En febrero de 2012, el Gobierno, en aquel entonces presidido por Mariano Rajoy y con mayoría absoluta para hacer y deshacer a su voluntad, decidió aprobar una reforma laboral que modificaba sustancialmente el sistema de relaciones laborales vigente en España desde la transición democrática.

La reforma produjo una liberalización sustancial del despido. Los despidos colectivos a través de EREs dejaban de estar sujetos a la autorización administrativa previa y ya ni las Comunidades Autónomas ni el Gobierno podían impedir los despidos masivos. Las compensaciones por despido objetivo fueron reducidas sustancialmente. Se crearon contratos sin derecho a indemnización por despido y se permitió el despido por faltar al trabajo cuando el trabajador estaba enfermo (sobre este tema ya he tenido ocasión de reflexionar). Además, se produjeron otras lesiones de los derechos económicos de los trabajadores. No alargaré la nómina para no aburrir.

No obstante, lo verdaderamente importante es que el Gobierno de la época introdujo un cambio trascendental al sistema de negociación colectiva. Por una parte, eliminó lo que se conocía como ultra-actividad de los convenios colectivos, de forma que los convenios ya no se mantendrían vigentes hasta que fueran renovados y dejaban de estar en vigor si no se renovaban. De esta forma solo era necesario que la patronal se negara al acuerdo para eliminar los derechos de los trabajadores acumulados durante décadas. Por otra parte, estableció que los convenios de empresa se anteponían a los convenios nacionales, provinciales y de sector, de forma que ahora jugando con la necesidad de los trabajadores en la pequeña y mediana empresa se les podía obligar a firmar un convenio de empresa con condiciones peores a las del sector, del general o de la provincia.

Jaleada por el liberal De Guindos, la ministra Fatima Bañez, ahora recién fichada para el patronato de la Fundación CEOE, asumió la reforma como propia del Gobierno, y la patronal hizo mutis por el foro escondiéndose tras un acuerdo salarial que muy convenientemente habían firmado con los sindicatos justo antes de la aprobación sorpresiva de la reforma. Aunque a Rosell, como era habitual, se le fue algo la lengua y sacando pecho dijo eso de “Nosotros sólo hemos explicado lo que había que hacer, con el ejemplo de lo que hay en otros países”. Por supuesto, la CEOE no hizo aspavientos por una reforma laboral sin su acuerdo formal y se limitó a pedir lo único que el Gobierno no había aceptado, la rebaja de las cotizaciones a la Seguridad Social. Los sindicatos, reaccionaron con tranquilidad, nada de lo que hace ahora la CEOE, y acudieron a la llamada de la Ministra, que les explicó lo inexplicable en el Ministerio. Finalmente hubo una huelga general y la derogación de la reforma pasó a formar parte de la demanda sindical.

Esa reforma que ahora algunos denominan grandilocuentemente “modelo laboral español” es una una reforma unilateral, que solo ha estado vigente 8 años y que consistió en limitar la negociación colectiva y del papel de los sindicatos más allá de las grandes empresas y que fue impuesta por un gobierno que la negoció sottovoce con la CEOE. Esa reforma laboral rompió el acuerdo constitucional de otorgar a la negociación colectiva un papel fundamental en la economía y acabó de un plumazo con más de 40 años de un sistema que había superado crisis económicas y crisis políticas y para el que, por mucho que lo han intentado, nadie ha podido demostrar que disminuya el crecimiento económico y las posibilidades de empleo.

La realidad es que el Gobierno de Rajoy y la CEOE aprovecharon la crisis económica, que se encontraba en pleno apogeo por el “austericidio”, para dar un paso decisivo en la reinstalación unilateral del sistema liberal presindical, propio de comienzos del siglo XX. Eliminando la virtualidad de los convenios colectivos intentaban destruir el poder de negociación de los sindicatos y con ello el de los trabajadores, siguiendo el método que aplicó Thatcher en Gran Bretaña en los años 80 del siglo pasado.

La reforma fue puesta en práctica con el apoyo decidido de la Comisión Europea, que una vez tras otra recomendaba eso que los liberales denominan “flexibilización del mercado de trabajo”, a través de ese cuerpo etéreo llamado “reformas estructurales”, con el fin reducir los salarios, lo que eufemísticamente llaman “deflación salarial”, mediante el sometimiento de los trabajadores/as con la amenaza constante de despido y la ausencia de defensa sindical.

Los liberales, que dominaban y aún dominan el Ecofin y gran parte de la Comisión, tienen la creencia de que su sistema de mercado libre puede generar un equilibrio permanente a largo plazo y que los desequilibrios a corto plazo se eliminan permitiendo los ajustes automáticos de precios y salarios. En ese sistema de ajuste automático, las regulaciones y los sindicatos son estorbos que lo único que hacen es retrasar el ajuste inevitable de los salarios a la baja e impedir el pleno empleo.

Sin embargo, la realidad es que el ajuste automático liberal hacia el pleno empleo es pura ficción económica. La realidad es que la economía de mercado no intervenida produce procesos deflacionarios que reducen drásticamente la demanda agregada, hundiendo las economías en crisis depresivas sucesivas y recurrentes (el siglo XIX y el primer tercio del XX están llenos de ellas) que llevan a los trabajadores a la pobreza y con ello a posiciones antisistema, como ya advertía Keynes hace un siglo.

Existen por tanto dos claras razones para derogar la reforma laboral. La primera razón es que la teoría económica que aprovecharon los creyentes liberales para fundamentar la reforma es errónea. La academia y las principales instituciones económicas, entre ellas algunas nada sospechosas como el FMI, el Banco de Inglaterra o la Reserva Federal, aceptan ya que las crisis económicas depresivas no se solucionan automáticamente mediante la reducción salarial, sino todo lo contrario, que la reducción salarial hace que la crisis se haga más profunda y duradera. Esa es la razón para que, salvo iluminados, todas las instituciones y gobiernos defiendan ahora, durante la crisis por Covid-19, que las rentas de los trabajadores y autónomos y su empleo se mantengan mediante políticas de protección. Todo lo contrario a promover la deflación salarial. Ya han aprendido que la estabilidad económica requiere mantener el nivel de empleo y unos salarios que permitan mantener el consumo.

El modelo de mercado de trabajo equilibrado y pactado contribuye a esta concepción económica, que no hace otra cosa que devolver la ortodoxia económica a la situación previa al neoliberalismo que temporalmente se impuso a partir de los 90 del siglo pasado. El experimento ha resultado fallido y todos los economistas lo sabemos, aunque haya quien no quiera reconocerlo. En esa ortodoxia económica que nunca debió perderse, la protección sindical de los trabajadores es un elemento esencial de la estabilidad económica, como siempre defendieron los economistas institucionalistas americanos. Es por eso por lo que la reforma laboral debe ser derogada ya que los sindicatos y la negociación son elementos fundamentales para proteger los salarios y con ello garantizar el mantenimiento de la demanda agregada.

Pero hay una segunda razón. Una razón política muy simple, hay que aplicar la ley del talión. Es la única forma de que la CEOE y el PP aprendan que lo mismo que se hace se deshace. Si no hay acuerdo e imponen reformas laborales que vayan contra la esencia del sistema de pacto, esas reformas durarán exactamente lo que duren sus gobiernos. Traducido a la inversa en forma de incentivo: si de verdad quieren cambiar el sistema de negociación colectiva lo que hay que hacer es pactar los cambios con los sindicatos, no intentar imponerlo. Esta razón política es la que justifica que la derogación deba ser completa. La CEOE debe aprender que a rio revuelto no va a haber ganancia de pescadores y que volverá a la casilla de salida siempre que intenten ese tipo de aventuras. Es elemental, pues si no se hace así volverán a repetirlo porque habrán obtenido ganancias de esa forma de actuar.

La CEOE tiene el problema de que el beneficio a corto plazo les nubla la vista y no les permite ver que la existencia de este sistema negociado de relaciones laborales, incluyendo unos sindicatos fuertes, ha hecho más por la supervivencia de la libertad de empresa y la economía de mercado que todos sus gobiernos del siglo XX. Para que lo vean hay que aclararles la visión.

En cuanto a las discrepancias internas del Gobierno es una cuestión completamente menor. Todas las posturas son conciliables. Es perfectamente posible tramitar dos leyes simultáneas, una de derogación completa de la reforma, en forma de proposición de ley a la que se sumen los grupos que lo deseen, como ya tramitó el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados en 2016 y como recogen las resoluciones de su 39 Congreso Federal, y otra en forma de Proyecto de Ley del Gobierno, derogando parcialmente la reforma en lo que no había acuerdo entre patronal y sindicatos. Las dos podrían fusionarse en su tramitación y a otra cosa, que los retos para la reconstrucción de la economía tras la pandemia son muy grandes.