Eduardo Garzón Espinosa

Miembro de la Fundación Europa de los Ciudadanos (IU)

Carlos Sánchez Mato

Concejal de Economía y Hacienda de Madrid y Concejal de Vicálvaro por Ahora Madrid

Esther López Barceló

Directora del Gabinete de Economía y Hacienda en Madrid

Parece evidente que la polarización de la precampaña electoral ha dejado fuera de juego a Ciudadanos. Los que pretendían presentar su opción como una alternativa capaz de superar al Partido Popular y PSOE, se conforman ahora con ser el elemento dúctil y maleable capaz de pactar a un lado y otro del turnismo tradicional a cambio de “un programa de reformas que frene al populismo de la formación de izquierdas: Unidos Podemos”. Sin embargo, su estrategia para frenar ese supuesto populismo es una disparatada carrera de despropósitos con el único objetivo de lograr notoriedad a cualquier precio, incluso a costa de su credibilidad.

Para muestra, un botón: en el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid, celebrado el 25 de mayo de 2016, el grupo municipal Ciudadanos presentó una proposición sobre Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ya saben ustedes que es un impuesto local que grava el valor de la titularidad sobre bienes inmuebles localizados en el municipio que es quien recauda el tributo.

Pues bien, en dicha proposición se puede leer lo siguiente: “Se propone que se establezca como tipo de gravamen para el ejercicio 2017 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para los bienes de naturaleza urbana, el del 0,47%”.

Ahora, pasamos a desmontar punto por punto esta propuesta:

.Procedimiento equivocado: con esa iniciativa, Ciudadanos no estaba cumpliendo los procedimientos establecidos para proponer medidas tributarias del presupuesto del ejercicio siguiente. Para hacerlo, en rigor, deberían haber leído el artículo 48 de la Ley de Capitalidad que regula la tramitación de las proposiciones en materia de ordenanzas, que establece que las propuestas de esta naturaleza deben aprobarse primero en Comisión de Economía y Hacienda, acompañándolas de una memoria económica, ya que la modificación de cuestiones relativas a tributos conllevan un impacto económico para las arcas municipales, cuyas consecuencias es preceptivo analizar adecuadamente antes de ser debatidas.

A pesar de ello, el gobierno de Ahora Madrid, facilitó la adecuación de la proposición a nivel técnico para garantizar que pudiera ser debatida en el Pleno.

.Para determinar la base imponible del IBI, se toma el valor asignado por el catastro según las distintas valoraciones y actualizaciones que se llevan a cabo por este organismo. Una vez, la ley de Haciendas Locales, fija unos tipos de gravámenes mínimos y máximos para cada inmueble en función de la clasificación que tenga el bien y de la tipología de municipio en la que se encuentre enclavado. Actualmente, el tipo general en Madrid es del 0,51%, y existen además varios tipos diferenciados a partir de un determinado valor catastral sobre inmuebles de uso especial (industrial, comercial, deportivos, etc), que oscilan entre el 0,931% y el 1,135%.

Pues bien, dado que el texto registrado por Ciudadanos no hacía distinción por tipos impositivos, la única lectura rigurosa y literal de la proposición exige la reducción del tipo de todos los inmuebles al 0,47%. Es por ello, que en el desarrollo del Pleno, Ahora Madrid puso de manifiesto que, según la estimación de la Agencia Tributaria de Madrid, esa medida tendría un efecto económico de pérdida de 303,2 millones de euros en la recaudación del Ayuntamiento de Madrid. Es decirse perdería para las arcas municipales una cantidad extraordinariamente elevada que alcanza prácticamente el montante del presupuesto ordinario de inversiones de la ciudad durante 2016. El grupo de Ciudadanos contestó alegando que la pérdida de la recaudación era mucho menor, del orden de 70 millones de euros, sin ser conscientes de que se referían a una reforma del IBI (reducción de únicamente el tipo general) diferente a la que se desprendía de la literalidad del texto registrado en el Pleno del ayuntamiento. Por eso exigimos rigor a Ciudadanos especialmente en su propuesta económica, ya sea a nivel municipal o a nivel estatal, porque las consecuencias de su derroche populista eliminan la posibilidad de tener debates con la seriedad que estos asuntos merecen.

No obstante, errores u omisiones interesadas aparte, lo que esta formación política parece no entender es que el problema no es si el Ayuntamiento tiene capacidad suficiente para permitirse una pérdida de ingresos tan importante como la que plantearon -303 millones de euros- o una inferior que ahora propongan, de 70 o de 10. El obstáculo es de carácter legal, y en última instancia, político, y es la norma de Techo de Gasto (o límite de gasto no financiero) para Corporaciones Locales recogida en el artículo 30 de la Ley 2/2012 Orgánica de Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, diseñada y aprobada por el Partido Popular estatal y defendida por el grupo municipal de Ciudadanos. En el primer apartado del citado artículo se puede leer: “El Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales aprobarán, en sus respectivos ámbitos, un límite máximo de gasto no financiero, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de recursos de sus Presupuestos.” Es decir, se trata de una norma que obliga a adecuar los gastos a los ingresos previstos del ejercicio, de forma que a mayores ingresos estimados, mayor gasto, y al revés: a menores ingresos estimados, menor gasto.

En consecuencia, si realizásemos la propuesta de reducción del tipo del IBI, tendríamos menos ingresos estimados y por lo tanto tendríamos que recortar el gasto público en una cuantía aproximada a la que se reducirían los ingresos estimados (ya fuesen 300 o 70 millones de euros) para poder cumplir con el techo de gasto de la ley diseñada y aprobada por el Partido Popular y defendida por Ciudadanos. Ésta es la clave del problema: que no podríamos reducir el IBI sin reducir el gasto público en una proporción similar. Y es ahí donde la falta de rigor y de coherencia tanto de Ciudadanos como, por supuesto, del Partido Popular alcanza sus más altas cotas. ¿Qué partidas quieren recortar? ¿Acaso políticas sociales o salarios de los empleados públicos? ¿Reducirían inversiones o anularían la política cultural?

Lanzar el mensaje del miedo a los “populismos” y realizar propuestas desprovistas de los más elementales vestigios de coherencia no cuadra mucho. No se puede proponer una reducción de la recaudación y al mismo tiempo defender una normativa que obliga a recortar gasto si se reduce la recaudación sin dejar claro qué servicios públicos o competencias municipales quieren dejar sin financiación. No se puede sorber y soplar al mismo tiempo.

Tenemos una oportunidad histórica para eliminar los corsés legales que asfixian las políticas municipales. Pero solo será posible si en las elecciones del 26 de junio las fuerzas del cambio real agrupadas en torno a Unidas Podemos desmontamos las perversas estrategias del miedo basadas en la mentira y la ausencia de rigor que encarnan Ciudadanos y Partido Popular. En nuestras manos está defender desde la solvencia y el compromiso con la justicia social una verdadera opción de cambio a nivel estatal que nos permita seguir transformando nuestras ciudades en espacios acogedores, habitables e igualitarios.