instituciones que los Estados deben regular. Los recursos naturales son limitados y su escasez provoca enfermedades, desigualdad y pobreza, efectos que sufrimos quienes vivimos hoy y que sufrirán quienes vivan mañana.

La sostenibilidad medioambiental implica no poner en riesgo los recursos naturales de las generaciones venideras. En principio esta definición apela a la generosidad con los que nos sucederán en sociedades futuras pero en mi opinión no podemos dejar la generosidad solo para los generosos. Porque no implicarse en esta batalla contra la emergencia climática es un acto de irresponsabilidad con consecuencias devastadoras para todos y todas.

Es un acierto que la nueva ley de educación, la LOMLOE, haya introducido por primera vez referencias a la Educación para el Desarrollo Sostenible y la Educación para la Ciudadanía Global, reflejadas en la Agenda 2030 de la ONU. Incluso en el apartado de "Principios", en el artículo 1, se incluye expresamente "La educación para la transición ecológica con criterios de justicia social como contribución a la sostenibilidad ambiental, social y económica". Crear conciencia medioambiental y sensibilizar contra el cambio climático es el mejor antídoto en la lucha contra la emergencia climática.

La política en materia de transición ecológica llevada a cabo por el Gobierno de España y liderada muy personalmente por el presidente Pedro Sánchez y la ministra Teresa Ribera, es una excelente oportunidad para convertirnos en referencia internacional. España ha defendido en Europa medidas acometidas en nuestro país impulsando así un modelo mejor para toda la Unión, un modelo de transición ecológica justo, dirigido a toda la ciudadanía pero que beneficia especialmente a la clase trabajadora. El modelo que el Gobierno de España sostiene con convicción pasa por la reforma y la intervención del mercado eléctrico o el impulso decidido por las energías renovables, pero también pasa por medidas para redistribuir entre la clase trabajadora los beneficios del sector como ocurre con el gravamen a las grandes empresas energéticas.

La cuestión medioambiental es también una cuestión social. La ONU afirma que la degradación del medio ambiente tiene efectos muy graves para todos los seres humanos pero afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad. Según el informe Género y Cambio Climático. Un diagnóstico de situación elaborado por el Instituto de las Mujeres “olas de calor y frío, la subida de la cota del mar, la falta de calidad del aire, el aumento de alergias y enfermedades respiratorias, son consecuencias que influyen cada vez más en la población española, pero afectando particularmente a la más vulnerable y desfavorecida: las personas con menores ingresos, que viven en viviendas peor acondicionadas, que encabezan hogares con un solo progenitor, que adolecen de pobreza energética, etc., perfiles donde las mujeres suelen ser mayoría.” También en este estudio se hace referencia al Informe España 2018 respecto al impacto social del cambio climático de la Universidad Pontificia de Comillas (Pardo y Ortega, 2018): “No es el acontecimiento físico (las inundaciones) el que por sí solo determina quién gana y quién pierde. Son las reacciones políticas, las interpretaciones sociales, los discursos de análisis, entre otras cuestiones sociales, las que producen, reproducen y amplifican las desigualdades sociales”.

Las respuestas para contener la emergencia climática están en las políticas públicas de transición ecológica pero también lo están en el feminismo porque sin la perspectiva igualitaria entre mujeres y hombres no habrá justicia ni social, ni medioambiental.